La deuda puede provocar crisis política

La deuda panameña está creciendo a una velocidad que para la mayoría de los observadores pronto nadie podrá controlar. El actual gobierno – y sus asesores en Wall Street - sostiene que la deuda no constituye un riesgo en la medida en que la economía (medido por el producto interno bruto) crece a un ritmo igual o superior. Ambos crecen a una tasa anual del 10 por ciento. Obviamente, cuando la economía se desinfle y deje de crecer, Panamá ya no será un cliente interesante para los prestamistas. Nadie nos querrá prestar. Lo que no consideran los ideólogos incrustados en los puestos gubernamentales  es que el país quedará trabado con una deuda gigantesca cuyo ‘servicio’ no se podrá pagar.

En el último lustro ha llegado a Panamá una inversión de capital muy fuerte. El mismo ha sido básicamente en el sector especulativo de la construcción, turismo y la banca. También se han hecho inversiones en el sector energético (represas hidroeléctricas) y en la minería. La mayor parte de esa inversión se realiza bajo la forma de capitales que entran y salen, sin mayores controles financieros (y menos políticos). La banca panameña cuenta con una cartera de casi 90 mil millones de dólares. La plaza bancaria panameña se ha duplicado en menos de una década. El año pasado creció en un 10 por ciento.

El proceso descrito es llamado una “burbuja”. Sobre la base de un ciclo favorable de crecimiento el gobierno se abre - de par en par - a los negocios sin contemplar su viabilidad a mediano y largo plazos. Cuando el ciclo toma una dirección descendiente el país se queda varado como un barco cuando es atrapada por la marea baja. Este fenómeno es muy conocido por Panamá que lo ha experimentado a lo largo de su historia. Combinado con el mal manejo de la deuda (externa e interna) que ha adquirido el gobierno panameño, especialmente en los últimos años, puede conducir el país a una guerra civil. Veamos por qué.

Según algunos autores que escribían cuando el capitalismo conoció su época dorada (1948-1973) y crecía a escala global, la deuda y la inflación son maneras de retardar y resolver temporalmente conflictos sociales. El endeudamiento era una necesidad ante la falta de políticas que impulsaran un crecimiento sostenible y productivo ¿Puede Panamá hacer eso?

En el caso de Panamá, la nacionalización del Canal (en 2000) y los crecientes ingresos (de 2001 hasta el presente) de su operación han creado un globo especulativo espectacular. El crecimiento del PIB en el último lustro le permitió a Martinelli endeudar al país a un ritmo de mil millones de dólares al año. En la actualidad, la deuda supera los 14 mil millones de dólares. El gobierno tiene que pagarle anualmente a sus acreedores más de mil millones de dólares en intereses. Lo equivalente al presupuesto nacional de educación (que atiende en forma deficiente a 800 mil estudiantes panameños). 

La deuda de $14 mil millones no incluye los contratos "llave en mano" que ha firmado Martinelli por otra suma de 3.4 mil millones de dólares. La deuda totalizaría 18 mil millones de dólares. Hay quienes ven una luz al final del túnel al señalar que la deuda interna se duplicó para colocarse ya en 3 mil millones de dólares. En realidad, esto significa que ante una recesión la debacle de los inversionistas locales será aún más dura. A pesar del banquete y del baile de gala que celebran los especuladores actualmente, el gobierno de Martinelli acaba de anunciar que necesita a corto plazo otros 700 millones de dólares para balancear el presupuesto nacional.

Al término de la expansión del Canal - calculado entre 2014 y 2015 - se desinflará el globo y Panamá tendrá dificultades para pagar las deudas. Todas las inversiones que ha realizado Martinelli son de servicios, no generan riqueza ni empleos productivos. Las carreteras se pagan si transportan mercancías y trabajadores. Igual, las avenidas, calles y Metro en la ciudad de Panamá. En una recesión no hay producción de mercancías y menos comercio.

Entonces se hablará de austeridad. ¿Para quién? ¿Otra vez los trabajadores? Estos han sido despojados de todo y no tienen con que seguir siendo victimizados.

Hay voces que hablan de una posible salvación: La explotación de la mina de cobre en Petaquilla que rendirá varios miles de millones al año. Pero sólo le dará al fisco el 4 por ciento en concepto de impuesto. Esa participación del gobierno representaría 100 millones de dólares al año. Incluso menos, si First Quantum (nueva propietaria de la empresa Panama Cobre) sale con la suya de incrementar al máximo las ganancias que se llevarán al extranjero. 

La otra apuesta de los especuladores que gobiernan actualmente al país es la mina de Cerro Colorado, en la Comarca Ngobe-Buglé. Si el mercado de metales preciosos se sostiene esta mina podría duplicar los ingresos que generaría Panama Cobre en Petaquilla. El efecto político de esta iniciativa, sin embargo, sería una guerra civil y la probable pérdida del poder político de la clase rentista que controla desde hace 20 años el gobierno. 
18 de abril de 2013.

 

Escuadrón de la muerte asesina a ngobe

El trabajador ngobe Onésimo Rodríguez fue asesinado la semana pasada en Volcán, Chiriquí, por un escuadrón de la muerte. Aparentemente, la banda asesina opera en la región para amedrentar a los miembros del pueblo ngobe que protestan contra la construcción de la represa Barro Blanco. Obra que se construye ilegalmente en la comarca Ngobe-Bugle en la serranía del Tabasará.

Rodríguez formaba parte de un grupo de cerca de 200 trabajadores ngobe que llevó a cabo una manifestación de protesta contra la represa hidroeléctrica de Barro Blanco, en Las Nubes, entre Cerro Punta y el pueblo de Volcán. Fue una protesta pacífica en solidaridad con sus hermanos en la comarca. Los productores agrícolas de las tierras altas chiricanas emplean casi exclusivamente mano de obra ngobe. Hace décadas los campesinos chiricanos no trabajan en las fincas que explotan el café, lechuga y otros productos agrícolas. Fueron reemplazados por los trabajadores indígenas que ganan un salario muy inferior.

Después de la protesta de solidaridad de los ngobe, el grupo se dispersó pacíficamente. Algunos regresaron a las fincas donde trabajaban y otros tomaron distintos caminos. Rodríguez junto a un compañero fueron a buscar un medio de transporte. Mientras esperaban en una parada de autobús, cuatro hombres se presentaron con máscaras de esquí. Se llevaron a los dos manifestantes y los golpearon con barras de hierro y palos.

Rodríguez , después de recibir la golpiza, fue arrojado a un arroyo cercano. Lo encontraron a la mañana siguiente, muerto. La otra víctima del ataque sobrevivió. Su identidad, según se informó, está siendo protegida por su seguridad.

Según voceros ngobe, las operaciones de “este tipo de grupo de exterminio no es nuevo en América Latina. Sin embargo, no se había visto en Panamá o en la región occidental del país hasta el momento”. Aseguraron que la manifestación pacífica realizada en Las Nubes es  “parte de la lucha indígena panameña para proteger sus tierras”.

La comunidad ngobe está indignada por el acto de violencia. Más aún, los ngobe están alarmados por la falta de interés por parte de las autoridades para investigar el crimen. Según una persona que participó en la manifestación de protesta, el asesinato es una provocación abierta al pueblo ngobe. Además, es un intento de los sectores interesados en asustar a los trabajadores ngobe y a sus familias para que dejen de protestar contra la construcción de la represa. La obra es propiedad de una sociedad panameña-hondureña y financiada por un banco del gobierno holandés, el FMO, y otro alemán, el DEG.

Las tácticas de terror lo que hacen, sin embargo, es redoblar la determinación de los ngobes para defender sus tierras. En estos momentos, el estado de ánimo de los ngobe es de avanzar con prudencia a la espera de escuchar las propuestas del gobierno nacional. Los dirigentes ngobe saben que los intereses asociados a las represas son las mismas que tienen vínculos a las grandes trasnacionales mineras que quieren explotar el subsuelo panameño. Ambos, a su vez, tienen fuertes nexos con personeros de los gobiernos panameños actuales y del pasado. Las acciones de los escuadrones de la muerte sólo unen más a los ngobe.

La sociedad panameña se pregunta si habrá más protestas en las tierras altas y en las carreteras.  Si el gobierno insiste en apoyar a los especuladores que construyen represas en los ríos de la comarca ngobe, no cabe la menor duda de que los enfrentamientos continuarán y, probablemente, se incrementen.

El gobierno actual tiene poca experiencia y pericia en materia represiva y desconoce las relaciones de producción en la provincia de Chiriquí. Los jefes militares tampoco han hecho un estudio de la capacidad de resistencia de los ngobe. Las fuerzas armadas y el Ministerio de Seguridad Puública cuentan el número de armas que tienen los ngobes y las comparan con los equipos sofisticados que ellos manejan. Sobre la base de esos cálculos llegan a la conclusión de que pueden derrotar cualquier protesta indígena. Los asesores militares norteamericanos, que trabajan sobre el terreno, tienen un plan de contingencia para destruir militarmente lo que llaman la “insurrección indígena y campesina” en Panamá.

Lo que no entienden el gobierno (porque no quiere), los militares locales y norteamericanos, es que los ngobe son la principal fuerza de trabajo en las tierras altas de Chiriquí desde hace 40 años. Además, son los trabajadores de las fincas bananeras desde hace 50 años. También son los que levantan la zafra en los cañaverales de cuatro provincias y cosechan los arrozales. Si los gnobes son reprimidos todas esas actividades serían paralizadas por falta de mano de obra. Los personeros del gobierno y sus socios pueden privilegiar en esta coyuntura la inversión minera. Pero los productores agrícolas de cinco provincias serían los que perderían la batalla. Las políticas del gobierno sólo perjudican el país.

Onésimo Rodríguez, muerto en la comunidad de Las Nubes, víctima de un escuadrón de la muerte, es el mensajero de un pueblo explotado que defiende sus tierras. Su mensaje es alto y claro: Como él hay muchos más dispuestos a sacrificar sus vidas por la integridad de sus familias, comunidades y cultura.

11 de abril de 2013.

Nueva ley vendería las fuentes de agua

El proyecto de ley Nº573 que pretende reformar la producción y distribución del agua potable reposa en la Asamblea de Diputados desde fines de febrero de 2013. El proyecto está lleno de ambigüedades y contradicciones que hace sospechar que tiene un objetivo muy ajeno a los mejores intereses de los hogares de casi un millón de consumidores panameños. Según el artículo 3 del proyecto de ley, el agua puede considerarse un bien público y también puede considerarse todo lo contrario. El artículo del mencionado proyecto dice textualmente que “el agua pertenece al Estado y éste establecerá las políticas para su uso y explotación”. También dice que “fijará las prioridades para la explotación y uso de este recurso”. Agrega que “la (nueva) Autoridad del Agua podrá desarrollar las actividades que sean necesarias para la protección de aquellos recursos hídricos que sirven de fuente de agua cruda para el suministro de la población”. Significa que la Autoridad podrá ceder en concesión o enajenar las fuentes de agua cruda. En otras palabras, no se privatizará el IDAAN o el ente que la reemplace. Sin embargo, se podrá privatizar las fuentes de agua en las cabeceras de los ríos.

El IDAAN o la nueva Autoridad compraría el líquido proveniente de las fuentes de agua. El proyecto de ley que está a la espera de su debate también sugiere que la distribución del agua puede ser externalizada. En la actualidad, entidades gubernamentales externalizan sus actividades a empresas de confianza que son registradas días antes exclusivamente para recibir la concesión.

En el artículo 2 del proyecto se divide el servicio de abastecimiento de agua potable en dos partes. Por un lado, todo lo referente a la producción de agua potable. Por el otro, la distribución del agua. La producción tiene tres fases. La primera fase comienza con “la captación de aguas superficiales o subterráneas”. La segunda continúa con “la potabilización del agua cruda”. La tercera fase se refiere a “la conducción principal de agua cruda o tratada, hasta los límites de las áreas de consumo”. La cuarta fase – correspondiente a la distribución - consiste en “la conducción del agua dentro de las áreas de consumo, hasta la entrega en el inmueble del cliente”. Por último, la quinta fase se refiere a “la comercialización del agua a los clientes”.

El proyecto de ley incluye en esta fase de la distribución una mención especial a la “distribución de agua potable a través de cisternas y otros”. Es decir, el gobierno a través del proyecto de ley en forma irresponsable no tiene intenciones de poner fin a esta práctica resultado de urgencias sociales con un buen plan para que todos los hogares del país tengan acceso al agua potable dentro de las paredes de su vivienda.

En total, el abastecimiento de agua tiene 5 fases. En el pasado reciente, 4 de estas etapas no han podido ser convertidas en actividades lucrativas. La segunda fase correspondiente a la ‘potabilización’ – mencionada más arriba - requiere de un servicio permanente de mantenimiento técnico. Cuando se sacrifican aspectos vitales de este servicio para favorecer los márgenes de lucro (ganancias) se producen las crisis que la ciudad de Panamá ha conocido en forma permanente en los últimos 20 años. Los empresarios (extranjeros y nacionales) sitúan su margen de ganancia en aproximadamente un 30 por ciento. Como no pueden subir el precio del agua por la estructura del mercado local, tienden a rebajar la calidad del servicio provocando ‘accidentes’ y desabastecimiento. Como consecuencia de la falta de capacidad técnica, aparentemente los empresarios han abandonado su interés en ‘privatizar’ esta fase de la producción de agua potable.

La tercera etapa - la conducción del agua hasta los límites de las áreas de consumo - no ofrece un margen de ganancia para el sector privado. Por lo tanto no muestran interés en su privatización. La cuarta fase es un problema social que el Estado no quiere resolver. Se niega a ofrecer a todas las familias acceso al agua potable en sus viviendas. Casi la mitad de las viviendas en el área metropolitana de la ciudad de Panamá no tiene agua. Buscan el agua en ‘plumas” comunales, esperan la visita del camión cisterna o se resignan a recoger aguas de lluvia. Privatizar esta fase es un dolor de cabeza.

La quinta y última fase, correspondiente a la ‘comercialización’ es otro problema. Un porcentaje muy elevado de los usuarios – especialmente en las afueras de la ciudad - no paga el servicio debido a la pobre calidad. Externalizar la cobranza tendría un costo político muy alto.

La primera fase, que corresponde a “la captación de aguas superficiales o subterráneas”, presenta la única opción para privatizar. Es decir, vender o concesionar las fuentes de agua en las cabeceras de los ríos.

El proyecto de ley no se refiere al estudio de las fuentes de agua existentes, ni a las demandas de agua a corto, mediano y largo plazos. El proyecto de ley sólo le preocupa cómo garantizar que la producción y distribución de agua potable sea un buen negocio y genere ganancias para quienes inviertan en el sector.

4 de abril de 2013.

SINDICATOS ANALIZAN LA CRISIS CAPITALISTA

Hace un par de décadas un sociólogo norteamericano – Jeremy Rifkin - celebró el “fin del trabajo”. El triunfalismo de los neoliberales prácticamente no tenía límite. Unos años antes, Francis Fukuyama – desde sus oficinas en el Departamento de Estado en Washington - había decretado el “fin de la historia”. Para Fukuyama el fin de la historia quería decir la derrota de la clase obrera y sus pretensiones de construir un mundo mejor.

El ejemplo soviético se había hundido y ya no existía una sociedad alternativa hacia la cual la clase obrera mundial podía orientar su visión. Fukuyama y sus seguidores ‘libertarios’ no entendieron que la relación entre trabajo y capital es la variable que explica las tensiones y luchas geopolíticas y no al revés. Hace poco Fukuyama reconoció su error y ha estado tratando de enmendar sus escritos.

El filosofo norteamericano reconoce ahora que el liberalismo capitalista – en cualquiera de sus formas en que se presenta – tiene como base el trabajo humano (creador de toda la riqueza social) y su explotación por agentes (organizados en una clase social bautizada con el nombre de burguesía) al servicio de la acumulación de capital.

La crisis en la cual se encuentra sumergida el capitalismo a nivel global desde 2008 ha hecho que todos los teóricos regresen a sus cuadernos y revisen sus propuestas. Los neoliberales descubrieron que el capitalismo contiene las semillas de su propia destrucción. Para evitar su colapso terminal los capitalistas están tratando de regular las relaciones que se desarrollan dentro del mercado: la oferta y la demanda. Sobre todo, por encima de todo lo demás, para sobrevivir como sistema, están concientes que tienen que planificar las relaciones de producción capitalistas y la distribución de la riqueza entre obreros y burguesía.

Esta realidad es difícil de entenderla y aún más problemática manejarla a nivel mundial. Las luchas y los conflictos entre los propios capitalistas les impide ponerse de acuerdo. Cada sector quiere asumir la dirección del proceso de recuperación. Tanto EEUU y Europa se encuentran en una ‘recesión’ desde el estallido de la bolsa de Nueva York en 2008. No han encontrado el camino para salir de la crisis y hacen enormes esfuerzos por no caer por el precipicio. Sobreviven, en gran parte, gracias a la economía china que se ha convertido en la locomotora industrial mundial, extrayendo enormes excedentes de su creciente clase obrera. La acumulación de capital en China le permite a EEUU seguir consumiendo, a Alemania seguir exportando maquinaria y a América latina continuar exportando materias primas a Oriente para sostener sus economías cada vez más dependientes.

Para discutir esta crisis del capitalismo se realizó en Panamá el Encuentro Sindical de Nuestra América (ESNA) con la participación de importantes delegaciones obreras del continente y una amplia representación del sindicalismo panameño. Las sesiones plenarias y las comisiones tuvieron lugar en la Universidad de Panamá, donde se abordaron tres temas, 1. La crisis capitalista y sus consecuencias en la región, 2. La criminalización de las luchas sociales y la ofensiva del imperialismo en la región y 3. La unidad de acción para enfrentar la ofensiva de la derecha en la región.

El seminario fue coordinado por el PIT-CNT de Uruguay. Entre las delegaciones internacionales estaban la CUT de Colombia, la CTA de Argentina, la CTC de Cuba, la FNT de Nicaragua, la CTB de Brasil, así como el sindicato químico de la Intersindical de Campinas, Brasil, el PSCC de Centroamérica, el MSS de Puerto Rico y el UNETE de Venezuela. Por Panamá, el peso de la organización recayó en los gremios afiliados a la Federación Sindical Mundial (FSM): CNTP, encabezada por Egberto Cobos, FAT dirigida por Alberto Reyes y Fernando Falcón, el sindicato de la Coca-Cola, dirigido por Alejandro John y la FSTRP.

En el acto estuvieron presentes el candidato independiente popular a la Presidencia de la República, Juan Jované, y el dirigente del partido en formación Frente Amplio por la Democracia (FAD), Genaro López. Ambos representan expresiones de la izquierda política panameña que se preparan para las elecciones de 2014. 

La conferencia principal, sobre “La crisis capitalista”, estuvo a cargo del suscrito quien presentó al auditorio un análisis de las causas de la crisis global, la situación actual latinoamericana y los escenarios posibles para el futuro. Según el sociólogo Olmedo Beluche, “los debates durante el Encuentro se centraron en la importancia de que, ante la crisis del sistema capitalista mundial, el movimiento obrero lleve el sindicalismo "clasista" más allá de la lucha reivindicativa y se comprometa con los cambios que están ocurriendo en el continente”.

Beluche destacó las intervenciones de Gerardo González, dirigente de los funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS), perseguido por el actual gobierno, y de Julio Polanco, de UNETE-Venezuela. Este último hizo un llamado a "pensar en un sindicalismo que se convierta en la vanguardia... preparándonos política e ideológicamente  para sepultar este sistema devorador e inhumano".

Una figura que estuvo presente en las deliberaciones del seminario del ESNA fue la del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien siempre luchó contra el neoliberalismo y a favor de los derechos de la clase trabajadora.

28 de marzo de 2013.

El BID bautiza a los “vulnerables”

Las instituciones financieras internacionales anuncian todos los días el fin de la recesión global. Desde 2008, están enviando mensajes de que EEUU ya superó la crisis. Igualmente, los europeos aseguran que la recuperación ya está tomando forma y pronto se abrirá camino hacia la prosperidad. El Banco Mundial se encuentra en la vanguardia de este movimiento.

En el caso de América latina, el Banco Mundial y las demás instituciones financieras no pueden decir mucho porque todavía no entienden porque en gran parte de la región la acumulación capitalista crece y prospera. Para confundir aún más, recién publicaron un informe donde dice que ha “emergido” una nueva clase social en América latina que llama “los vulnerables”. Representa el 37.5 por ciento de los latinoamericanos (es decir, 3 de cada ocho de los habitantes de la región somos “vulnerables”).

Según la nueva calificación, el 30 por ciento de los latinoamericanos estamos en la categoría que llaman “pobreza”. Otro número igual, está en la casilla correspondiente a “clase media”. No lo dice, pero se entiende que el resto, el 2,5 por ciento, son los ricos que concentran el 50 por ciento de la riqueza de la región. En otras palabras, las dos terceras partes de los latinoamericanos viven en la pobreza (la suma de los “pobres” y de los “vulnerables”) con menos del 5 por ciento de la riqueza.

Las reuniones de los gobernantes de los países y de los bancos toman nota de esta situación pero no proponen soluciones a los problemas que crean sus propias políticas.

Durante una reunión reciente de “gobernadores” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizada en la ciudad de Panamá, se celebraron los logros alcanzados por los países de la región. Fue una mezcla de ciencia ficción, fantasía y pronósticos neoliberales (más ajustes) que compartieron los representantes de todos los países de la región con sus contrapartes de EEUU y Canadá.

Según el actual presidente del BID, Juan A. Moreno, el futuro de América latina se ve muy alentador ya que la llamada “clase media” está creciendo a tasas muy elevadas (parte de la ciencia ficción). Además, en el caso de Centro América, “muchas multinacionales están volviendo a construir fábricas y centros de servicios en Mesoamérica cuyo objetivo es abastecer no sólo a EEUU, sino a Centro y Sudamérica” (¿Moreno en el país de la fantasía?).

A pesar de este optimismo y buenos augurios, el BID recomienda austeridad y control de gastos por parte de los gobiernos (más ajustes en tiempos de auge económico). En un mensaje que se dispara en varias direcciones, en forma simultánea, el informe aprobado por la Asamblea del BID pide, por un lado, más “ahorros” y, por el otro, “incentivos al desarrollo”. En síntesis, recortes a los ingresos de los trabajadores y aumentos a las ganancias de los capitalistas.

En la reunión efectuada en la capital panameña se respiró una atmósfera divisionista entre los gobiernos de la región. EEUU y sus socios del “Pacífico” abogaron por una mayor privatización del capital. Es decir, que los bancos internacionales canalicen los recursos de los países (producidos por los trabajadores) hacia las empresas privadas. Para ello hay que crear las empresas capaces de trabajar con los recursos del Estado. Un representante gubernamental colombiano dijo que el Estado tiene que mejorar la infraestructura. Otro mexicano dijo que el Estado tiene que financiar el acercamiento del gobierno con el sector privado. Tanto gobierno como sector privado tienen que ser más agresivos en la transferencia de los fondos de pensiones que controlan las entidades públicas hacia las empresas privadas. Se planteó que en México hay 150 mil millones de dólares depositados en fondos de pensiones que deben pasarse a manos del sector privado. Mientras tanto, otros 100 mil millones de dólares en inversiones en el sector de la construcción (infraestructura) debe canalizarse hacia el sector privado.

La Asamblea del BID informó que los dos hombres más ricos del mundo – Carlos Slim y Bill Gates - participaron mediante videoconferencias en la reunión de Panamá. Hicieron recomendaciones de cómo emularlos y convertir los recursos públicos disponibles en fuente de riqueza privada. Ambos participan, actualmente, en un programa de salud en Centro América donde los recursos de esos países son administrados por una fundación creada por los billonarios mencionados. Gates señaló a los participantes que en Centro América hay oportunidades para “combinar conocimientos financieros, regionales y de salud”  para crear más riqueza. En el informe no se mencionó los problemas de salud que crean estos programas que promueve el BID que sólo se preocupan del lado financiero (costo / beneficio).

En la reunión de Panamá, en medio de los discursos y la confusión, emergió la nueva clase social de los “vulnerables”. Los representantes de las empresas privadas participantes subrayaron la importancia de las computadoras y del empleo informal para esta nueva clase social. A su vez, los medios regionales continuaron reforzando su campaña de desinformación circulando la versión de Washington al concluir que “los países ubicados en (las riberas) del Pacífico crecen más rápido que los del Atlántico”. Algunos medios panameños agregaron – sumando confusión a la reunión del BID -  que “México ya había superado a China en los envíos de productos” (¿exportaciones?).

21 de marzo de 2013.

Las minas panameñas al mejor postor

El conflicto entre los gobernantes panameños, al servicio de los grupos monopólicos mineros de Canadá, Corea del Sur y EEUU, con el pueblo ngobe en la comarca al oeste de Panamá, llegó a un nuevo nivel. El Movimiento 10 de Abril intentó cerrar la carretera central – que une a Panamá con Centro América – en protesta por la falta de respeto gubernamental a los acuerdos de San Lorenzo pactados a principios de 2012. En aquella ocasión el gobierno se comprometió a realizar un estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica de Barro Blanco.

El gobierno no cumplió con su compromiso y la construcción de la represa continúa poniendo en peligro la sobrevivencia de muchas comunidades en la Comarca Ngobe-Buglé. La protesta fue organizada por sólo un sector de la comunidad lo que le permitió a la fuerzas represivas del gobierno dispersar a los activistas.

Mientras el pueblo ngobe protestaba, en los círculos gobernantes se procedía a negociar con otras empresas interesadas en despojar a Panamá de sus riquezas minerales. La empresa canadiense Inmet, que es dueña de la concesión para explotar los yacimientos de cobre en Petaquilla, está siendo desplazada por otra corporación que también tiene su sede en Canadá. Se trata de First Quantam, empresa de origen sudafricano y que tuvo intereses en Zimbabwe. Según un periódico local, First Quantam estuvo involucrada en una masacre en la zona minera del Congo (República Democrática). Igualmente, manipularon la contabilidad de sus inversiones en Malawi (otro país africano) para robarle a ese país parte importante de sus ingresos. 

En la actualidad, pretenden llegar a un acuerdo con los accionistas de Inmet convenciéndolos que en Panamá pueden reducir costos y aumentar sus ganancias. Los costos se reducen mediante políticas de destrucción de los bosques naturales (minería a cielo abierto), reduciendo los salarios de los trabajadores, eliminando las inversiones en la comunidades y acabando con el pago de impuestos.

First Quantum le está ofreciendo a los accionistas de Inmet un total aproximado de 4.97 mil millones de dólares por la concesión que tiene en Panamá. El principal accionista (16 por ciento) de Inmet, Leucadia National, quiere aceptar la oferta. En cambio, en este momento, la junta directiva de Inmet ha rechazado la oferta inicial de los posibles compradores. La pregunta aquí sería ¿porqué los accionistas aceptarían el liderazgo de First Quantum y abandonarían a Inmet? La respuesta parece ser sencilla: First Quantam le ofrece a los accionistas mayores ganancias. Ganancias que sólo serían posibles a costilla de Panamá, los trabajadores y el medio ambiente.

El gobierno canadiense tiene que aprobar la transacción, en función de los intereses de ese país como señala su legislación. El gobierno panameño también tendría que hacer lo mismo. En el caso de Canadá, en la actualidad tiene un gobierno conservador que abanica proyectos depredadores. Sin embargo, hay unas elecciones en el horizonte y el gobierno tiene que cuidarse de no aparentar estar realizando negociados que perjudican los intereses nacionales.

En el caso de Panamá también tenemos un gobierno “conservador” que promueve negocios de todo tipo y tamaño. En el caso de la explotación del cobre, tiene puesto sus ojos en la mina de Cerro Colorado (para lo cual sus miembros más conspicuos son socios de la hidroeléctrica Barro Colorado y otras 40 iniciativas similares en Chiriquí) y no se le escapa Petaquilla (en el distrito de Donoso, provincia de Colón) cuya concesión es de la canadiense Inmet. Cada uno de los cuatro jugadores que especulan con la riqueza nacional panameña – gobierno canadiense, Inmet, First Quantum y el gobierno panameño - representa fuerzas contradictorias que no tienen claridad en cuanto al futuro. El único que podría poner orden es el gobierno panameño, señalando reglas de juego que tuvieran por encima de todo los intereses del país. Desafortunadamente, este no es el caso.

Según otra fuente “el caso de Financial Pacific, en el que se ha vinculado al presidente Ricardo Martinelli en el uso de información privilegiada para manipular el mercado accionario en la minería, está relacionado con los proyectos hidroeléctricos”.  En su momento, se especulaba que la minera Inmet estaba negociando con el gobierno coreano para realizar una inversión conjunta en Panamá con el aval de los miembros del gobierno.

“Esto involucraba los proyectos de oro y de cobre (en Petaquilla)”. Muchos han dicho que el presidente Martinelli y su grupo eran concientes de esto, por lo que la posible manipulación de las acciones de Inmet también toca al caso Financial Pacific.

Los manejos oscuros de la minería no se limitan a Martinelli. “Recordemos, dice la otra fuente, al ministro de la Presidencia de Martín Torrijos, Ubaldino Real, quien dijo que había comprado una concesión hidroeléctrica en 50,000 dólares y después valía 5 millones. En 2005, un grupo de personas vinculadas al gobierno de aquel entonces registraron 12 empresas para desarrollar proyectos hidroeléctricos.

Todo indica que si no se cambian radicalmente las reglas de juego en Panamá, la empresa minera mercenaria First Quantum hará fiesta con aquellos sectores corruptos dispuestos a vender el país al mejor postor.

14 de marzo de 2013.

La lucha de la mujer por la igualdad

El mundo celebra el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha que la mayoría festeja todos los días. Los que tienen madre, compañera, hijas o amigas se preguntan a diario como sería la vida sin ellas. Sin embargo, desde que las sociedades escriben su historia, hemos visto como a la mujer se le niega sus derechos humanos, muchas veces con violencia.

En el siglo XX se realizaron importantes avances relativos como el reconocimiento de la igualdad de la mujer con relación al hombre en materia política electoral, educación y empleo. Hemos avanzado muy poco en temas como igualdad de pago en el empleo, donde existe el “techo de vidrio” que frena el ascenso femenino. Igualmente, en educación. Aunque actualmente en las universidades la mayoría de los estudiantes y graduados son mujeres, esto no se refleja en la dirección de las empresas públicas y privadas.

El principal obstáculo al reconocimiento de la igualdad de la mujer en la sociedad moderna aún es el monopolio que se arroga la sociedad sobre el cuerpo femenino. Hay países donde la mujer no tiene derechos humanos (no es persona) y todos sus actos son supervisados por su “amo” hombre, sea padre, esposo o hijo. En la mayoría de los países llamados modernos o capitalistas (incluyendo los dependientes), a la mujer se le reconocen muchos derechos, pero se le niega la propiedad de su propio cuerpo.

Por ejemplo, no puede tomar una decisión autónoma si desea interrumpir un embarazo, tampoco si desea alterar su capacidad reproductiva. En la actualidad, en Panamá se desató un debate en torno a una ley que reforma una norma legal de 1941 que le permitía a la mujer buscar asistencia médica gratuita para esterilizarse si tenía 33 años de edad o mas y, además, tres hijos. El nuevo ordenamiento legal reduce la edad a 23 años. El resto de la norma queda intacta.

Para sorpresa de muchos, de una vez saltaron al ruedo representantes de los sectores más retrógrados del país a defender una falsa moral asociada con un derecho supuestamente sacrosanto que tiene la mujer de tener hijos. La Iglesia católica señaló que si se “esterilizaba” a las mujeres panameñas pronto la población se envejecería causando toda clase de problemas sociales. Otros aseguraban – reproduciendo los alegatos ‘machistas’ - que la mujer no puede actuar en forma autónoma. El Ministerio de Educación, que no permite cursos de educación sexual en los colegios del país, se negó a pronunciarse sobre la nueva ley.

El presidente de la Asamblea de Diputados, quien firmó y envió la nueva norma a la Presidencia de la República para su proclamación y publicación en la Gazeta Oficial, le dijo a la jerarquía de la Iglesia católica que le pediría al presidente Martinelli que vetara la ley. La actitud de la Asamblea es un reflejo de la falta de formación de nuestros políticos en torno a problemas de importancia para el país. La Asamblea debería educar al pueblo y a las instituciones – como la Iglesia – sobre el contenido de las leyes que aprueba.

El contenido de la ley se confundió y tergiversó en medio de los temores de algunos sectores del país de que perderían el monopolio sobre el uso del cuerpo de la mujer. La Asamblea debe aclarar que la nueva ley no pone fin a ese monopolio. Lo único que hace es ofrecerle un servicio médico gratuito – financiado por el gobierno – a cualquier mujer con 23 o más con deseos de esterilizarse. Incluso, la reforma retiene de la legislación anterior un Consejo anacrónico que tiene que aprobar el procedimiento. El Consejo está formado por jefes de Salud, la Procuraduría y un diputado. En realidad, la única persona que debe autorizar el procedimiento es la mujer interesada. Quizás un médico puede dejar por escrito que la interesada goza de buena salud física.

En contraste, la ley también señala que el hombre puede recurrir a los mismos servicios de salud que proporciona el gobierno en forma gratuita para realizarse una vasectomía (esterilización). En el caso del hombre, tiene que tener por lo menos 18 años de edad (mayor de edad) y no necesita la aprobación del Consejo. La ley sigue haciendo en este caso una clara discriminación en contra de la mujer.

En el caso de Panamá, la norma legal anterior o la reformada actual no impide que cualquier mujer pueda acudir a un servicio médico privado y esterilizarse mediante el pago al profesional de la medicina correspondiente. Para ello no necesita tener una edad en particular, ni tiene que conseguir el permiso de Consejo alguno. Lo que necesita es dinero, mucho dinero en términos relativos ya que la intervención supera la suma de un salario mínimo mensual. El 60 por ciento de las mujeres panameñas viven por debajo de la “línea de la pobreza” o forman parte de familias “informales” y no tienen los recursos para hacerse una esterilización.

En el Día Internacional de la Mujer hay que reiterar el apoyo a este sector de la población en sus luchas por alcanzar el reconocimiento pleno de sus derechos humanos.

7 de marzo de 2013.