Cambios radicales pide la juventud en Brasil

El levantamiento de la juventud urbana brasileña sorprendió a los ideólogos del neoliberalismo y a los medios de comunicación que responden a sus intereses. Lo cierto es que nadie esperaba que en el Brasil actual ocurriera un movimiento social tan abarcador que movilizara a un millón de personas en protesta por las políticas impopulares del gobierno.

Como consecuencia, la presidente Dilma Rousseff se reunió con representantes de los jóvenes y aceptó la necesidad de efectuar un plebiscito para iniciar una reforma política. La reforma política tendría como objetivo erradicar la corrupción del sistema político y promover la democracia participativa. Sin embargo, la presidente no mencionó medidas para atender los males heredados del neoliberalismo. La reacción oficial en torno a la propuesta sobre la “tarifa cero” en el sector transporte y las reformas en el sector salud fue considerada insuficiente por los representantes de los jóvenes insurrectos.

Las movilizaciones demostraron que América latina no es la región donde puede campear el neoliberalismo sin oposición. Las políticas neoliberales han causado enorme daño y el despojo que empobrece a las comunidades del continente ha creado un fuerte resentimiento que no puede superarse con meras buenas intenciones. El descontento popular en el país suramericano tiene sus raíces en las tasas de desigualdad más altas del mundo.

Los medios no esperaban el estallido del descontento en Brasil porque durante diez años las cifras presentaban un cuadro idílico del país penta-campeón mundial de fútbol. Según el Banco Mundial y la ONU, en los últimos diez años “la pobreza se ha reducido y 30 millones de brasileños han ingresado a la clase media. Más del 50 por ciento de los brasileños forman parte de la clase media en comparación al 38 por ciento de hace una década”.
Los ‘expertos’ agregaban que “en los últimos cinco años el ingreso del 10 por ciento del sector más pobre ha subido. Simultáneamente, fueron creados 18 millones de puestos de trabajo. Aproximadamente, 11 millones de familias están inscritos en el programa estatal “Bolsa familia” El salario mínimo fue aumentado este año a 330 dólares al mes”.

Según estos informes que distorsionan la realidad, los brasileños no deberían estar protestando. Los neoliberales insisten en que deberían estar festejando. El problema es que las cifras del Banco Mundial y de la ONU no reflejan la realidad. Son meras máscaras que fueron denunciadas precisamente por Luiz Inácio “Lula” da Silva y el PT durante las últimas 2 décadas del siglo XX. Son los mismos números que manipulaba el expresidente Fernando H. Cardoso, quien fue derrotado por Lula en las elecciones de 2002.

Según varios observadores, la protesta desencadenada por el alza del transporte se combinó con la pésima situación de los servicios de salud pública, el sesgo clasista y racista del acceso a la educación, la corrupción gubernamental (que obligó a Dilma a destituir a varios ministros) y la arrogancia tecnocrática de los gobernantes que ignoran las peticiones del pueblo: Mejorar la previsión social, impulsar la reforma agraria y atender los reclamos de los pueblos originarios ante la construcción de grandes represas.

Dilma tiene el poder para poner fin al descontento,  pero dice que hay intereses oligárquicos que no la dejan gobernar. Si no actúa con energía puede poner en peligro su presidencia y al PT: Tiene que dar un giro para alejarse de las políticas neoliberales. El PT y su dirección tiene que cumplir con la promesa reiterada por Lula una y otra vez antes de llegar a la Presidencia: “Poner fin a la política neoliberal y de despojo”.

Primero, introducir políticas públicas que generen empleos formales, multipliquen la productividad de los trabajadores y capture las enormes ganancias que son transferidas al exterior por las empresas trasnacionales. Las subvenciones introducidas hace 10 años respondían a una política de emergencia y Lula lo convirtió en un programa permanente.

En segundo lugar, movilizar al país – juventud, mujeres, obreros, campesinos y capas medias – para erradicar la corrupción y consolidar los programas de salud, educación y vivienda, entre otros. El pueblo brasileño tiene muchos recursos internos y un mundo para conquistar. Está exportando anualmente cerca de 100 mil millones de dólares (minerales y productos agrícolas) sin mucho valor agregado que debe invertir en desarrollo ‘incluyente’.

La alianza interclasista pregonada por Lula durante sus campañas presidenciales no incluía a los rentistas y latifundistas campeones de las políticas neoliberales.  Sin embargo, cogobernar con los neoliberales ha resultado ser desestabilizador y peligroso para Brasil. Esta política tiende a excluir a las mayorías que generan reacciones populares.

Según el sociólogo brasileño Emir Sader, lo más importante de la presente coyuntura es “la introducción del significado político de la juventud y sus condiciones concretas de vida y de expectativas en el Brasil del siglo XXI”. El planteamiento de Emir se proyecta con igual fuerza hacia el resto de la región latinoamericana.

Brasil tiene que transformar el boom de las exportaciones agro-mineras -  ‘reprimarización’ -  en una táctica temporal y no en una estrategia para el desarrollo. Aún no es tarde. Dilma tiene que asumir su papel. Tiene todo en sus manos. A los enemigos del pueblo brasileño, a los neoliberales, los puede derrotar en todos los campos. Sólo así puede iniciarse la construcción de la nueva sociedad que reivindica el PT.

27 de junio de 2012.

Porras, el fundador de la nueva republica

El Programa FLACSO de Panamá, el Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) y el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” (CELA), realizaron una mesa redonda sobre “Belisario Porras y la construcción de la Nación”. Los ponentes fueron Ana Elena Porras, Fernando Aparicio, Hernando Franco y el que escribe estas líneas.

En el acto se rindió homenaje a M. Octavio Sisnett, biógrafo de Belisario Porras y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá durante casi toda la década de 1980. Porras es considerado el presidente de la República quien consolidó la República, a principios del siglo XX creando las instituciones que perduran hasta el presente. También tuvo un papel importante en el desarrollo de las ideas liberales que dominaron el país a lo largo de varias generaciones.

En la mesa redonda señalé que Porras llegó a la Presidencia sobre la base de una amplia alianza entre las facciones liberales (moderadas y populares), los conservadores con intereses liberales y con el apoyo de EEUU. Porras incorporó a los conservadores, mediante nombramientos en los diferentes gabinetes y en el cuerpo diplomático (1912, 1918 y 1920). Nombró a conservadores frente al Ministerio de Hacienda, liberales moderados ocuparon las jefaturas de los Ministerios de Gobierno y de Relaciones Exteriores. Los liberales populares eran nombrados en los Ministerios de Educación y Obras Públicas. El manejo político de Porras era muy fino lo que le permitió gobernar en el marco de la democracia electoral durante 12 años.

La importancia de las figuras que sobresalen en la historia no debe subestimarse. Generalmente, aparecen en momentos de cambios significativos en el desarrollo de una sociedad o a escala global. En el caso de Panamá, existe cierto consenso que en el siglo XX hay tres figuras que presentaron características especiales. El más reciente, fue el general Omar Torrijos, quien desde la Guardia Nacional fue jefe de gobierno en la década de 1970. Apareció en forma sorpresiva después de un golpe de estado militar en 1968 que tenía como tarea resolver una crisis de hegemonía al interior de las fracciones de la clase dominante panameña.

Un caso más complejo fue la figura de Arnulfo Arias quien participó en un golpe de Estado en 1931, planeado por un sector de las capas medias. La juventud ascendente estaba frustrada en medio de la crisis provocada en aquel entonces por la recesión económica global que paralizó la economía nacional. La persona de Arias, sin embargo, no condensó las múltiples contradicciones sociales hasta 10 años más tarde cuando ganó las elecciones presidenciales en 1940 e introdujo reformas sustanciales.

Quizás el más rico en determinaciones, es el caso de Belisario Porras quien llega al poder político tras elecciones en 1912 pero con antecedentes que se remontan a la guerra civil de los Mil Días (1899-1902). En ese trágico evento se consolidó una alianza clasista que incluyó trabajadores (arrabal), pequeños productores agrícolas (Azuero) e, incluso, comerciantes, industriales y agroindustriales. Porras se convirtió en el gran caudillo porque fue la persona que representó mejor los intereses contradictorios de esas clases sociales.

Los tres momentos descritos (Porras, Arias y Torrijos) tenían en común un factor: el cambio significativo en la correlación de fuerzas sociales. Cada uno de los ‘caudillos’ se prestó para servir de guía en la búsqueda de una solución a la crisis de hegemonía. La pregunta que tendríamos que hacernos es si efectivamente tuvieron éxito. La historia, a simple vista, quizás nos diría que no. Después de una década en el poder, Porras terminó frustrado entregándole la Presidencia a una fracción vinculada al gran capital agrario aliado a los rentistas tradicionales. Arias fue objeto de tres golpes de Estado (1941, 1949 y 1968) y dos fraudes electorales (1964 y 1984). Torrijos fue “accidentado” en 1981, interrumpiendo su gestión gubernamental después de anotarse varios triunfos importantes.

Hernán Porras diría que en 1903, el movimiento separatista de los próceres se fraguó al calor de una conspiración para “recuperar la hegemonía perdida” por los rentistas y el Partido Conservador. Los ‘blancos capitalinos’ como los llamaría Hernán Porras, eran conscientes que los pequeños productores agrícolas del interior y sus aliados del ‘arrabal’ (Partido Liberal) se habían apoderado del Istmo – constituían el poder hegemónico - a pesar de su derrota en la guerra civil. El Ejército colombiano no era suficiente garantía para resguardar los intereses de la oligarquía asentada en la ciudad de Panamá, colgada sobre el Pacífico. Por esa razón pactaron con la potencia emergente de EEUU y garantizaron su protección.

Para complementar este análisis de Hernán Porras, podemos decir que casi 90 años más tarde, perdida nuevamente la hegemonía, la clase rentista-financiera panameña la vuelve a recuperar de la mano de la invasión militar norteamericana de 1989. La burguesía ‘nacional’ y sus aliados productivos fueron rebasados por la fuerza militar extranjera que le devolvió el poder a los ‘conservadores’.

Porras cuestionó la dominación oligárquica pero no la enfrentó en la medida en que contaba con el apoyo de EEUU. Entre 1912 y 1924 presidió tres gobiernos “populistas” que incorporaron las fracciones excluidas por la oligarquía y que sirvieron de antesala a las grandes batallas nacionalistas de mediados del siglo XX. En el marco de este análisis examinamos la figura de Belisario Porras. En primer lugar, el proyecto de nación de los liberales populares. En segundo lugar, Porras el estadista y la transformación de la correlación de fuerzas. En tercer lugar, Porras el republicano y fundador de la nueva Republica.

20 de junio de 2013.

¿Dónde está Marta?

 

 

Todos los panameños, no importa de qué clase social o estrato económico, hacen esfuerzos por entender quiénes somos y, sobre la base de ese conocimiento, proyectar su futuro. Es verdad que la mayoría de nosotros no somos conscientes de esa lucha cotidiana que nos embarga. Pero la pregunta siempre pasa por nuestras mentes (inadvertida) cuándo esperamos el bus en una parada improvisada (inexistente) que le costó al contribuyente cerca de 30 mil dólares. O cuando la joven ejecutiva privilegiada busca en su auto los caminos más rápidos para navegar por la ciudad de Panamá concebida para ‘hacer negocios’. Gobiernos nacional y municipal ignoran por completo a su gente y sus necesidades. La clase social que controla los resortes del poder sólo le preocupa ‘hacer negocios’.

Por estas razones, creo que urge preguntarnos dónde está Marta. Sí, Marta. A la MARTA que me refiero es el Museo Antropológico Reina Torres de Arauz. Ha desaparecido bajo los escombros que excreta la clase social dueña del país. Después de la invasión militar norteamericana de diciembre de 1989, el gobierno de turno observó plácidamente como sus riquezas arqueológicas fueron saqueadas por la soldadesca extranjera que se adueñó del país durante esas traumáticas semanas. Esa misma clase social sin historia y sin proyecto de nación decidió trasladar el Museo Antropológico Reina Torres de Arauz (MARTA) de su emplazamiento majestuoso en la Plaza 5 de Mayo a un lugar inhóspito e inaccesible en la antigua Zona del Canal (‘áreas revertidas’). Aún más inaceptable, las piezas históricas del museo que sobrevivieron la invasión están guardadas en cajas en un sótano húmedo.

Hemos sido malos panameños con nuestro pasado, nuestros antepasados, toda nuestra historia. La clase dominante (y gobernante), asistida por una clase política anodina, imbuida por la lógica de sus amos que sólo piensan en ‘hacer negocios’, quiere borrar nuestra historia republicana y, además, hacer inaccesible el pasado ancestral.

En ese sótano de MARTA están los antecedentes de las luchas de nuestra juventud que se enfrentó al ocupante en el siglo XX. En la humedad de ese sótano podemos encontrar el coraje y rebeldía que caracteriza al pueblo panameño del siglo XXI. En esas cajas amontonadas por una burocracia disciplinada está la llave que nos permitiría comprender los retos que debemos enfrentar para construir el país que queremos para nuestros hijos.

La enorme energía de Reina Torres  fue clave en la creación del Museo Antropológico que hoy lleva su nombre. Según Ricardo Ríos, MARTA ha sido “vejado por los directivos del Instituto Nacional de Cultura (INAC) y del Ministerio de Educación. Actualmente, sus instalaciones (en las áreas revertidas) son centro de exposiciones de dinosaurios y de réplicas de otras culturas”. Ríos se pregunta “¿dónde están las expresiones de nuestra cultura? ¿Qué hicieron con ellas? ¿Las desaparecieron como las esculturas de los niños y los juegos de antaño? ¿Quiénes tienen nuestra orfebrería, cerámica y artesanía precolombina? ¿Qué hicieron con las esculturas de la cultura de Barriles? ¿Por qué el INAC y MEDUCA no organizan una gran exposición con los recientes descubrimientos de los tesoros arqueológicos de la cultura del Gran Coclé?”
Los llanos del Chirú son el asiento de la cultura del Gran Coclé. En su subsuelo se encuentran las piezas de una cultura que puede despejar nuestras dudas sobre el pasado del istmo. En el sitio Conte, nos recuerda Ríos, “se produjo el primer encuentro arqueológico (a principios del siglo XX). Eran los tiempos de la ‘Patria Boba’. Hoy sus principales piezas de orfebrería se exhiben en EEUU”. A pesar de que Reina Torres de Araúz hizo todo por rescatar las piezas, la desidia oficial impidió que sus diligencias tuvieran éxito.
En la actualidad, en El Caño, área del río Grande de Coclé, un equipo de arqueólogos está trabajando en lo que parece que era un sitio ceremonial. Es un conjunto funerario de seis tumbas que son de un período entre los años 750 a 1000 d.C. El trabajo del equipo, que encabeza la panameña Julia Mayo, se inició en 2005 y en 2009 se produjo el descubrimiento del primer entierro.

Según Ríos, “el inventario nos habla de 120 ajuares de oro y cobre, múltiples adornos, placas para las aljubas o camisas y las orejeras, incluye también valiosa cerámica. Reina Torres de Araúz ya nos hablaba de las distintas técnicas usadas por nuestros aborígenes y sobre la influencia de los aztecas, mayas e incas”. ¿Dónde está MARTA? Sin duda, hay que sacar a Marta de su ocultamiento. Debería ser la institución a la cabeza de un movimiento de rescate de nuestro pasado arqueológico. Todos los jóvenes deben tener la oportunidad de visitar estos sitios que presentan nuestro pasado y constituyen la llave hacia ese mejor futuro que los panameños anhelamos. Deben tener a su disposición en MARTA la exhibición de nuestro pasado precolombino. Al igual que los combates encabezados por nuestra juventud para recuperar la antigua zona del canal y nuestra soberanía en el siglo XX, Coclé es una región valiosa para el devenir panameño. Fue el centro de una rica cultura y, además, como dice Ríos “cuna de Victoriano Lorenzo”.

13 de junio de 2013.

Los abusos de los inversionistas extranjeros

Las organizaciones populares de la región latinoamericana no ignoran los posibles estragos que puede causar el flujo de inversiones extranjeras que se realizan sin regulación alguna. Un total de 120 entidades no gubernamentales de América latina, EEUU y Europa suscribieron un documento donde le piden a sus gobiernos que desarrollen políticas más consecuentes con las inversiones extranjeras que invaden a sus respectivos países.

En la actualidad, la pérdida de confianza en los mercados europeos y norteamericanos está creando un flujo masivo de capital hacia América latina y otras regiones. Para atraer estas inversiones, muchos países descuidan sus economías permitiendo la entrada de capitales de dudosa procedencia. La proclama de las organizaciones populares se realizó en el marco de la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales. El encuentro que se realizó en Guayaquil, Ecuador, el 22 de abril pasado, mostró preocupación por los abusos de las empresas trasnacionales en contra de los países de la región.
En forma puntual, las organizaciones sociales consideran “que los acuerdos
internacionales de inversiones – como los tratados bilaterales de inversión y los capítulos de inversiones en los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los acuerdos de ‘asociación’ – son parte de la arquitectura de impunidad de las empresas transnacionales. Como tal amenazan los derechos de los pueblos y de la naturaleza, la soberanía así como a la democracia y el interés público”.
En un artículo anterior señalamos que en 2012, América latina recibió 173 mil millones de dólares provenientes de fuentes extranjeras. Los tratados y pactos de libre comercio sirven como paraguas para estas empresas inversionistas que logran extraerles a los gobiernos huéspedes ventajas y favores especiales. Según la proclama, “estos acuerdos consolidan aún más la asimetría de la ley donde los derechos y el poder de las corporaciones están protegidos por una ‘ley dura’ y priman sobre los derechos de los pueblos y comunidades. Creemos que los Estados nacionales deben tener no sólo la obligación sino también la plena libertad de establecer y aplicar legislaciones y políticas públicas a favor de los pueblos y el medio ambiente y en cumplimiento de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sin la amenaza de coacciones y demandas del capital transnacional”.
En la región todavía hay muchos países que moldean sus legislaciones para acomodar a las empresas trasnacionales. No existe un espíritu empresarial por parte de los inversionistas extranjeros. Más bien se impone un criterio de despojo y de ‘ganar o ganar’. Muchas empresas incluyen cláusulas en sus contratos de inversión que obligan a los gobiernos a pagarles si sufren pérdidas. Más aún, muchos gobiernos se han visto forzados a pagarles a los inversionistas extranjeros las ganancias a futuro de las empresas que abandonan el país. “Por eso, dicen las organizaciones populares, desde hace muchos años impulsamos y formamos parte de campañas a nivel nacional, regional e internacional… contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones, el ALCA, la OMC y su ampliación: (Igualmente contra) los TBI y los TLC entre la Unión Europea, EEUU y Canadá y los países llamados en vías de desarrollo… También rechazamos el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPPA, por sus siglas en inglés) y la Alianza Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por su sigla en inglés)”. El mundo de siglas que representan las distintas formas de despojo debe ser combatido. La organización promueve “una nueva arquitectura financiera y comercial y desarrolla la campaña global contra el poder corporativo, entre otras”.
Las organizaciones recomiendan tomar tres medidas concretas contra las inversiones extranjeras que pretenden despojar a la región de sus riquezas. En primer lugar, “impedir inversiones dañinas de empresas y asegurar que sea respetada su soberanía, su
autodeterminación y los derechos de los pueblos”. En segundo lugar, “rechazar las demandas de inversionistas en tribunales internacionales y los fallos arbitrales multimillonarios que sólo velan por los intereses del capital transnacional”.
En tercer lugar, “respaldamos la creación de un Observatorio Internacional sobre litigios en materia de inversiones, la constitución de la Conferencia permanente de Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales y la búsqueda de acuerdos
globales entre los países del Sur que refuercen la defensa de nuestros pueblos y países frente a la acción de las empresas transnacionales”.

Hay que destacar que la Declaración hace referencia a la necesidad de crear mecanismos permanentes de interlocución con las organizaciones sociales. Estos mecanismos pueden ser un paso propicio hacia la creación de un proceso de participación directa de los pueblos y movimientos. La declaración señala que las organizaciones populares  pueden contribuir con “el conocimiento y la capacidad acumulado durante décadas de trabajo. Quedamos pendientes de la convocatoria a un diálogo inicial sobre cómo avanzar en la concreción de estos mecanismos”.
Para cumplir con esta responsabilidad, las organizaciones que firman la declaración solicitan “la información relacionada con las propuestas que se están avanzando. Entre otros, el mecanismo regional de solución de disputas inversor – Estado, actualmente en negociación, en la UNASUR, para así poder tener una participación sustantiva al respecto.

Una política renovada y orientada hacia el desarrollo integral debe garantizar que cada centavo invertido en el país redunde en beneficio de sus respectivos pueblos.

6 de junio de 2013. 

América latina y las inversiones extranjeras

América latina se ha convertido en la región más cotizada del mundo si se mide según las inversiones extranjeras directas que recibe. En los últimos años los ‘negocios’ que ofrece la región se han multiplicado como hongos. Este crecimiento se ha dado especialmente en el renglón de la minería, también en el agro, las finanzas y otras inversiones de carácter especulativo. El incremento es, en gran parte, resultado de la gran demanda de materias primas que realiza China en forma consistente durante los últimos tres lustros.

Los países de América latina recibieron 173 mil millones de dólares en concepto de inversiones directas extranjeras en 2012. La cantidad superó en un 6 por ciento la suma correspondiente a 2011. Casi duplica la inversión extranjera recibida a principios de siglo. Al mismo tiempo, las rentas que pagaron los países de la región a sus acreedores también aumentaron en forma significativa. En 2012 la región casi alcanzó a EEUU. Este recibió un total de 175 mil millones de dólares. China ocupó el segundo lugar con 110 mil millones en el mismo año.

Hay que hacer la salvedad que las inversiones directas extranjeras en EEUU, China y América latina reciben un trato legal muy distinto. En EEUU sólo se aceptan si benefician a los monopolios de ese país. En China hay una regulación muy estricta que no permite que los inversionistas se lleven las ganancias. En cambio, en América latina cada país tiene sus propias reglas que generalmente son muy flexibles y favorecen al inversionista extranjero.

Entre 2002 y 2011, sin embargo, los pagos de los países latinoamericanos a empresas que hacen inversiones en la región se multiplicaron cinco veces (un 500 por ciento). Pasaron de 23 mil millones en 2002 a 115 mil millones dólares en 2011, según la CEPAL. La secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo que la rentabilidad seguirá elevada en los próximos años, favoreciendo las repatriaciones de divisas. La CEPAL recomienda a los gobiernos que impulsen políticas que vinculen el enorme flujo de inversiones con cambios estructurales de sus economías. Si no se adoptan políticas adecuadas, pronto las exportaciones de rentas por las inversiones extranjeras superarán las entradas. Las recomendaciones de la CEPAL no son bien acogidas por la mayoría de los países, especialmente Panamá.

“En promedio, agregó Bárcena, cada millón de dólares crea tres puestos de trabajo”. Las inversiones extranjeras no son necesariamente un beneficio. Pueden resultar muy negativos si no son parte de un plan de desarrollo.

Brasil fue destinataria de 65 mil millones de dólares y consolidó su posición como principal destino de las inversiones en la región. Chile y Colombia atrajeron 30 mil y 16 mil millones de dólares, respectivamente. Tanto Brasil como Chile son grandes exportadores de materias primas a China. En el caso de Brasil, exporta hierro y productos agrícolas. Chile es un exportador de cobre.

En América del Sur, exceptuando Brasil, el sector minero siguió encabezando las inversiones extranjeras con el 51 por ciento. En Brasil, a pesar de ser una potencia minera mundial, sólo representó el 13 por ciento de la inversión extranjera. El sector industrial fue el más importante para Brasil, capturando el 38 por ciento de la inversión extranjera.

Cuando se analiza el comportamiento de la renta según sector se destaca la alta rentabilidad de las industrias extractivas. La inversión extranjera directa dirigida a la minería, tiene una rentabilidad superior a la media. La demanda china de materias primas puede sufrir una desaceleración en los próximos años. Los analistas plantean que la economía de ese gigante asiático demandará productos semi o totalmente elaborados. En este caso, estarían en posiciones más ventajosas México y Brasil. De todas maneras, seguirían siendo economías dependientes de polos de desarrollo ajenos a su propia dinámica.

En el caso de Centro América, la región recibió  8.876 millones de dólares en inversiones extranjeras. Es decir, un poco más del 5 por ciento del total latinoamericano. La suma representó un aumento del 7 por ciento en comparación con el 2011.

En 2012 Panamá fue el mayor receptor de inversión extranjera en el istmo centroamericano con 3 mil millones de dólares, seguido por Costa Rica con 2.3 mil millones, Guatemala (1.2 mil millones), Honduras ($1 mil millones), Nicaragua (810 millones) y, por último, El Salvador con 516 millones de dólares. La CEPAL también advierte que las inversiones directas extranjeras pueden crear condiciones muy desfavorables – “reforzando los patrones de especialización vigentes” - si los gobiernos no regulan la entrada de capitales a los países de la región.

Panamá es uno de los pocos países donde no existen reglas de juego para las inversiones extranjeras. La mayor parte consiste en el llamado ‘capital golondrina’ que entra y sale, despojando la economía local de sus riquezas. En 2011 EEUU representó el 60 por ciento de las inversiones extranjeras en Panamá. Colombia el 20 por ciento y Venezuela el 10 por ciento. Las dos terceras partes de las inversiones fueron en los sectores Finanzas y Comercio. En el último lustro, Panamá no sólo experimentó un proceso de desindustrialización. Su planta industrial que sobrevivió fue vendida a capital extranjero: las galletas Pascual, las lecheras Bonlac y Estrella Azul, el café Durán, las cervecerías Nacional y Del Barú, así como el transporte colectivo urbano Mi-Bus. Por último el Banco del Istmo, vendido a HSBC-Panamá que, a su vez, fue comprado por Banvivienda de Colombia.

30 de mayo de 2013.

Crisis energética exige responsables y renuncias

Las renuncias de los ministros de Estado que acompañan la gestión del presidente Ricardo Martinelli deberían estar a la orden del día. Para comenzar, el ministro de Comercio e Industrias por el manejo irresponsable y peligroso en la generación de energía eléctrica. También es de rigor que el ministro de la Presidencia presente su renuncia por el fracaso estrepitoso de los cambios introducidos al sistema de transporte público de la ciudad de Panamá. Igualmente, le corresponde renunciar, en forma efectiva (‘no irrevocable’), al ministro de Seguridad por desobedecer la Constitución y permitir que efectivos de fuerzas armadas extranjeras se desplacen por el país y construyan campamentos. A los ministros de Obras Públicas y Vivienda les corresponde abandonar sus cargos como consecuencia de las tragedias fatales causadas el año pasado y que se repetirán este año por estar haciendo negocios a costilla de la vida de las familias que viven en comunidades propensas a inundaciones.

A la lista de las renuncias que la ciudadanía espera, hay que agregar a la ministra de Educación quien cerró los planteles educativos durante tres días por la crisis de energía provocada por la desidia administrativa del gobierno. Al ministro de Asuntos del Canal de Panamá, por permitir que los empresarios en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sigan desviando los enormes ingresos que recibe - por concepto de peajes - hacia programas contrarios a los intereses del país. El ministro de Desarrollo Agropecuario urge que se separe de su cargo por la ruina que ha causado su política de importación de alimentos a cien mil agricultores y campesinos. El canciller debe asumir la responsabilidad por el exabrupto del presidente Martinelli al negar que le había enviado sus felicitaciones al presidente Nicolás Maduro. El ministro de Salud debe cederle su lugar a alguien políticamente mejor preparado para ejecutar los programas preventivos y, además, resolver la crisis absurda de la basura.

No se escapan de la lista los ministros de Gobierno, Trabajo, Economía y Desarrollo Social quienes abandonaron sus responsabilidades para dedicarse a otros negocios. Quizás quienes deben abandonar en forma más urgente sus cargos - antes de que pongan en serio peligro la integridad de la República - es el equipo que maneja la política de energía. En este grupo hay fuertes intereses ligados a la construcción de hidroeléctricas, la explotación minera y la exportación de electricidad al mercado norteamericano. Son intereses de grandes trasnacionales asociadas a familias panameñas que ocupan los puestos más altos de la administración pública y de la oposición.

Según informaciones proporcionadas por autoridades nacionales, la crisis energética fue provocada por una decisión equivocada de reducir el nivel de agua de las represas de Fortuna (en Chiriquí) y de Bayano (en Chepo), debido a que la época de lluvia ‘invierno’ se acercaba. El primer error se cometió cuando se decidió trabajar con una reserva de agua de 15 días en vez de la normal que son 30 días.  Cuando se dieron cuenta que hicieron mal sus cálculos – con quizás qué criterio empresarial – no procedieron – segundo error -  a organizar la población para enfrentar la emergencia. Al contrario, cometieron el tercer error y cerraron las escuelas dejando a cerca de 1 millón de estudiantes varados. Este error tiene repercusiones sociales profundas. Además, no responde a estrategia alguna. Los centros educativos del país sólo consumen el 3 por ciento de la energía que genera el país. Todo el sector público consume el 16 por ciento. En cambio, el sector comercial consume el 47 por ciento.

El cuarto error fue seguir suministrando energía a los antros de vicio como los casinos, burdeles y otros centros nocturnos afines. Si hubieran cerrado sólo uno de los ‘mall’ (centros comerciales) de la capital habrían ahorrado la energía que consume una ciudad entera del interior del país.

El quinto error es no tener un plan de contingencia para el futuro. La política actual de producción energética – y que seguirá vigente - responde exclusivamente a los intereses de los especuladores nacionales y extranjeros. Estos intereses son, en primer lugar, prepararse para la demanda de las explotaciones mineras de Petaquilla y Cerro Colorado. Segundo, satisfacer la demanda del mercado internacional para lo cual el país se está conectando a la red mesoamericana que va desde Colombia hasta California, EEUU, pasando por Centro América y México. En tercer lugar, cubrir la demanda del área metropolitana que rodea el Canal de Panamá.

En ningún momento se contempla la necesidad urgente de proveer con electricidad a las 500 mil personas que actualmente no cuentan con luz en el país. Según un centro de investigación nacional “la crisis del sector eléctrico requiere de una solución política que abra espacio a las fuerzas populares y democráticas en la solución de los mismos. La crisis del sector eléctrico es una muestra que este Estado es insostenible y que es urgente su transformación profunda”.

Se necesita, agrega, “un sentido del desarrollo con equidad, asegurando la más alta eficiencia y eficacia energética”. Para ello urge la renuncia de los ministros del consejo de gabinete que colaboran con el presidente Martinelli.

23 de mayo de 2013.

Martinelli triunfa en las primarias del CD

Las primarias del Partido Cambio Democrático (CD), celebradas el 12 de mayo, arrojaron un triunfo mediático contundente para el presidente Ricardo Martinelli. Según las cifras oficiales, el 40 por ciento de los miembros del CD salieron a depositar su voto por los pre-candidatos a la Presidencia de la República. Martinelli celebró, al final de la jornada electoral interna, como si hubiera ganado las elecciones generales que se efectuarán en mayo del próximo año.

Martinelli es conciente que el camino que emprende su partido político hacia las elecciones de 2014 será escabroso, cuesta arriba y lleno de obstáculos. Su gestión, que se inició en 2009, ha enajenado a un pueblo cansado de los exabruptos de sus acciones: cortes de agua, colapso del sistema de transporte urbano, recortes en los programas de salud, deserción escolar, crisis de la seguridad social y daños irrecuperables al ambiente, entre otros. Además, ha reprimido trabajadores, campesinos, pescadores, pueblos indígenas, educadores, trabajadores de la salud y otros sectores sociales. En cambio, ha beneficiado a especuladores, traficantes, financistas, tanto nacionales como extranjeros.

El balance medido en términos electorales es negativo. Sin embargo, cuenta con una ventaja que no tienen sus oponentes: Controla todos los resortes del poder. En principio, le da mucho margen de acción para crear situaciones que le favorece.

En las primarias del CD salió victorioso José Domingo Arias, ex ministro de Vivienda, quien no cuenta con una trayectoria política, pero fue favorecido por el presidente Martinelli. El CD no le ofrece a Arias una ‘maquinaria’ electoral propia. Sin embargo, cuenta con la organización electoral de los 18 diputados ‘tránsfugas’ del PRD y del Partido Panameñista (actualmente en la oposición), con recursos económicos y con el respaldo del presidente Martinelli.

A pesar de que la campaña no se iniciará formalmente hasta principios de 2014, con la selección de Arias como candidato a la Presidencia del CD, ya se rompieron todos los protocolos. Sólo falta que el Frente Amplio por la Democracia (FAD) anuncie su candidato y que Juan Jované obtenga la bendición del Tribunal Electoral para lanzar su candidatura independiente, para que se complete el panorama definitivo. Tanto el FAD como Jované representan fuerzas sociales populares que han estado ausente de los torneos electorales panameños por 30 años.

En la actualidad, Juan C. Navarro, del PRD, encabeza las encuestas con un 36 por ciento de las preferencias. Sus contrincantes lo acusan de no presentar un perfil opositor convincente frente a Martinelli. Quienes lo defienden plantean que no tiene que tomar la ofensiva si su táctica hasta ahora ha funcionado. El candidato presidencial del Partido Panameñista, Juan C. Varela, no ha podido levantar su perfil. Aún no supera el 20 por ciento de las preferencias electorales. Varela es el actual Vicepresidente de la República. A pesar de haber roto con Martinelli, su imagen sigue siendo asociada con el actual gobierno. El candidato del CD, J. Domingo Arias, obtuvo el 8 por ciento de las preferencias electorales en una encuesta realizada esta semana. Las expectativas son de que aumente en las próximas semanas. Si no logra superar el 15 por ciento entre mayo y junio se encontrará en serios problemas. Si para septiembre u octubre no alcanza el 30 por ciento, el presidente Martinelli tendrá que pensar en nuevas opciones si piensa continuar en el poder.

A diferencia de los partidos tradicionales de la burguesía panameña, el FAD sólo puede ganar en esta contienda electoral. Ha demostrado poder de convocatoria, a pesar de no contar con recursos. El FAD es una alianza de fuerzas sociales donde se destacan el sindicato de los trabajadores de la construcción, sectores de los educadores y estudiantes, así como un grupo compacto de intelectuales de izquierda. Su objetivo, aparente, es consolidar su presencia en la arena política para realizar un trabajo de agitación y educación a escala nacional.

La candidatura independiente del profesor Jované, economista, hace 10 años fue administrador de la Caja del Seguro Social, responde a una alianza de sectores sindicales, educadores, estudiantes e intelectuales de izquierda. Jované ha planteado su programa de gobierno, introduciendo iniciativas de desarrollo que tomen ventaja de las enormes riquezas del país. Sólo anoche planteó en una cena con sus partidarios, que redefiniría en forma radical las políticas agropecuarias (seguridad alimenticia) y las políticas ambientalistas (‘extractivistas’). El gobierno actual, dándole seguimiento a las políticas neoliberales del FMI, ha acabado con la producción nacional obligando al país a importar los alimentos que consume la población. Igualmente, le ha entregado el subsuelo a empresas trasnacionales depredadoras que ya comenzaron a destruir los bosques y ríos del país. 

El triunfo de Martinelli en las primarias de su partido CD no son una garantía que pueda “subir la loma” electoral en 2014. Todo indica que tendrá que realizar un esfuerzo adicional para lograr que su táctica electoral dé los frutos que él espera. El electorado panameño no se convencerá con un discurso que exalte las obras urbanas y mucho menos por el incremento turístico o bancario. Hoy por hoy, en Panamá el voto castigo es todavía el que se impondrá en el próximo torneo electoral.

16 de mayo de 2013.