La democracia quiere una alternativa en 2014

Desde que el presidente Ricardo Martinelli expulsó de su gobierno al Partido Panameñista – que incluía al vice-presidente de la República, Juan C. Varela – la clase dirigente del país comenzó a poner la barba en romojo. Su partido político procedió a comprar diputados, alcaldes y concejales para asegurar su mayoría en la Asamblea Nacional y en los Consejos Municipales del país. Tanto los partidos de oposición, medios de comunicación, gremios empresariales y asociaciones cívicas mostraron alarma por la arrogancia y desfachatez del mandatario. En los últimos meses ha surgido en esos sectores un grito unísono de que la ‘democracia’ está en peligro. Hablan que el presidente Martinelli se ha vuelto en un ‘dictador’ ya que no acata lo que establece la Constitución Política de la República. Aseguran que se ha adueñado de los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También auguran que el Tribunal Electoral está a punto de sucumbir a las ambiciones del mandatario. Martinelli, dicen, se tomara el Tribunal Electoral removiendo uno de sus magistrados y reemplazándolo con otro de su elección. La última ocurrencia del presidente fue tratar de someter las decisiones del Tribunal Electoral a los fallos de una sala de la Corte Suprema de Justicia. Estos mismos sectores, sin embargo, no muestran mayor preocupación cuando el presidente Martinelli moviliza sus servicios militarizados para reprimir las protestas de campesinos, indígenas o trabajadores. Tampoco se oponen a las leyes que aprueba el gobierno que encarece la canasta básica, que abandona la infraestructura educativa nacional o que pone en peligro la salud de los panameños. Esos medios, partidos de oposición o gremios, tampoco reaccionan cuando el gobierno concede nuestras riquezas mineras o nuestros bosques, ríos, costas e islas. Miles de familias pierden sus medios de vida por un simple decreto presidencial o resolución municipal que los despoja de sus tierras. El despojo violento de comunidades enteras, que el pueblo observa en los noticieros de la televisión, es democrático, según los abogados de los que se autodenominan dueños del país, tanto del gobierno o de la oposición. En los medios escritos, audiovisuales y de otra índole lo llaman ‘progreso’: No hay que oponerse al ‘desarrollo del país’. La entrega de las minas, las represas hidráulicas, los proyectos inmobiliarios y la destrucción del agro es democracia. Aseguran que las inversiones extranjeras contribuyen al progreso. El pueblo panameño que no cuenta con empleos decentes, tiene trabajos precarios y cuyos hijos son objeto de persecución y encarcelamiento, observa como los políticos – representantes de los grandes empresarios del país – se enfrascan en pleitos verbales y luchas legales. Los voceros del gobierno, aseguran que sus políticas ‘clientelistas’ (repartición de jamones y favores) es democracia. Quienes se autodenominan la oposición, en cambio, aseguran que la ‘democracia’ es que en las próximas elecciones les toca ganar a ellos los puestos de elección popular. Es lo que el ‘Consenso de Washington’ llama la alternabilidad. Al presidente Martinelli le dicen que “robó durante cuatro años más que en los últimos 40 años”. Hay quienes dirían que ahora le toca a la oposición robar durante el próximo quinquenio. El gobierno y la llamada oposición coinciden plenamente en sus políticas para el próximo período 2014 a 2019. Ambos quieren seguir promoviendo las políticas de despojo de empleos e, igualmente, de tierras. Se apropian de los excedentes que generan el Canal de Panamá, los puertos, la posición geográfica del Istmo, los bosques y subsuelos, asegurando que eso se llama democracia y que no viola la Constitución. Con ese objetivo llenan las curules de la Asamblea de diputados fáciles de manipular, nombran magistrados a la Corte y cuentan con una ‘fuerza de orden’ cipaya. Martinelli es igual que los demás miembros de la clase dirigente del país. Tiene en la mira las riquezas nacionales, igual que los otros. ¿Es más hábil que sus pares? Hasta ahora ha demostrado que sí. Sin embargo, con el primer traspié puede caerse y no levantarse más. La cola que arrastra es muy larga. Entre sus actuales ‘amigos’ hay muchos que pueden abandonarlo fácilmente. Debe cuidarse especialmente de los que tienen sus oficinas en Clayton. Hermosas las palabras del presidente magistrado del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, cuando defendió la democracia panameña contra los últimos embates del gobierno. Le pidió a Dios que protegiera al país y su democracia. En la inauguración del Palacio electoral, dijo que “es necesario, defender cada adoquín de nuestra Plaza de la Democracia… para convertirla en ideal contra cualquier intención de corromper nuestra salud institucional”. En la parte más importante de su discurso, Pinilla dijo que la democracia no está en el procedimiento. Radica en el pueblo. El Tribunal Electoral está al servicio del pueblo. La Constitución es letra muerta si no se respeta su contenido que señala que el pueblo es el único soberano. En otras palabras, presidentes, diputados y otros funcionarios son mandatarios al servicio del pueblo. Todo indica que quienes se creen dueños del país nunca entendieron el significado de la democracia. El pueblo se cansó de los políticos de la clase dirigente panameña y busca otra alternativa totalmente nueva. 14 de noviembre de 2013.

Las futuras batallas de la juventud panameña

El 2 de noviembre pasado el Concejo Municipal de Panamá me invitó a pronunciar el discurso de fondo ante la tumba de los soldados de la independencia. Es una tradición centenaria de la ciudad capital que pretende rescatar la memoria de los héroes de la Patria y, sobre todo, destacar las tareas que nos exigen las generaciones del futuro. Consideré oportuno invertir el tiempo disponible en tratar de esclarecer cuales son las tareas que le compete a la generación que actualmente dirige el país para salir de la profunda crisis en que se encuentra Panamá. En el acto estaba presente el presidente Ricardo Martinelli, su gabinete, los miembros del Concejo Municipal y un nutrido público. Para lograr mi objetivo decidí comenzar por reivindicar a los ‘próceres’ de 1903 y, sobre todo, a la generación heroica que encabezó las jornadas de enero de 1964. Fue la audacia de los próceres la que dio pie para que a principios del siglo pasado se fundara la República. A su vez, en 1964 fue el sacrificio generoso de un pueblo – 23 mártires y 400 heridos – lo que señaló el principio del fin de la ocupación militar norteamericana de suelo panameño. La guerra por la soberanía fue la pieza central en la lucha de varias generaciones panameñas para avanzar con el proyecto de Nación, concebido por jóvenes de fines del siglo XIX y consolidado a mediados del siglo XX. Si en 1903 los comerciantes de la ruta de tránsito lograron romper con Bogotá – mediatizados por el pacto con EEUU – fue en 1964 que la gesta del 9 de enero, encabezada por la juventud panameña, sentó las bases para finiquitar la presencia neo-colonial de Washington. Destacamos cómo a los llamados próceres se les disminuye en su papel histórico. Igualmente, cómo se mancillan los sacrificios de quienes lucharon y sacrificaron sus vidas el 9 de enero. Con los soldados de la independencia a mis espaldas y los héroes del 9 de enero a mi diestra, le señalé a los presentes que “siempre hay una forma de torcer los hechos para servir propósitos egoístas. En la actualidad, todavía reprimimos a los estudiantes. Subordinamos a las mujeres. Condenamos al campesino-indígena a la servidumbre en sus propias tierras”. Subrayamos la falta de una cultura democrática en nuestro medio. A pesar de los avances realizados por el pueblo, todavía hay una oligarquía que cree que el país es su hacienda. El progreso ha sido lento. “No fue hasta diez años después de la independencia con Porras rodeado de una generación más joven de panameños, que emerge la cuestión de la democracia, de la soberanía y de la Nación como asuntos de Estado. Una generación más tarde Arnulfo Arias echaría las bases de una nacionalidad aún imperfecta con su discurso fogoso que capturó la imaginación de los panameños más humildes. La siguiente generación fue encabezada por Omar Torrijos que negoció la eliminación de la Zona del Canal, la evacuación de las tropas militares extranjeras y la entrega del Canal de Panamá. Torrijos se empinaba sobre esa gloriosa generación que encabezó la gesta del 9 de enero de 1964”. A pesar de ese progreso, aún enfrentamos una “crisis de identidad, de objetivos, de proyecto. El crecimiento espectacular de la economía a principios del siglo XXI, resultado de la ampliación del Canal y los reajustes a escala global, han generado nuevas riquezas, concentradas en muy pocas manos”. Enfrentamos grandes desafíos, igual que los próceres, igual que los caídos el 9 de enero. Le aseguramos a los presentes “que igual que en el pasado, surgirá una nueva generación que sabrá dar un paso significativo hacia la democracia anhelada, que continuará perfeccionando nuestra soberanía y seguirá construyendo el proyecto de Nación”. El diario La Prensa, vocero de los capitales más concentrados de Panamá, que nunca ha suscrito el proyecto de Nación de los panameños, tergiversó el acto celebrado en conmemoración de los soldados de la independencia. Pretendió convertir mis palabras en una arenga partidaria. Perdiendo el sentido de las proporciones confundió al Partido Revolucionario Democrático (PRD) con el alpinismo generacional iniciado a mediados del siglo XIX. En mi discurso fui claro cuando señalé que el 9 de enero hubo un solo héroe: el pueblo panameño. Si La Prensa cree que el héroe es una persona o un partido político está muy equivocado. Con más razón, está muy equivocada si cree que quien pronunció ese discurso suscribe la ideología, egoísta y personalista, propia de quienes dirigen sus páginas. Hay muchas luchas que aún tiene que librar nuestro pueblo y su juventud. La principal guerra que libramos los panameños es por nuestro proyecto de Nación, aún inconcluso. Sacamos las estacas clavadas en nuestro territorio, a pesar de la oposición oligárquica. Ahora corresponde dar la batalla por nuestra soberanía social y económica. A pesar de que los próceres navegaban en la incertidumbre, su audacia nos legó la República. Hoy nuestra juventud sabe qué país quieren los panameños. “Continuemos siendo audaces como los próceres pero con un destino claro y preciso – y una nueva dosis de audacia - como la juventud de enero de 1964”. 7 de noviembre de 2013.

La violencia institucional puede cobrar vida propia

En los últimos seis años la fuerza pública panameña (Policía Nacional y otros estamentos) ha estado involucrada en la muerte de 17 personas por negligencia y/o prepotencia. Desde la muerte de una empresaria en 2007 hasta el caso más reciente de los dos niños asesinados en San Carlos en 2013. Además, la contención de manifestaciones de protesta (la represión mal aplicada) por la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) ha sesgado la vida de otras 8 personas y dejado decenas de heridos desde esa misma fecha. La conmoción que se observa a nivel de la población panameña, sacudida por los incidentes fatales en los cuales están involucrados agentes de la Policía Nacional, no es el producto de un incidente aislado. El país se percata que está en un espiral de violencia institucional cuyo resultado final es impredecible. La opinión pública está muy preocupada ya que observa una conducta que sigue un patrón muy definido. Las fuerzas del orden han tomado la ley en sus propias manos con el aval de las autoridades. Pocos días después de la muerte de los niños en San Carlos, el dirigente sindical y aspirante a elección popular, Genaro López, fue encañonado por agentes de la Policía – junto a su familia – en la puerta de su casa. La Ley 74 avala la impunidad entre los agentes de la Policía Nacional con el beneplácito de las autoridades. En su momento, se pensó que la legislación garantizaría la lealtad de los agentes de la PN hacia las autoridades. Por el otro lado, las revelaciones de Wikileaks apuntan a una escalada en el uso de métodos extra-legales por parte de las autoridades y sus agentes para alcanzar objetivos políticos, ajenos a lo indicado por la ley y la Constitución. La pérdida trágica de vidas en San Carlos y el atentado contra el dirigente Genaro López forman parte de un patrón. La Policía Nacional recibe en forma indiscriminada entrenamiento militar bajo el supuesto de que la Institución (y el país) se encuentra en una 'guerra' contra las drogas. En ese enfrentamiento EEUU ha identificado a varios actores que deben ser objeto de represión: campesinos e indígenas. Estos, a su vez, según manuales de las fuerzas armadas de EEUU, pueden tener entre sus aliados a organizaciones políticas, miembros de la sociedad civil y gremios. Si el gobierno insiste en continuar recibiendo la asesoría de las ramas militares de EEUU para entrenar a su personal y desarrollar actividades militares, sólo se puede esperar un resultado catastrófico, que pone en peligro la vida de todos los panameños en forma permanente. A diferencia de la Policía, que tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos y la protección de la comunidad, el militar tiene como responsabilidad reprimir con la fuerza toda movilización que considere sospechosa. El Policía utiliza su arma de fuego como última instancia cuando enfrenta al sospechoso de cometer algún delito. En cambio, el militar saca el arma de reglamento en primera instancia para neutralizar o eliminar al enemigo en el campo de batalla. Estamos presenciando, desde un tiempo atrás para esta fecha, una tendencia en el que el uniformado de policía (el "secreta" de civil) está actuando cada vez más – en forma equivocada - como militar. Esto es resultado inmediato de un entrenamiento planificado y acordado por las entidades de seguridad tanto de EEUU como Panamá. Incluso, con la participación activa de militares de Colombia gracias a la invitación de EEUU. La población panameña siempre le ha tenido poca confianza a los estamentos policíacos y militares. Son las fuerzas que los gobiernos de turno – desde los tiempos de la colonia - activan para someter a los sectores subordinados. Más aún, a los sectores que no se someten a la injusticia y manifiestan su descontento. Es el caso de los trabajadores sindicalizados, los estudiantes, los campesinos, los pueblos indígenas y otros. En los últimos cinco años han sido varios los panameños asesinados por la Policía y estamentos militares (SENAFRONT). Decenas que han sido heridos producto de una represión muy desigual. Los estudiantes gritan y tiran piedras. Los campesinos bloquean caminos rurales y los sindicatos sacan pancartas. En cambio, las fuerzas del orden desenfundan sus armas de fuego. Si la percepción que tiene la población de la conducta de la Policía continúa deteriorándose estaríamos entrando en una fase muy peligrosa. Los políticos que hoy son 'autoridad' mañana abandonarán sus cargos, pero dejarán un gran desorden entre los estamentos que tienen la responsabilidad de proteger a los panameños. ¿Qué pasará mañana cuando la autoridad no avala el uso de armas por parte de los agentes que no respetan el reglamento vigente? ¿Se someterán los uniformados a los dictados de las nuevas autoridades que quieren respetar la ley? ¿Pensarán que la autoridad les está faltando el respeto? ¿Se creerán por encima de la ley? ¿Podrán conspirar y alterar el orden constitucional? Pareciera que la política del actual gobierno y sus ministerios encargados de hacer cumplir la ley nos llevan por un camino muy resbaloso y peligroso. Urge hacer los correctivos inmediatamente, de lo contrario el espiral de violencia institucional cobrará vida propia. 31 de octubre de 2013.

Frente Santeño contra la Minería

El Frente Santeño contra la Minería (FRESACOMI) vuelve a la carga y “exige el cierre de la Minera Cerro Quema por violación fragante de la concesión minera y por cometer numerosos atentados en contra del ambiente santeño”. El comunicado fue hecho público la semana pasada sin que los medios lo recogieran y reprodujeran. En la actualidad, Panamá cuenta con tres proyectos mineros que están acabando con el medio ambiente. Además, están explotando los yacimientos mineros sin beneficio alguno para el país. El más próspero es la mina Petaquilla en Donoso, Colón. Produce varias toneladas de oro que genera cerca de mil millones de dólares al año para sus dueños sudafricano-canadienses. Le sigue Santa Rosa, en Cañazas, Veraguas, abandonada temporalmente creando un problema sin solución para las comunidades agropecuarias del área. En la lista se destaca Cerro Quema, en Los Santos, cuya población tiene años de pedir que sus abusos se regulen. Todas las minas tienen en común que son a cielo abierto, produciendo efectos negativos sobre la vida humana, fauna y flora. Entre los aspirantes a la Presidencia de la República para 2014, sólo el candidato independiente Juan Jované ha señalado que pondrá fin a la explotación a cielo abierto de la minería en Panamá. El proyecto que duerme una larga siesta pero amenaza con despertarse debido a los altos precios del cobre en el mercado internacional es Cerro Colorado. Se encuentra en el corazón de la Comarca Ngobe Buglé y los expertos dicen que tiene reservas con un valor de 70 mil millones de dólares. En la actualidad, hay cierto interés en su explotación pero el costo social es muy elevado. Cerro Colorado presenta dos alternativas para viabilizar su explotación. Ambas muy caras. Por un lado, mediante un proyecto bien planificado que tome en cuenta la población que vive en el área. Por el otro, un plan represivo para aplastar y/o expulsar a la población ngobe del área. Cerro Quema en Los Santos está causando problemas desde hace varias décadas. Incluso, en 1997, por los abusos cometidos contra las comunidades de Azuero, fue clausurada y multada por el gobierno de aquella época. Los inversionistas encontraron la fórmula para regresar a la faena. Las comunidades de la región están obligadas a regresar al campo de batalla. El Frente Santeño Contra la Minería (FRESACOMI), agrupación de comunidades, gremios y asociaciones, encabeza la lucha contra la explotación minera irresponsable de la empresa. La semana pasada sacaron un comunicado que ningún medio publicó por las razones conocidas. Los santeños señalan que “se oponen al desarrollo de proyectos mineros en la provincia de Los Santos” y aprovechan de “expresar a la comunidad nacional su posición en torno a los desastres ambientales que durante los últimos meses se están produciendo en el proyecto minero de Cerro Quema”. El comunicado “denuncia los altos niveles de sedimentación a que están sometidos el río Quema y otras quebradas (quebrada Mala, quebrada El Africano y quebrada El Gallote). El Frente plantea que los daños son “una muestra evidente de negligencia ambiental de parte de Minera Cerro Quema S.A.” El Frente también denuncia que los daños llegaron a su máxima expresión en julio y “continúa sin control, debido a que los llamados muros de gaviones no han cumplido su cometido”. El Frente indica que “se construyeron tarde y sin los requisitos técnicos reglamentarios”. Según el comunicado, “las plataformas que se han edificado en el cerro generaron gran cantidad de tierra que fue tirada por la falda del cerro, inundando predios privados y acabando con bolsones de áreas boscosas”. Como consecuencia, las áreas colindantes han sido afectadas. Los ganaderos de la región están sufriendo páramos ya que las fincas colindantes no cuentan con las fuentes de aguas tradicionales. Según los miembros del Frente, el gobierno ignora los desmanes que realiza la empresa minera en Cerro Quema. El comunicado “hace del conocimiento público, así como de las autoridades competentes, que se han realizado perforaciones en zonas para las cuales no existe autorización... Es el caso de Idaida y La Pelona, todo ello a espaldas de los organismos reguladores del Estado panameño”. El Frente agrega que la empresa minera ha pasado por encima de leyes y reglamentos. “Se construyeron carreteras en terrenos privados sin la autorización previa de sus dueños, lo que representa una flagrante violación de la propiedad privada. En Idaida se hicieron dos perforaciones durante el mes de julio y otros dos huecos se perforaron en La Pelona”. Las comunidades santeñas alertan al país “sobre las inconsistencias de la Minera Cerro Quema, que son las mismas por las cuales se multó y cerró en el año 1997, lo que demuestra su alto nivel de irresponsabilidad, no sólo en lo atinente al tema ambiental, sino sobre las repercusiones futuras de un proyecto que parece estar destinado al fracaso y a la destrucción del maltrecho sector ambiental de la provincia de Los Santos”. El comunicado, firmado por los dirigentes Secundino Jaén y Arturo Moreno, concluye exigiendo a la ANAM y al Ministerio de Comercio el cierre de la mina en Cerro Quema por violar las cláusulas de la concesión. 24 de octubre de 2013.

Fracasó encuentro de la ‘Alianza’ y empresarios

Está reunido en Panamá el nuevo híbrido emergido de los laboratorios neoliberales desarticulados por la crisis financiera global de 2008, pero aún sobreviviendo gracias a las políticas de despojo. Se trata del IX Encuentro Empresarial Iberoamericano, promovido por los gobiernos de España y EEUU, que reúne una treintena de empresarios de la región y sus contrapartes peninsulares con varios jefes de Estado latinoamericanos. La reunión de los empresarios se efectúa casi simultáneamente con la XXIII Cumbre Iberoamericana de gobernantes del nuevo y viejo mundos que se inaugura mañana viernes en la ciudad de Panamá. Lo que distingue al Encuentro fue el intento de mezclar mandatarios, empresarios y facilitadores como Juan Cebrián y Carlos Montaner. Desde la década de 1990 los ‘think-tank’ norteamericanos proponen que las empresas con más éxito de la región deberían reemplazar a los gobiernos en lo que se refiere a la planificación y ejecución de las políticas públicas. No es casual que la reunión en Panamá sigue esos lineamientos que parecieran estar en la agenda de quienes controlan las altas finanzas internacionales. Los organizadores del Encuentro pretendieron, en un principio, reunir a los empresarios más poderosos de la región con los presidentes del grupo de países que conforman la ‘Alianza del Pacífico’. Este grupo es impulsado por EEUU para integrar un bloque capaz de subvertir la integración regional y, a la vez, bloquear comercialmente a China. Entre los mandatarios fueron invitados Sebastián Piñera (Chile) y Ollanta Humala (Perú), países dependientes de sus ventas mineras a China. Además, están los presidentes Enrique Peña (México) y Manuel Santos (Colombia). Ninguno de los mandatarios llegará hoy a la mesa redonda anunciada. Sólo apareció el presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Danilo Medina, de la República Dominicana, también amenaza con hacer una presentación. Los mandatarios de Costa Rica, Laura Chinchilla, y Ricardo Martinelli (Panamá), quienes aspiran ingresar a corto plazo a la Alianza del Pacífico, no mostraron entusiasmo con el encuentro. Los mandatarios de los países de la ‘Alianza del Pacífico’se caracterizan por sus posiciones ideológicas conservadoras y, además, por favorecer a la empresa privada mientras que reprimen a los trabajadores. Todos, a la vez, han celebrado tratados de comercio con EEUU que han debilitado a sus respectivas economías. Cada uno de estos países también ha celebrado, entre ellos, acuerdos bilaterales de promoción comercial. Los últimos en hacerlo fueron Panamá y Colombia que tienen una relación comercial asimétrica. A pesar del acurdo, Panamá no puede convencer a Colombia que abra sus puertas a la producción china que pasa por la Zona Libre de Colón. Están asistiendo al Encuentro empresarial, los ejecutivos iberoamericanos más poderosos. Se destacan en la lista Antonio Brufau, presidente de Repsol, quien encabeza la ‘Armada’ empresarial española. De los países miembros de la Alianza del Pacífico, están Carlos Yepes, presidente de Bancolombia, Blanca Treviño, presidente de Softek de México y José Graña Miro-Quezada, empresario de la construcción peruano. De otros países no miembros de la Alianza participan Isabel Novoa, del imperio bananero de Ecuador, Ricardo Poma, presidente del Grupo Poma de El Salvador, Ricardo Silva, vicepresidente del Banco Espíritu Santo de Sao Paulo, Brasil, Lorenzo Mendoza presidente de las Empresas Polar de Venezuela, Alejandro Bulgheroni presidente del Grupo OHL de Argentina y Pedro Heilbron, vice-presidente ejecutivo de la línea aérea COPA. Lo que tienen la mayoría de estos empresarios en común es que en los últimos 20 años han pasado de millonarios a convertirse en multi-millonarios. Además, se entienden muy bien con los personajes gobernantes de los países de la Alianza del Pacífico y con el mentor de la iniciativa, EEUU. El acercamiento de los empresarios con los presidentes es una muestra de las buenas relaciones de éstos con aquellos. Las políticas públicas en estos países han permitido elevar las tasas de ganancia de los empresarios sin que exista una correspondencia con el sector productivo. La llamada prosperidad que celebran los empresarios y sus contrapartes en el mundo gubernamental, sólo se puede aplicar a ese uno por ciento de la población que tiene acceso a los capitales especulativos que circulan aún en las economías estancadas. En España, cerca del 27 por ciento y más del 56 por ciento de los más jóvenes militan en el desempleo. En los países de la Alianza del Pacífico la desigualdad ha aumentado casi en un 50 por ciento. En EEUU las cifras son contundentes. En el caso de Panamá, el gobierno nacional se opuso a que se realizara la encuesta quinquenal del Banco Mundial a principios de año para no revelar la pobreza extrema en que ha caído un sector cada vez más grande de la población. La pieza faltante en la reunión empresarial es la creciente actividad militar en la región. Precisamente, en los países miembros de la Alianza los gastos militares se han multiplicado en los últimos años. Países como México y Chile han comprado armamento muy sofisticado. Colombia gasta cerca de dos mil millones de dólares al año en armamento. Panamá gastó más de 500 millones en los últimos tres años. El tema lo pueden agregar a la agenda a última hora. 17 de octubre de 2013.

El gobierno arremete contra la salud pública

Faltando 6 meses para las elecciones generales de mayo de 2014, el presidente Martinelli ha creado un ambiente de zozobra en el país, tanto en lo concerniente a lo social como también en lo político. En la primera semana de octubre provocó una crisis en el sector salud. Al mismo tiempo, arrastra problemas en el sector educativo, estudiantil, indígena y en el transporte. Los médicos y trabajadores de la salud han decretado un paro de labores en oposición a una ley aprobada a tambor batiente que pretende privatizar los servicios de salud tanto del gobierno nacional como los de la Caja de Seguro Social. A su vez, el presidente pretende abrirle la puerta a la contratación de médicos extranjeros en una operación ligada a la construcción de una ‘Ciudad Hospitalaria’. Esta ciudad es un complejo de edificaciones que tiene un costo de US$500 millones de dólares que pareciera estar desvinculada de las demandas de salud del país. Al igual que en el sector educativo, el gobierno actual maneja el sector salud como un negocio. Las estadísticas que arrojan resultados de morbilidad y mortalidad, así como en acueductos rurales o nutrición han sido descartadas. En materia de agua potable, enfermedades contagiosas y alimentación el país retrocede. Sin embargo, el gobierno celebra sus avances en el campo de las finanzas. Con satisfacción señala que las transacciones en salud benefician cada vez más a los inversionistas. Incluso, invitan a los especuladores a Panamá donde encontrarán terreno fértil para hacer ganancias a costilla de las pérdidas del pueblo panameño. Según los gremios médicos, la semana pasada una empresa española llegó a los centros de salud del interior con órdenes superiores de que debían asumir la dirección de los establecimientos. “En las provincias de Chiriquí y Coclé los representantes de 2 compañías españolas (Health Lean Logistics) se presentaron ante las autoridades alegando que eran poseedores de la Concesión Administrativa de toda la Red Primaria de Atención”. En 2012, la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) denunció el pago de 3.1 millones de dólares a una Consultora privada de España. Los médicos sospechan que hubo corrupción ya que un grupo de médicos panameños se ofrecieron para hacer la asesoría ad honorem. La oferta no fue aceptada por las autoridades de salud. La empresa española que recibió el beneplácito del gobierno para montar la “Red Primaria” es la misma que en ese país peninsular organizó la atención privatizada en Madrid y otras regiones. Según los gremios médicos la experiencia española ha “sido un estrepitoso fracaso” para la población. La Health Lean Logistic (HLL) es una empresa de Cataluña que se constituyó el 25 de mayo de 2004 en Barcelona. La empresa se ganó la licitación por parte de la CSS del sistema de aprovisionamiento y manejo de medicamentos así como de productos utilizados por los centros hospitalarios y sanitarios públicos del país. El importe de la adjudicación asciende a más de 3 millones de euros (equivalente a 4 millones de dólares) y tiene una duración de tres años. La resolución de Gabinete No 74 de 17 de mayo de 2011, que emite concepto favorable a la externalización de los servicios, está en abierta violación de la ley 51 de 2005 que “prohíbe externalizar servicios: Queda expresamente prohibida la externalizarían de aquellos servicios que la CSS se provee a sí misma y a los asegurados de manera formal, salvo en los casos en que la institución se encuentre temporalmente imposibilitada. En esta última circunstancia, las autoridades de la Caja de Seguro Social estarán obligadas a acelerar los procesos que permitan eliminar lo más rápidamente posible la adquisición externa de dichos servicios”. El objetivo del presidente Martinelli, según COMENENAL, es privatizar todo el sistema de salud del país. La empresa española Health Lean Logistics pretende dividir el país en tres regiones y crear concesiones administrativas privadas. Actualmente, los servicios de salud del sector público representan varios miles de millones de dólares. Según los gremios, el propósito de importar personal de salud especializado de otros países extranjeros sería para abaratar la mano de obra, destruir las organizaciones y someter a los trabajadores de la salud a condiciones económicas desfavorables. “La nueva legislación es la herramienta para crear mano de obra barata extranjera que maximice las ganancias de las compañías privadas”. El siguiente paso es rebajar los salarios de los médicos y otros trabajadores de la salud panameños. Los médicos también denunciaron la contratación directa - por un total de 15 años - de la administración de la futura Ciudad Hospitalaria de la CSS a una empresa privada. La Ciudad Hospitalaria pretende convertir ese centro de salud en el ‘hub’ de la región latinoamericana en esta materia. Sería una sucursal de los centros hospitalarios que existen actualmente en Houston, EEUU. El gobierno pretende que los concesionarios tengan clínicas con capacidad para atender ‘clientes’ extranjeros de toda la región. En medio del complejo se está construyendo un hotel para recibir a los ‘clientes’ (que ya no se llaman pacientes). Los panameños que serían atendidos en los diversos hospitales y podrían alojarse en el hotel tendrían que pagar precios competitivos a nivel internacional. Es decir, el 90 por ciento de los panameños no tendrían acceso a los servicios de las clínicas y hotel de la Ciudad Hospitalaria. Los médicos y otros gremios de la salud han planteado que se mantendrán firmes en su oposición contra los planes de privatización del gobierno. En su pliego exigen cuatro condiciones para poner fin al paro: En primer lugar, un compromiso por escrito y público del gobierno y las autoridades de salud a no seguir privatizando la salud. Además, que no se dé concesión administrativa alguna a la llamada ciudad hospitalaria. Exigen que tampoco se manipulen contratos ‘publico-privados’. A su vez, plantean que todo acuerdo pase por la Mesa del Diálogo que actualmente discute el nuevo Código Sanitario. En segundo lugar, piden la derogación de la ley aprobada sin consulta con los sectores interesados. También piden la “restitución de todos los colegas médicos, enfermeras, técnicos y funcionarios administrativos despedidos”. Plantean el “pago de todos los turnos extras adeudados desde hace 4 meses a todos los médicos, enfermeras, técnicos, funcionarios administrativos”. 10 de octubre de 2013.

Jované se compromete a reducir la canasta básica

La campaña a la Presidencia de la República del candidato independiente, Juan Jované, está presente en comunidades, centros de trabajo y en los programas de radio y televisión del país. En reciente entrevista radial, Jované destacó que su programa privilegia rebajar el costo de la canasta básica. Es decir, mitigar los efectos de la especulación de los grandes monopolios que controlan la economía nacional y combatir las políticas de despojo que ha disparado la inflación. Según Jované, “Panamá transita hoy por una situación de crisis. Pese al notable crecimiento económico, nos encontramos ante un modelo concentrante y excluyente, que está produciendo una crisis social sin precedentes que se expresa en varios aspectos: pobreza generalizada de la población, inflación y deterioro del poder adquisitivo de las familias, alto desempleo juvenil, inseguridad y criminalidad”. Además, la política actual también ha provocado el “debacle de los servicios sociales de salud y educación, crisis del sector agrícola con la consiguiente incapacidad de garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias, la progresiva destrucción ambiental y el deterioro de la finanzas públicas”. El periodista Edwin Cabrera le preguntó a Jované qué prioridades le asignaba su campaña a las acciones que tomaría cuando llegue a la Presidencia de la República. El candidato independiente respondió que entre los diez compromisos básicos de su programa, privilegia rebajar el costo de la vida y aumentar los salarios. Es decir, “defender a la población frente a la inflación y la especulación”. Jované introduciría un aumento general de salarios destinado a restablecer la capacidad adquisitiva pérdida de todos los panameños. Jované también dijo que “congelaría los precios de la canasta básica de bienes esenciales”. Señaló que para esto es necesario introducir nuevamente los mecanismos de control de precios. Este mecanismo debe abarcar tanto los alimentos, vestimenta, vivienda y, también, incluir la esfera de la energía (combustibles y energía eléctrica). Según Jované, el programa que le ha presentado al pueblo panameño plantea que la única solución a la crisis es desarrollando una estrategia que sea capaz de generar empleos productivos y bien remunerados. Actualmente, se vive la ficción del empleo informal que sólo arroja pobreza y desigualdad. Según el gobierno del presidente Martinelli, el desempleo afecta a sólo el 5 por ciento de los trabajadores panameños. Estas son estadísticas amañadas que no reflejan la realidad. Si se suma el empleo informal (40 por ciento) y el empleo parcial (10 por ciento), en Panamá la mitad de la población trabajadora está buscando empleo. Si se aplicaran las normas utilizadas hace apenas diez años para medir el desempleo, en la actualidad, el desempleo estaría cerca del 20 por ciento de la población económicamente activa. Jované es el único candidato que ha dado a conocer su programa de gobierno. En el pasado, los partidos tradicionales no dieron a conocer sus programas. El candidato independiente dice que el pueblo panameño merece que todos los aspirantes debaten en público y frente a frente los objetivos que persiguen. El 4 de mayo de 2014, cuando la ciudadanía vaya a las urnas, debe votar por un programa. Los partidos tradicionales pretenden comprar los votos con regalos o prebendas como ha sido la política en los últimos torneos. Según la respuesta que Jované le diera a su entrevistador radial, “los principios (de su campaña) se concretan en una estrategia de desarrollo económico y social”. Agregó que el “centro específico (del esfuerzo) es asegurar a todos los panameños y panameñas un trabajo digno que sirva de base no solo a la satisfacción de sus necesidades básicas, sino, además, a una vida sana y prolongada”. De esta manera cada panameño podrá “vivir con libertad y participar de manera activa, deliberativa y protagónica en la construcción de una real democracia y la consolidación de la nación panameña”. Ante una pregunta sobre su ideología, Jované respondió que se siente orgulloso de luchar junto al pueblo. Señaló que le había agradado la respuesta del papa Francisco a una pregunta similar. El obispo de Roma contestó que, definitivamente, “no era de derecha”. Subrayó la importancia de presentar con claridad los objetivos que persigue el programa de gobierno. Hasta ahora, los candidatos de los partidos tradicionales sólo repiten consignas huecas y gastan literalmente millones de dólares en contratar diseñadores gráficos – que llaman asesores – para vender imágenes a un pueblo frustrado. Al ser abordado sobre posibles alianzas, Jované fue positivo. Señaló que todo punto de partida descansaría sobre la discusión de los programas de gobierno. Si hay un acuerdo recíproco, entonces las diferentes organizaciones pueden caminar juntos. El programa del Movimiento Independiente de Refundación Nacional (MIREN) que lideriza Jované, va directamente al grano poniendo en primer lugar los intereses populares. Según el candidato, el programa sólo rechaza en forma contundente las políticas neo-liberales que han castigado al país y empobrecido a su población. “Esta estrategia, según Jované, apunta al fortalecimiento del sector productivo del país, en un esquema que aprovecha las ventajas del país en la esfera de los servicios de exportación, pero que también se propone el desarrollo de la base material de la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la agricultura y la agroindustria”. 3 de octubre de 2013.