Siria y la hegemonía global de EEUU

Entender cuáles son los intereses de EEUU en Siria en la presente coyuntura, es fundamental para situar en su lugar las relaciones entre América latina y, en particular, Panamá con EEUU. La retórica que el gobierno del presidente Barack Obama utiliza para ‘ablandar’ las defensas de Siria en el escenario internacional es la misma que EEUU utiliza en sus relaciones con la región. En Guatemala liquidó al gobierno democrático del presidente Arbenz en 1954. Una década más tarde invadió a República Dominicana para derrocar al presidente democrático Juan Bosch. Pasaron diez años y nuevamente en 1973 intervino en Chile para bañar en sangre el experimento del gobierno democrático del presidente Allende. En la década de 1980 convirtió a Centro América en un campo de batalla. En 1989 invadió militarmente a Panamá bombardeando a comunidades urbanas con efectos terroristas. En 1995 invadió a Haití y exilió al presidente democrático Aristide. En 2002 encabezó un intento fracasado para derrocar al presidente democrático Hugo Chávez. Todas estas experiencias tuvieron un sustrato común: la mentira. EEUU desde hace 70 años tiene el poder militar para imponerse ante cualquier adversario. Desde hace más de 10 años ha construido un castillo de mentiras en torno a la realidad de los pueblos árabes con el fin de satanizarlos. La invasión y destrucción de Afganistán (país no árabe) desatada en 2001 fue precedida por una campaña que transformó a los talibán (estudiantes del Corán) en terroristas. Poco después EEUU invadió a Iraq con el fin de ocupar sus campos petrolíferos. En 2011 invadió a Libia y asesinó a su líder Gadafi. En el caso de los países del Medio Oriente, la arremetida de EEUU se produce en el marco de una redefinición de la correlación de fuerzas a escala global. Washington es consciente de los problemas que representa el espacio dejado por la Unión Soviética, la emergencia de China y la declinación de Europa para su estrategia global. También tiene que enfrentar la consolidación de Irán, la permanente inestabilidad provocada por la política israelí en la región y el debilitamiento de los gobiernos más cercanos a EEUU como Arabia Saudita y Egipto. Hace 10 años se puso en marcha el proyecto del ‘siglo americano’ que consistía en convertir a EEUU en la potencia hegemónica única en el siglo XXI. Para hacer realidad este plan, contemplaba contener a China y subordinar la rica región petrolera del Medio Oriente. La nueva retórica sirvió para presentar ante el mundo a los pueblos ‘islámicos’ como los enemigos del siglo XXI. El objetivo militar es desestabilizar a los países de la región árabe y reconstruirlos de acuerdo con su propia visión del mundo. Este cambio del tablero geopolítico le permitiría arrinconar a China que ya se ha convertido en país dependiente de las importaciones de energéticos (petróleo). Sobre la base de campañas basadas en mentiras, pero repetidas una y otra vez, EEUU logró introducir en la mente de las mayorías de los pueblos la duda sobre las intenciones de la Casa Blanca. En el caso de Siria, los voceros de Washington plantean que es inevitable el bombardeo y destrucción de Siria (igual que Afganistán, Iraq y Libia) para castigar al gobierno sirio por el uso de armas químicas. Según el presiente Al-Assad, “hemos retado a los acusadores a presentar siquiera un ápice de prueba legitimadora, algo que no han sido capaces de hacer… Los hemos retado a mostrar pruebas no ante nosotros, sino ante su propia opinión pública”. Rusia logró, aparentemente, un triunfo diplomático a última hora posponiendo un ataque militar de EEUU programado para esta semana. Ceder en estos momentos, sin embargo, significaría para EEUU retrasar su objetivo principal que es construir un Medio Oriente que pueda ser una aliada incondicional en su lucha contra Irán y, después, contra China. Más aún, los asesores más agresivos (‘los halcones’) de Obama son conscientes que la ventana de oportunidad puede estarse cerrando para que EEUU logre su objetivo propuesto en el proyecto del ‘siglo americano’. Sin embargo, los sectores más moderados (‘palomas’) de EEUU insisten en que sus objetivos (no perder su hegemonía global) pueden alcanzarse sin invadir a Siria. Esta división que se asemeja a la producida durante el gobierno de Bush hace una década, se ha visto sacudida por la aparición de los llamados fundamentalistas de la extrema derecha (miembros del Tea Party) que se oponen a la política guerrerista de Obama. Este sector plantea que el Premio Nóbel de la Paz, Brack Obama, no tiene la capacidad para dirigir a EEUU en la guerra y debe abstenerse de comprometer a EEUU en aventuras bélicas en el Medio Oriente. Según Hans von Sponeck, ex subsecretario de la ONU, “EEUU no tiene pruebas reales de que el gobierno sirio haya utilizado armas químicas”. Incluso, agrega, si proporciona pruebas, “hay que ser escépticos recordando los muchos incidentes falsos o fabricados utilizados para justificar muchas guerras anteriores: el incidente del Golfo de Tonkín en Vietnam, la guerra del Golfo, la masacre de Racak (en Kosovo), las armas iraquíes de destrucción masiva y las amenazas de masacre en Bengazi, Libia”. 12 de septiembre de 2013.

La corrupción no es cultura popular

La corrupción viene en muchas formas y tamaños. Lo que caracteriza a la corrupción, en general, es la forma en que los empresarios se apropian de los bienes públicos de manera fraudulenta. La corrupción no es parte de la cultura popular. Es el resultado de las condiciones estructurales que predominan en una sociedad. La corrupción se presenta especialmente en las luchas para llegar al poder político y/o para conservar el poder político. Los distintos grupos sociales pugnan por alcanzar el poder político y usan - entre sus herramientas - la corrupción. Hay casos en que la corrupción es legalizada (hay leyes que la protegen) y/o legitimada (los valores sociales prevalecientes lo aceptan). Politicamente, la corrupción en Panamá (y en el resto del mundo) es generalizada. Puede ser perseguida como delito, protegida por la ley y/o aceptada por los valores de la sociedad. En este sentido, hay quienes pretenden decir que la corrupción es parte de la cultura panameña. No hay algo más alejado de la realidad. ¿Qué se entiende por 'cultura'? La cultura es lo que heredamos de nuestros antepasados. Hay que incluir todas las influencias que recibieron de otras culturas. Como diría un filósofo, somos dueños de nuestro destino pero subordinados a la realidad (cultura) de la cual formamos parte. Gran parte de la historia de Panamá (colonial y republicana) se asocia a la cultura 'comercial' en la zona de tránsito (‘transitista’). Panamá ha experimentado otros momentos - breves - en que sectores o fracciones de clase productivas han logrado apoderarse de las instancias gubernamentales y orientado el país en otra dirección. (Se destacan los periodos del Estado Federal en el siglo XIX y el régimen militar del siglo XX). El siglo XXI quizás constituye el período de mayor mercantilización de nuestra política. La generación de riqueza ha sido reducida casi exclusivamente a la circulación de mercancías. No hay producción. Panamá tiene, por ejemplo, un PIB de 36 mil millones de dólares según cifras oficiales. Apenas, 4 mil millones, un poco más del 10 por ciento, es generado por el sector productivo. El resto de la riqueza es producto de la especulación, en forma de comercio y de las transacciones internacionales que utilizan a Panamá como plataforma. Los especuladores imponen una cultural consumista/mercantilista. En política el voto tiene un precio. En cultura la expresión artística tiene un precio. Todos los valores como la lealtad, la honradez y la amistad tienden a cotizarse en el merado. En la actualidad, la corrupción tiene un sabor a comercio. La duración de este estilo de acumulación sin sustento productivo es historicamente muy breve. Puede durar 10 años. El país no produce, la riqueza pasa de las manos de los pobres a la de los ricos a escala mundial. Panamá que se encuentra en la ‘zona de tránsito’ recoge las migajas de los excedentes que circulan por el mundo. A diferencia de los especuladores, los sectores productivos impulsan una cultura de trabajo y educación. La corrupción tiene un significado negativo y es condenada por la sociedad. No quiere decir que se erradica la corrupción. Es menos abierta pero igualmente orgánica. La corrupción que presenciamos en Panamá (o en cualquier otro país) es el resultado de las luchas entre los grupos y clases sociales que aspiran al poder. Hay una mala noticia y otra buena. La primera es que el problema de la corrupción no se puede resolver con leyes. Los corruptos meten más gente presa y aparecen muchos más para reemplazarlos. Como ocurre en la actualidad, la mayor parte de la población no cuenta con los recursos para defenderse. La buena noticia es que la corrupción puede resolverse mediante cambios claves o estratégicos en la estructura social. La educación es importante. Pero la educación tiene que concebirse para convertir a todos los jóvenes en trabajadores altamente calificados y productivos contribuyendo a crear nuevas riquezas en el país. En la actualidad, el gobierno panameño que maneja un presupuesto superior a los mil millones de dólares para la educación manifiesta, abiertamente y en sus documentos, que quiere crear un sistema para formar trabajadores improductivos. El objetivo de quienes controlan politicamente el país es tener mano de obra abundante y barata para apropiarse de riquezas (o despojar a quienes tienen riqueza). Este sistema de educación (que se basa en la noción de 'competencias') sólo favorece a los grupos que acumulan sobre la base de la captura de excedentes de la producción de otros países que utilizan el istmo (sobre el cual se construyó el Canal) para pasar sus mercancías de manera más expedita. La corrupción es un factor que frena y paraliza el desarrollo del país. Esta realidad panameña tiende a agudizarse desde la década de 1990 hasta el presente. Circula mucho dinero en manos de unos pocos. La gran mayoría de la población tiene 'empleos informales' - no produce riqueza social - recibe remuneraciones precarias, se le impide participar politicamente y sus organizaciones son destruidas. Se convierten en 'clientes políticos' de los grandes comerciantes y especuladores. El actual sistema político descarta al trabajador informal, lo excluye, lo margina. Eso se llama corrupción. 19 de septiembre de 2013.

Las fracturas políticas y el bloque histórico

Este artículo es una crítica al excelente trabajo del profesor de Filosofía de la Universidad de Panamá, Abdiel Rodríguez, publicado recientemente sobre las ‘fracturas polìticas’ en Panamá. Para hacer una crítica al mismo partiré de lo que Gramsci llamó el 'bloque histórico'. Primero a escala global. Segundo, el caso de Panamá. 1. El desarrollo del capitalismo - su crecimiento y expansión, que requiere la incorporación de nuevas masas de trabajadores - genera nuevas relaciones sociales. Estas están subordinadas a las leyes de la acumulación capitalista y a las luchas sociales. En la segunda mitad del siglo XX se generaron dos movimientos sociales globales que explican las contradicciones que sacudieron el sistema capitalista. Cuando terminó la segunda guerra mundial se produjo un realineamiento del capitalismo a escala global. La acumulación capitalista se organizó sobre nuevas bases – con EEUU en el centro, subordinando las antiguas potencias imperialistas - creando un mundo dividido en tres zonas geo-políticas: centro, periferia y semiperiferia. El centro construyó las llamadas sociedades de bienestar en Norte América, Europa y Japón, con la participación limitada de la clase obrera en la realización (consumo) de los excedentes. Este modelo - o 'bloque histórico' - prosperó entre 1945 y 1970. La crisis que experimentó la acumulación capitalista - disminución de la tasa de crecimiento capitalista - a partir de la década de 1970 sacudió el modelo y como consecuencia el bloque histórico. Las políticas de ajuste económico (conocidas como neoliberalismo: desregulación, privatización y flexibilización) no pudieron frenar la tendencia. Sin embargo, causó una fractura en el Estado de bienestar que continua profundizándose. Este proceso se hace evidente con el colapso de los mercados en 2008. Antes había colapsado el experimento socialista de la Unión Soviética y Europa central. Africa entró en un estado de caos y América latina parecía ir por un camino similar. El oriente asiático se encaminó por otra vía, hacia un nuevo centro de acumulación capitalista. El 'bloque histórico' que emergió de las cenizas de la segunda guerra mundial desapareció, llegó a su fin. Sin embargo, aún no aparecen las condiciones sociales para que surja un bloque nuevo que reemplace el viejo. Hay varias hipótesis sobre las cuales se debate. Por un lado, la tesis de Arrighi que sugiere que el centro de acumulación capitalista se desplaza(rá) hacia China. Como consecuencia surgirá un nuevo realineamiento a escala mundial. Por el otro, Samir Amín propone un mundo multipolar. Tanto las nociones de Quijano sobre la 'colonialidad' como de Marini sobre la desconexión se complementan con las ideas de Amín. Una cuarta es de quienes plantean que EEUU aún puede reorganizar su hegemonía y reconstruir el orden mundial bajo su liderazgo. 2. El impacto de estas fracturas del bloque histórico a escala global sobre Panamá fue y es muy importante. A partir de la segunda guerra mundial Panamá inició un proceso de industrialización mediante la sustitución de importaciones (modelo instaurando en América latina). Sectores importantes de la vieja clase capitalista rentista trasladó sus capitales a este nuevo sector bajo la guía política de EEUU. El bloque histórico formado por el pacto liberal-conservador de la primera mitad del siglo XX se quebró. Apareció un nuevo proyecto industrial que requería - para ser exitosa - la absorción del Canal de Panamá a la economía nacional así como de la creciente clase obrera a un pacto social inter-clasista. El nuevo bloque histórico basado en la industrialización no lograba materializarse siendo frustrado por las fracciones conservadoras. La Coalición Patriótica Nacional (CPN: 1952-1960) y el Partido Liberal Nacional (1960-1968) fracasaron. Las fuerzas sociales contenidas surgen en 1964 y el 'orden oligárquico' colapsa en 1968. El golpe militar de este último año evoluciona rapidamente hacia la constitución del nuevo 'bloque' mediante el pacto entre la incipiente burguesía industrial y la clase obrera, mediada por una fuerza pública (la Guardia Nacional comandada por Omar Torrijos). El bloque inter-clasista (populista) prosperó durante una década. La burguesía industrial sumó a importantes sectores de la clase obrera a su proyecto desarrollista y, formando un frente, negociaron con EEUU los tratados del Canal que hicieron realidad la absorción de los excedentes de la ruta de tránsito a la economía nacional. La crisis de acumulación capitalista global golpeó a la región latinoamericana en la década de 1980, que fue bautizada como la década 'perdida'. En EEUU el presidente Reagan le declaró la guerra a las organizaciones de los trabajadores y preparó el escenario para convertir ese país en el guardián en última instancia de la acumulación capitalista. En Panamá colapsó el crecimiento económico, escalaron los conflictos sociales y Torrijos murió en un misterioso accidente. La década terminó con la invasión militar de EEUU y la oficialización de las nuevas políticas 'neoliberales'. El bloque histórico concebido 50 años antes con el proyecto de industrialización llegó a su fin. La fracción conservadora rentista regresó al poder sobre la base de una alianza con los 'liberales / nacionalistas', derrotados en la invasión de 1989. El nuevo pacto no incluyó a la clase obrera ni a los otros sectores trabajadores (entre ellos agricultores). Este sector fue sometido a una política de ajuste económico severo desregulando el Estado, privatizando las empresas públicas y flexibilizando a la fuerza de trabajo. En 2012, por primera vez en la historia de Panamá, cayó en forma absoluta el número de obreros industriales: de 110 mil en 2011 a 108 mil en 2012. El nuevo bloque histórico formado en torno a una alianza entre rentistas conservadores y 'liberales' descansa sobre la incorporación del Canal de Panamá a la economía nacional. Sin embargo, no para impulsar la acumulación capitalista sobre la base de la explotación de una creciente fuerza de trabajo industrial. El nuevo modelo de crecimiento introducido a fines del siglo XX, en cambio, se basa en la captura de excedentes de la ruta de tránsito. Además, sobre el despojo de trabajadores, agricultores e, incluso, pueblos indígenas. Es un bloque muy débil - y puede fracturarse en cualquier momento - por dos razones. En primer lugar, no cuenta con un apoyo de los sectores sociales mayoritarios del país. Por el otro, el Canal de Panamá, la carta principal en su proyecto, depende del crecimiento de la economía internacional. El colapso de los mercados del centro en 2008 y la recesión que se ha apoderado del centro del capitalismo no presenta un buen augurio. Sin embargo, el crecimiento de China, la incorporación de cada vez más trabajadores a la clase obrera y las demandas de materias primas de ese país oriental han logrado evitar que la región - incluyendo a Panamá - caiga en una recesión. El crecimiento económico del último lustro en Panamá ha logrado mantener el grado de estabilidad política que le permite a la alianza rentista - 'liberal' celebrar torneos electorales y colocarse en índices de democracia. Un primer indicio de una 'fractura política' en el bloque histórico – al cual apunta Rodríguez - podría ser la falta de ‘gobernanza’ (autoritarismo) y/o el fin de la alternabilidad en el poder. 29 de agosto de 2013.

¿Qué leemos los panameños?

La modernidad está atravesada por la cultura de la lectura. El progreso, un atributo asignado a la modernidad, no se puede entender sin la masificación de la lectura en forma de libros, revistas, folletos, periódicos o simples hojas sueltas. Los progresistas dicen que un pueblo que no lee no avanza, no puede alcanzar sus objetivos de bienestar y felicidad. Panamá fue presa de esta ideología progresista con la introducción de las ideas liberales – que eran consideradas radicales - a mediados del siglo XIX. Durante el Estado federal (1860-1885) se ‘sembraron’ escuelas en todos los centros urbanos. Antes que acueductos, centros de salud e, incluso, iglesias. En el siglo XX, los liberales convirtieron las escuelas en sus templos: el Instituto Nacional, el Instituto de Artes y Oficios y, también, la Universidad de Panamá. Cuando los liberales se convirtieron en conservadores durante la segunda mitad del siglo XX, le correspondió a los desarrollistas, socialistas y otros a levantar las banderas del progreso. Se liberó una batalla entre valores anquilosados e ideas que buscaban solucionar las grandes cuestiones sociales de aquella época. Sin duda, se avanzó en forma significativa. Se erradicó el analfabetismo, hay escuelas en todos los pueblos y los textos están al alcance de los estudiantes. Las fuerzas conservadoras, sin embargo, obstaculizaron el camino hacia el progreso. Prueba de ello, las dificultades que aún tienen los jóvenes de llegar a sus colegios, la elevada tasa de deserción, los bajos salarios de los educadores y la persecución de las ideas aún vigente. Lo peor, quizás, es la negación de estos problemas y la falta de políticas para solucionarlos. Una muestra de la cultura panameña y su amor por la lectura es la Feria del Libro que se inauguró anoche y que continuará en el Centro de Convenciones ATLAPA hasta el domingo, 25 de agosto. Allí se puede contestar la pregunta: ¿Qué leemos los panameños? ¡Somos lo que leemos! Para el público, en general, la mayoría de los textos tienen usos muy prácticos. ¿Te quieres superar? ¿Quieres aprender a cocinar? ¿Quieres buscar un ser superior? Pero también están aquellos libros especiales que buscan los jóvenes. Están los textos que les permite descubrir el mundo en que viven. Incluso, en la Feria del Libro encontrarán los libros que les permitirá penetrar en ese maravilloso mundo que tiene cada joven en su interior. Las primeras aventuras de la vida las descubrirá en los libros que lo llevan a paisajes inimaginados, a países lejanos, a descubrir los corazones de otros jóvenes, a explorar la inteligencia de otros pueblos. Lo más maravilloso del libro es que es contagioso. El joven que lee su primer libro, enseguida quiere ser escritor. El Quixote, el coronel Buendía, Jean Valjean o doña Bárbara son sus personajes que le permiten comenzar a entender el mundo en que está ingresando. Estas y otras figuras que crecen con las lecturas y los debates, incendian su imaginación y comienza a entender que el mundo es suyo y que lo puede hacer mejor. Los que asistan a la Feria del Libro deténganse un momento y observen la cara de alegría de los adolescentes que recorren apurados los pasillos de esta fiesta cultural. Los stand de las editoras e instituciones ocupan la planta baja de ATLAPA. En el primer alto están los salones donde se presentan nuevos libros o se organizan mesas redondas en las que se debaten nuevas tendencias o avances importantes en el mundo de las publicaciones. Este año el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena” presenta dos mesas redondas en la Feria del Libro. En primer lugar, presentará los libros que se han escrito sobre la gesta del 9 de enero de 1964. El próximo año se conmemorará el cincuentenario de la insurrección popular que fue el principio del fin de la ocupación militar norteamericana de Panamá. Las plumas más apasionadas - Diana Morán, Pedro Rivera, Elsie Alvarado de Ricord y tantas otras - se inspiraron en el ejemplo de esa juventud rebelde y heroica. Igualmente, historiadores, artistas y ensayistas le dedicaron páginas esclarecedoras al significado de las acciones de un pueblo insurrecto durante esas jornadas del 9 de enero. En ATLAPA participarán el sábado, 24 de agosto, a las 12 del mediodía Juan Jované, Pedro Prados, Celestino Araúz y otros comentaristas. El domingo, 25 de agosto, también a las 12m, se presentará una mesa redonda de intelectuales asociados a la revista Tareas, que ha publicado 145 números sin interrupción desde que se fundara. Harán uso de la palabra Briseida Allard, Enoch Adames y Anayansi Turner quienes abrirán un debate sobre las tareas de los intelectuales en el siglo XXI. La revista y sus contribuyentes han participado en todos los debates nacionales desde la lucha por la soberanía, los tratados del Canal, la invasión militar norteamericana y las políticas ‘neoliberales’. Las palabras de Ricaurte Soler, fundador de la revista, pronunciadas en 1960 siguen vigentes en 2013 para que todo intelectual panameño las analice: “Nuestra realidad exige transformaciones radicales, nuestra cultura revisiones sustantivas... Ofrecemos la revista a un público panameño, culto y responsable, que siente, como nosotros, la necesidad de acometer tareas”. 22 de agosto de 2013.

Las drogas y las cárceles en EEUU

El Fiscal General de EEUU, Eric Holder, anunció formalmente un importante cambio de política que tiene como objetivo mitigar la enorme carga que representa actualmente la población carcelaria de ese país. La medida pretende evitar que las personas condenadas a penas de cárcel por delitos relacionados con drogas no tengan que cumplir las penas máximas. La legislación norteamericana, igual que la panameña, obliga a los jueces a aplicar penas absurdas de 10, a veces 20 años de cárcel, por poseer una droga ilícita. Holder habló ante el Colegio de Abogados de EEUU sobre el encarcelamiento masivo y mencionó que, a pesar de que ese país tiene apenas el 5 por ciento de la población mundial, alberga casi el 25 por ciento de los prisioneros del mundo. Entre otros cambios de política, Holder acogió con mucho entusiasmo la ampliación del programa de libertad anticipada para algunos prisioneros de edad avanzada. Además, anunció que revisaría las desigualdades raciales en las condenas, tras citar un reciente estudio que descubrió que los hombres afrodescendientes (negros) recibieron condenas casi un 20 por ciento más largas que las impuestas a hombres descendientes de europeos (blancos) procesados por delitos similares. Según Holder, “hay demasiados norteamericanos atrapados en un círculo vicioso de pobreza, criminalidad y encarcelamiento. Esta realidad es una causa inmediata del debilitamiento de muchas comunidades”. Holder también señaló que “hay aspectos de nuestro sistema de justicia penal que, en lugar de aliviar, exacerban estos problemas. Todos sabemos que hay demasiados norteamericanos que son condenados por demasiado tiempo y por ningún buen motivo legal”. Holder apuntó al hecho que hay demasiadas personas condenadas por acciones relacionadas con el consumo de drogas que no constituyen propiamente delitos. “Estamos gastando, dijo, demasiados ‘dólares’ en actividades que no rinden beneficios. En la década de 1980 el gobierno del entonces presidente Ronald Reagan declaró lo que llamó la “guerra contra las drogas”. Desde entonces el problema se ha complicado cada vez más y se ha creado un mito en torno al consumo de drogas, el crimen y el encarcelamiento de jóvenes. Como primer paso, el ministro de Justicia, le dió instrucciones a los fiscales federales de no pedir castigos exagerados a quienes son detenidos por delitos no violentos. Anunció también que trabajará en el Congreso de su país para darle a los jueces leyes más discrecionales que les permita impartir justicia. Comenzaremos por revisar todo lo relacionado con las penas obligatorias para los delitos relacionados con las drogas”. En EEUU hay cerca de 2 millones de personas privadas de libertad. De este total, 219 mil son reos en cárceles federales. Estas instalaciones están superpobladas con un 40 por ciento de exceso. Desde 1980 – cuando se comenzó a aplicar las leyes de la ‘guerra contra las drogas’ – la población carcelaria en EEUU se ha multiplicado ocho veces. La mitad de los reos han sido condenados por delitos vinculados con drogas. Holder dice que pretende orientar el sistema de uno que condena a los drogadictos a otro que les ofrece programas comunitarios de rehabilitación. El senador Rand Paul, líder del Partido Republicano, conservador y adversario de los derechos de los más necesitados, aplaudió el discurso de Holder. Señaló que aplicar penas exageradas a los delitos relacionadas con las drogas promueve la injusticia y contribuye a la inseguridad. Los senadores demócratas también acogieron en forma positiva la iniciativa del fiscal general norteamericano. Anteriormente, Holder señaló que toda aquella persona que no se enriquece comercializando con drogas no debe ser perseguida. En su discurso insistió en que el encarcelamiento debe servir para castigar, prevenir y rehabilitar a los que cometen delitos y no para encerrar y olvidarse de las personas. Aseguró que en EEUU la tendencia es hacia la inversión de recursos en programas de tratamiento y menos en la construcción de cárceles. En EEUU, al igual que en Panamá, es común que se encarcelen adolescentes por meras sospechas. Un ejemplo mencionado en EEUU es el muchacho de 19 años de edad que fue condenado a 10 años de prisión por encontrarse dentro de un auto donde se encontraron rastros de droga. Según estadísticas gubernamentales, en Panamá son miles los casos de adolescentes cuyas vidas han sido truncadas al ser recluidos en el sistema penitenciario. EEUU comenzó a regular el consumo de drogas consideradas ilícitas hasta hace poco. El gobierno federal ahora anuncia que flexibilizará su sistema judicial. Sin duda, las nuevas orientaciones contribuirán a mitigar el problema de la adicción y, sobre todo, a reducir las batallas territoriales del crimen organizado que sesgan cada vez más vidas. EEUU, sin embargo, insiste - a través de su política exterior - que los países de la región latinoamericana declaren “la guerra a la droga”. En Panamá, asesorado por la Embajada de EEUU, el actual gobierno ha comprado más de mil millones de dólares en armas de guerra con el pretexto de combatir el flagelo de la droga. El debate en Panamá sobre la regulación y la despenalización es declarado fuera de límites por el actual gobierno. Es hora de cambiar de rumbo y buscarle una solución definitiva al problema de las drogas. 15 de agosto de 2013.

Los negocios primero, adiós a la salud

Mientras los trabajadores de la salud y otros sectores luchan contra las pretensiones gubernamentales de destruir la salud pública en Panamá, se anunció la semana pasada que Panamá acogerá el maíz transgénico para beneficiar a las empresas norteamericanas Monsanto y Dupont. A escala mundial, los transgénicos han sido rechazados por sus efectos nocivos a la salud de los seres humanos. La falta de políticas de salud para cerrarle las puertas a los transgénicos refleja la política oficial del gobierno de convertir todo – incluso la salud de los panameños – en un negocio. Panamá se prepara para iniciar un experimento transgénico con semillas de maíz que serán sembrados en la región de Azuero. Este maíz servirá de alimento para la población avícola, que – a su vez - será consumido por los panameños. La empresa Melo – representante de las trasnacionales norteamericanas – recibió permiso para la venta de estas semillas con la condición de que el maíz no fuera destinado al consumo humano. Sin embargo, se pasó por alto el hecho que las aves que consumen el maíz serán posteriormente sacrificadas para que los humanos las coman. Quienes se oponen a este tipo de negocio señalan que no hay leyes en Panamá que protejan a los consumidores. Los productos deben ser debidamente etiquetados y el público debe ser informado de lo que está comprando. Los técnicos que están preocupados, señalan que se desconoce el impacto que tendrá este tipo de negocio sobre el ambiente y los pequeños productores. Se preguntan ¿porqué si en la mayoría de los países del mundo están sometiendo la producción de transgénicos a estrictos controles, Panamá decidió abrir sus puertas? Los transgénicos son organismos a los que se les inserta material genético de especies distintas a la que pertenece mediante técnicas de ingeniería genética. Con estas técnicas, se rompen las barreras reproductivas que existen entre las diferentes especies, posibilitando la inserción de un gen de bacteria a una planta. Cuando esta técnica se aplica al maíz se modifica la planta. Los posibles daños al campo, que han sido comprobados, es que al introducirse transgenes a variedades nativas de maíz, éstas sufren una descompensación genética y fisiológica. Los transgénicos adquieren capacidades inusitadas como la resistencia al uso de herbicidas, la planta mata insectos que la atacan y sus semillas pierdan la propiedad de reproducirse naturalmente. Se trata, entonces, de la creación de nuevas variedades que no existen como tales en la naturaleza, sino que han sido creadas de manera completamente artificial. Los nuevos organismos transgénicos han estado provocando propiedades indeseadas, sea para los consumidores (como la producción de alergias o la resistencia a antibióticos) o sea para la relación de estos organismos con otras especies de su medio ambiente. La producción de organismos genéticamente modificados en su mayor parte son creaciones de empresas transnacionales a las cuales lo que les interesa es la generación de ganancias extraordinarias, con la menor cantidad posible de costos. Por ello, las nuevas variedades de maíz se diseñaron para resistir el consumo indiscriminado de herbicidas que la mismas empresas transnacionales producen (Monsanto, Novartis, Du Pont, etcétera). La resistencia a los herbicidas hace posible que la planta sea roseada con grandes cantidades de químicos sin que muera o bien le brinda a la planta la capacidad de resistir insecticidas más tóxicos que los usuales. El grupo de investigadores Séralini en Francia condujo experimentos que mostraron la asociación entre el consumo de productos transgénicos con el incremento de muertes entre animales por cáncer de mama en las hembras o por lesiones graves de hígado y/o riñón en los machos. Estudios de mercadeo apuntan a que la mayor parte de los cereales con más probabilidades de contener maíz transgénico son los cereales para niños. La mayoría de los niños en EEUU están siendo alimentados con productos transgénicos de todo tipo (no solamente con maíz transgénico). Esto representa un experimento poco ético de parte de Monsanto ya que los efectos a largo plazo del consumo humano de los productos transgénicos son desconocidos. Según una comisión de APEDE, hay que hacer una campaña a favor de un movimiento nacional para informar al pueblo sobre los productos alimenticios geneticamente modificados. ¿Hasta cuándo continuará el gobierno privilegiando los negocios, olvidándose del derecho que tenemos los panameños de prevenir enfermedades y tener acceso a los mejores servicios de salud? Los gobiernos panameños no tienen remordimientos. En los últimos años sus políticas equivocadas en materia de salud han causado la muerte de neonatos, jóvenes, mujeres y hombres. Los negocios del gobierno con los alimentos de los panameños tienen una probabilidad de causar más muertes a corto plazo. Los especialistas en salud pública le han planteado al gobierno los peligros que implican sus políticas sin recibir respuesta alguna. Los médicos panameños luchan por el respeto a la salud de los panameños. Han denunciado como las políticas públicas recientes han aumentado los riesgos a la vida de una simple hospitalización, así como la disminución drástica del presupuesto en el campo de la salud pública. La introducción de los transgénicos abre otro flanco a favor de los negocios en contra de la salud de los panameños. 8 de agosto de 2013.

Relator denuncia abuso contra indígenas

El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Jaime Anaya, regresó a Panamá y nuevamente se fue con la impresión de que hay muchos problemas en el país. No dudó, sin embargo, en afirmar que en Panamá, “la preservación y el desarrollo de las culturas indígenas se debe, en gran medida, al reconocimiento de los territorios y de la autonomía indígena otorgada por el Estado panameño a varios pueblos indígenas del país a través del sistema de comarcas”. Se refirió a la Constitución Política de la República que contiene importantes disposiciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas del país”. A pesar de esta realidad, el relator señaló que “durante la última semana he observado que este fundamento es en muchos aspectos frágil y precario y que existen varias amenazas sobre los derechos de los pueblos indígenas que ponen en riesgo los avances logrados”. Agregó que “los pueblos indígenas me han expresado de forma reiterada su máxima preocupación ante la presencia de terceros en sus territorios, tanto dentro como fuera de las comarcas. Esta situación ha resultado en la perdida de grandes extensiones de tierras y recursos naturales indígenas, así como en la fragmentación del control y de la toma de decisiones que las autoridades indígenas ejercen en sus tierras”. Según Anaya, los sectores que abusan de los pueblos indígenas, “incluyen empresas privadas agrícolas y de turismo, ganaderos, colonos, así como mineros y madereros ilegales. Ante esta situación, quisiera hacer un llamamiento al Estado a cooperar con las autoridades indígenas para controlar y poner fin a estas invasiones”. El relator especial se refirió a las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, no mencionó de manera explícita la matanza de obreros indígenas en las fincas bananeras de Bocas del Toro en 2010. Tampoco se refirió a las muertes de campesinos indígenas en San Félix en 2012. En ambas ocasiones las muertes fueron el resultado de las órdenes del gobierno de disparar armas de fuego contra los manifestantes y sus familias. En forma indirecta, el relator puso el dedo en la llaga al declarar que “el desarrollo de grandes proyectos de inversión en los territorios indígenas de Panamá ha sido motivo de numerosas alegaciones de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en años recientes”. Anaya también habló de su visita a Panamá en 2009, “para examinar la situación de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan 75 y emití un informe con observaciones y recomendaciones al respecto. Desde entonces he continuado recibiendo información sobres proyectos hidroeléctricos y proyectos de minería que tienen un impacto sobre los territorios indígenas”. El relator también se denunció los abusos al señalar que “los pueblos indígenas afectados por estos proyectos alegan irregularidades en los procesos mediante los cuales se han obtenido las autorizaciones para la construcción de las hidroeléctricas. Se alega también una inadecuada distribución de los beneficios derivados de los mismos”. El relator evitó denunciar todos los casos particulares de abusos cometidos por las empresas nacionales y extranjeras que son protegidas por fuerzas de seguridad gubernamentales. Se refirió de manera explícita al caso del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, empresa mixta panameña-hondureña. “De mi visita a la Comarca Ngabe-Buglé, planteó Anaya, y de mis diálogos con representantes ngabe resulta evidente que aún existe una fuerte oposición al proyecto Barro Blanco. (Es claro que el embalse que creará) la represa del proyecto hidroeléctrico, actualmente en construcción, inundaría tierras de un área anexa de la comarca con una afectación directa sobre los habitantes de esta zona”. El relator de la ONU se fue abrumado por “las preocupaciones de los pueblos indígenas de todo el país sobre la falta de respeto y deferencia por parte del gobierno panameño hacia las decisiones de las autoridades indígenas, que se manifiestan incluso en el desempeño de funciones bajo su jurisdicción al interior de las comarcas. En este sentido, las instancias del Gobierno deben fortalecer su cooperación con las autoridades indígenas, incluyendo asuntos como la educación, la salud, el desarrollo económico, y la seguridad en las zonas fronterizas del país en las áreas de la Comarca Gunayala y la Comarca Emberá Wounaan”. Informó que el gobierno prepara un Plan nacional de desarrollo integral de los pueblos indígenas, “que podría resultar en un avance significativo si realmente se fundamenta en las aspiraciones de los pueblos indígenas y si se convierte en una acción efectiva que disponga del presupuesto requerido para ser implementado”. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de que el gobierno ratifique los convenios de las Naciones Unidas que reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas. Según Anaya, un “avance importante para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sería la ratificación del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas”. A pesar de los avances en esta materia, somos “uno de los pocos países en América Latina que aún no ha ratificado el Convenio de la OIT que complementa la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado con el voto afirmativo de Panamá”. 1º de agosto de 2013.