La violencia institucional puede cobrar vida propia

En los últimos seis años la fuerza pública panameña (Policía Nacional y otros estamentos) ha estado involucrada en la muerte de 17 personas por negligencia y/o prepotencia. Desde la muerte de una empresaria en 2007 hasta el caso más reciente de los dos niños asesinados en San Carlos en 2013. Además, la contención de manifestaciones de protesta (la represión mal aplicada) por la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) ha sesgado la vida de otras 8 personas y dejado decenas de heridos desde esa misma fecha. La conmoción que se observa a nivel de la población panameña, sacudida por los incidentes fatales en los cuales están involucrados agentes de la Policía Nacional, no es el producto de un incidente aislado. El país se percata que está en un espiral de violencia institucional cuyo resultado final es impredecible. La opinión pública está muy preocupada ya que observa una conducta que sigue un patrón muy definido. Las fuerzas del orden han tomado la ley en sus propias manos con el aval de las autoridades. Pocos días después de la muerte de los niños en San Carlos, el dirigente sindical y aspirante a elección popular, Genaro López, fue encañonado por agentes de la Policía – junto a su familia – en la puerta de su casa. La Ley 74 avala la impunidad entre los agentes de la Policía Nacional con el beneplácito de las autoridades. En su momento, se pensó que la legislación garantizaría la lealtad de los agentes de la PN hacia las autoridades. Por el otro lado, las revelaciones de Wikileaks apuntan a una escalada en el uso de métodos extra-legales por parte de las autoridades y sus agentes para alcanzar objetivos políticos, ajenos a lo indicado por la ley y la Constitución. La pérdida trágica de vidas en San Carlos y el atentado contra el dirigente Genaro López forman parte de un patrón. La Policía Nacional recibe en forma indiscriminada entrenamiento militar bajo el supuesto de que la Institución (y el país) se encuentra en una 'guerra' contra las drogas. En ese enfrentamiento EEUU ha identificado a varios actores que deben ser objeto de represión: campesinos e indígenas. Estos, a su vez, según manuales de las fuerzas armadas de EEUU, pueden tener entre sus aliados a organizaciones políticas, miembros de la sociedad civil y gremios. Si el gobierno insiste en continuar recibiendo la asesoría de las ramas militares de EEUU para entrenar a su personal y desarrollar actividades militares, sólo se puede esperar un resultado catastrófico, que pone en peligro la vida de todos los panameños en forma permanente. A diferencia de la Policía, que tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos y la protección de la comunidad, el militar tiene como responsabilidad reprimir con la fuerza toda movilización que considere sospechosa. El Policía utiliza su arma de fuego como última instancia cuando enfrenta al sospechoso de cometer algún delito. En cambio, el militar saca el arma de reglamento en primera instancia para neutralizar o eliminar al enemigo en el campo de batalla. Estamos presenciando, desde un tiempo atrás para esta fecha, una tendencia en el que el uniformado de policía (el "secreta" de civil) está actuando cada vez más – en forma equivocada - como militar. Esto es resultado inmediato de un entrenamiento planificado y acordado por las entidades de seguridad tanto de EEUU como Panamá. Incluso, con la participación activa de militares de Colombia gracias a la invitación de EEUU. La población panameña siempre le ha tenido poca confianza a los estamentos policíacos y militares. Son las fuerzas que los gobiernos de turno – desde los tiempos de la colonia - activan para someter a los sectores subordinados. Más aún, a los sectores que no se someten a la injusticia y manifiestan su descontento. Es el caso de los trabajadores sindicalizados, los estudiantes, los campesinos, los pueblos indígenas y otros. En los últimos cinco años han sido varios los panameños asesinados por la Policía y estamentos militares (SENAFRONT). Decenas que han sido heridos producto de una represión muy desigual. Los estudiantes gritan y tiran piedras. Los campesinos bloquean caminos rurales y los sindicatos sacan pancartas. En cambio, las fuerzas del orden desenfundan sus armas de fuego. Si la percepción que tiene la población de la conducta de la Policía continúa deteriorándose estaríamos entrando en una fase muy peligrosa. Los políticos que hoy son 'autoridad' mañana abandonarán sus cargos, pero dejarán un gran desorden entre los estamentos que tienen la responsabilidad de proteger a los panameños. ¿Qué pasará mañana cuando la autoridad no avala el uso de armas por parte de los agentes que no respetan el reglamento vigente? ¿Se someterán los uniformados a los dictados de las nuevas autoridades que quieren respetar la ley? ¿Pensarán que la autoridad les está faltando el respeto? ¿Se creerán por encima de la ley? ¿Podrán conspirar y alterar el orden constitucional? Pareciera que la política del actual gobierno y sus ministerios encargados de hacer cumplir la ley nos llevan por un camino muy resbaloso y peligroso. Urge hacer los correctivos inmediatamente, de lo contrario el espiral de violencia institucional cobrará vida propia. 31 de octubre de 2013.

Frente Santeño contra la Minería

El Frente Santeño contra la Minería (FRESACOMI) vuelve a la carga y “exige el cierre de la Minera Cerro Quema por violación fragante de la concesión minera y por cometer numerosos atentados en contra del ambiente santeño”. El comunicado fue hecho público la semana pasada sin que los medios lo recogieran y reprodujeran. En la actualidad, Panamá cuenta con tres proyectos mineros que están acabando con el medio ambiente. Además, están explotando los yacimientos mineros sin beneficio alguno para el país. El más próspero es la mina Petaquilla en Donoso, Colón. Produce varias toneladas de oro que genera cerca de mil millones de dólares al año para sus dueños sudafricano-canadienses. Le sigue Santa Rosa, en Cañazas, Veraguas, abandonada temporalmente creando un problema sin solución para las comunidades agropecuarias del área. En la lista se destaca Cerro Quema, en Los Santos, cuya población tiene años de pedir que sus abusos se regulen. Todas las minas tienen en común que son a cielo abierto, produciendo efectos negativos sobre la vida humana, fauna y flora. Entre los aspirantes a la Presidencia de la República para 2014, sólo el candidato independiente Juan Jované ha señalado que pondrá fin a la explotación a cielo abierto de la minería en Panamá. El proyecto que duerme una larga siesta pero amenaza con despertarse debido a los altos precios del cobre en el mercado internacional es Cerro Colorado. Se encuentra en el corazón de la Comarca Ngobe Buglé y los expertos dicen que tiene reservas con un valor de 70 mil millones de dólares. En la actualidad, hay cierto interés en su explotación pero el costo social es muy elevado. Cerro Colorado presenta dos alternativas para viabilizar su explotación. Ambas muy caras. Por un lado, mediante un proyecto bien planificado que tome en cuenta la población que vive en el área. Por el otro, un plan represivo para aplastar y/o expulsar a la población ngobe del área. Cerro Quema en Los Santos está causando problemas desde hace varias décadas. Incluso, en 1997, por los abusos cometidos contra las comunidades de Azuero, fue clausurada y multada por el gobierno de aquella época. Los inversionistas encontraron la fórmula para regresar a la faena. Las comunidades de la región están obligadas a regresar al campo de batalla. El Frente Santeño Contra la Minería (FRESACOMI), agrupación de comunidades, gremios y asociaciones, encabeza la lucha contra la explotación minera irresponsable de la empresa. La semana pasada sacaron un comunicado que ningún medio publicó por las razones conocidas. Los santeños señalan que “se oponen al desarrollo de proyectos mineros en la provincia de Los Santos” y aprovechan de “expresar a la comunidad nacional su posición en torno a los desastres ambientales que durante los últimos meses se están produciendo en el proyecto minero de Cerro Quema”. El comunicado “denuncia los altos niveles de sedimentación a que están sometidos el río Quema y otras quebradas (quebrada Mala, quebrada El Africano y quebrada El Gallote). El Frente plantea que los daños son “una muestra evidente de negligencia ambiental de parte de Minera Cerro Quema S.A.” El Frente también denuncia que los daños llegaron a su máxima expresión en julio y “continúa sin control, debido a que los llamados muros de gaviones no han cumplido su cometido”. El Frente indica que “se construyeron tarde y sin los requisitos técnicos reglamentarios”. Según el comunicado, “las plataformas que se han edificado en el cerro generaron gran cantidad de tierra que fue tirada por la falda del cerro, inundando predios privados y acabando con bolsones de áreas boscosas”. Como consecuencia, las áreas colindantes han sido afectadas. Los ganaderos de la región están sufriendo páramos ya que las fincas colindantes no cuentan con las fuentes de aguas tradicionales. Según los miembros del Frente, el gobierno ignora los desmanes que realiza la empresa minera en Cerro Quema. El comunicado “hace del conocimiento público, así como de las autoridades competentes, que se han realizado perforaciones en zonas para las cuales no existe autorización... Es el caso de Idaida y La Pelona, todo ello a espaldas de los organismos reguladores del Estado panameño”. El Frente agrega que la empresa minera ha pasado por encima de leyes y reglamentos. “Se construyeron carreteras en terrenos privados sin la autorización previa de sus dueños, lo que representa una flagrante violación de la propiedad privada. En Idaida se hicieron dos perforaciones durante el mes de julio y otros dos huecos se perforaron en La Pelona”. Las comunidades santeñas alertan al país “sobre las inconsistencias de la Minera Cerro Quema, que son las mismas por las cuales se multó y cerró en el año 1997, lo que demuestra su alto nivel de irresponsabilidad, no sólo en lo atinente al tema ambiental, sino sobre las repercusiones futuras de un proyecto que parece estar destinado al fracaso y a la destrucción del maltrecho sector ambiental de la provincia de Los Santos”. El comunicado, firmado por los dirigentes Secundino Jaén y Arturo Moreno, concluye exigiendo a la ANAM y al Ministerio de Comercio el cierre de la mina en Cerro Quema por violar las cláusulas de la concesión. 24 de octubre de 2013.

Fracasó encuentro de la ‘Alianza’ y empresarios

Está reunido en Panamá el nuevo híbrido emergido de los laboratorios neoliberales desarticulados por la crisis financiera global de 2008, pero aún sobreviviendo gracias a las políticas de despojo. Se trata del IX Encuentro Empresarial Iberoamericano, promovido por los gobiernos de España y EEUU, que reúne una treintena de empresarios de la región y sus contrapartes peninsulares con varios jefes de Estado latinoamericanos. La reunión de los empresarios se efectúa casi simultáneamente con la XXIII Cumbre Iberoamericana de gobernantes del nuevo y viejo mundos que se inaugura mañana viernes en la ciudad de Panamá. Lo que distingue al Encuentro fue el intento de mezclar mandatarios, empresarios y facilitadores como Juan Cebrián y Carlos Montaner. Desde la década de 1990 los ‘think-tank’ norteamericanos proponen que las empresas con más éxito de la región deberían reemplazar a los gobiernos en lo que se refiere a la planificación y ejecución de las políticas públicas. No es casual que la reunión en Panamá sigue esos lineamientos que parecieran estar en la agenda de quienes controlan las altas finanzas internacionales. Los organizadores del Encuentro pretendieron, en un principio, reunir a los empresarios más poderosos de la región con los presidentes del grupo de países que conforman la ‘Alianza del Pacífico’. Este grupo es impulsado por EEUU para integrar un bloque capaz de subvertir la integración regional y, a la vez, bloquear comercialmente a China. Entre los mandatarios fueron invitados Sebastián Piñera (Chile) y Ollanta Humala (Perú), países dependientes de sus ventas mineras a China. Además, están los presidentes Enrique Peña (México) y Manuel Santos (Colombia). Ninguno de los mandatarios llegará hoy a la mesa redonda anunciada. Sólo apareció el presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Danilo Medina, de la República Dominicana, también amenaza con hacer una presentación. Los mandatarios de Costa Rica, Laura Chinchilla, y Ricardo Martinelli (Panamá), quienes aspiran ingresar a corto plazo a la Alianza del Pacífico, no mostraron entusiasmo con el encuentro. Los mandatarios de los países de la ‘Alianza del Pacífico’se caracterizan por sus posiciones ideológicas conservadoras y, además, por favorecer a la empresa privada mientras que reprimen a los trabajadores. Todos, a la vez, han celebrado tratados de comercio con EEUU que han debilitado a sus respectivas economías. Cada uno de estos países también ha celebrado, entre ellos, acuerdos bilaterales de promoción comercial. Los últimos en hacerlo fueron Panamá y Colombia que tienen una relación comercial asimétrica. A pesar del acurdo, Panamá no puede convencer a Colombia que abra sus puertas a la producción china que pasa por la Zona Libre de Colón. Están asistiendo al Encuentro empresarial, los ejecutivos iberoamericanos más poderosos. Se destacan en la lista Antonio Brufau, presidente de Repsol, quien encabeza la ‘Armada’ empresarial española. De los países miembros de la Alianza del Pacífico, están Carlos Yepes, presidente de Bancolombia, Blanca Treviño, presidente de Softek de México y José Graña Miro-Quezada, empresario de la construcción peruano. De otros países no miembros de la Alianza participan Isabel Novoa, del imperio bananero de Ecuador, Ricardo Poma, presidente del Grupo Poma de El Salvador, Ricardo Silva, vicepresidente del Banco Espíritu Santo de Sao Paulo, Brasil, Lorenzo Mendoza presidente de las Empresas Polar de Venezuela, Alejandro Bulgheroni presidente del Grupo OHL de Argentina y Pedro Heilbron, vice-presidente ejecutivo de la línea aérea COPA. Lo que tienen la mayoría de estos empresarios en común es que en los últimos 20 años han pasado de millonarios a convertirse en multi-millonarios. Además, se entienden muy bien con los personajes gobernantes de los países de la Alianza del Pacífico y con el mentor de la iniciativa, EEUU. El acercamiento de los empresarios con los presidentes es una muestra de las buenas relaciones de éstos con aquellos. Las políticas públicas en estos países han permitido elevar las tasas de ganancia de los empresarios sin que exista una correspondencia con el sector productivo. La llamada prosperidad que celebran los empresarios y sus contrapartes en el mundo gubernamental, sólo se puede aplicar a ese uno por ciento de la población que tiene acceso a los capitales especulativos que circulan aún en las economías estancadas. En España, cerca del 27 por ciento y más del 56 por ciento de los más jóvenes militan en el desempleo. En los países de la Alianza del Pacífico la desigualdad ha aumentado casi en un 50 por ciento. En EEUU las cifras son contundentes. En el caso de Panamá, el gobierno nacional se opuso a que se realizara la encuesta quinquenal del Banco Mundial a principios de año para no revelar la pobreza extrema en que ha caído un sector cada vez más grande de la población. La pieza faltante en la reunión empresarial es la creciente actividad militar en la región. Precisamente, en los países miembros de la Alianza los gastos militares se han multiplicado en los últimos años. Países como México y Chile han comprado armamento muy sofisticado. Colombia gasta cerca de dos mil millones de dólares al año en armamento. Panamá gastó más de 500 millones en los últimos tres años. El tema lo pueden agregar a la agenda a última hora. 17 de octubre de 2013.

El gobierno arremete contra la salud pública

Faltando 6 meses para las elecciones generales de mayo de 2014, el presidente Martinelli ha creado un ambiente de zozobra en el país, tanto en lo concerniente a lo social como también en lo político. En la primera semana de octubre provocó una crisis en el sector salud. Al mismo tiempo, arrastra problemas en el sector educativo, estudiantil, indígena y en el transporte. Los médicos y trabajadores de la salud han decretado un paro de labores en oposición a una ley aprobada a tambor batiente que pretende privatizar los servicios de salud tanto del gobierno nacional como los de la Caja de Seguro Social. A su vez, el presidente pretende abrirle la puerta a la contratación de médicos extranjeros en una operación ligada a la construcción de una ‘Ciudad Hospitalaria’. Esta ciudad es un complejo de edificaciones que tiene un costo de US$500 millones de dólares que pareciera estar desvinculada de las demandas de salud del país. Al igual que en el sector educativo, el gobierno actual maneja el sector salud como un negocio. Las estadísticas que arrojan resultados de morbilidad y mortalidad, así como en acueductos rurales o nutrición han sido descartadas. En materia de agua potable, enfermedades contagiosas y alimentación el país retrocede. Sin embargo, el gobierno celebra sus avances en el campo de las finanzas. Con satisfacción señala que las transacciones en salud benefician cada vez más a los inversionistas. Incluso, invitan a los especuladores a Panamá donde encontrarán terreno fértil para hacer ganancias a costilla de las pérdidas del pueblo panameño. Según los gremios médicos, la semana pasada una empresa española llegó a los centros de salud del interior con órdenes superiores de que debían asumir la dirección de los establecimientos. “En las provincias de Chiriquí y Coclé los representantes de 2 compañías españolas (Health Lean Logistics) se presentaron ante las autoridades alegando que eran poseedores de la Concesión Administrativa de toda la Red Primaria de Atención”. En 2012, la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) denunció el pago de 3.1 millones de dólares a una Consultora privada de España. Los médicos sospechan que hubo corrupción ya que un grupo de médicos panameños se ofrecieron para hacer la asesoría ad honorem. La oferta no fue aceptada por las autoridades de salud. La empresa española que recibió el beneplácito del gobierno para montar la “Red Primaria” es la misma que en ese país peninsular organizó la atención privatizada en Madrid y otras regiones. Según los gremios médicos la experiencia española ha “sido un estrepitoso fracaso” para la población. La Health Lean Logistic (HLL) es una empresa de Cataluña que se constituyó el 25 de mayo de 2004 en Barcelona. La empresa se ganó la licitación por parte de la CSS del sistema de aprovisionamiento y manejo de medicamentos así como de productos utilizados por los centros hospitalarios y sanitarios públicos del país. El importe de la adjudicación asciende a más de 3 millones de euros (equivalente a 4 millones de dólares) y tiene una duración de tres años. La resolución de Gabinete No 74 de 17 de mayo de 2011, que emite concepto favorable a la externalización de los servicios, está en abierta violación de la ley 51 de 2005 que “prohíbe externalizar servicios: Queda expresamente prohibida la externalizarían de aquellos servicios que la CSS se provee a sí misma y a los asegurados de manera formal, salvo en los casos en que la institución se encuentre temporalmente imposibilitada. En esta última circunstancia, las autoridades de la Caja de Seguro Social estarán obligadas a acelerar los procesos que permitan eliminar lo más rápidamente posible la adquisición externa de dichos servicios”. El objetivo del presidente Martinelli, según COMENENAL, es privatizar todo el sistema de salud del país. La empresa española Health Lean Logistics pretende dividir el país en tres regiones y crear concesiones administrativas privadas. Actualmente, los servicios de salud del sector público representan varios miles de millones de dólares. Según los gremios, el propósito de importar personal de salud especializado de otros países extranjeros sería para abaratar la mano de obra, destruir las organizaciones y someter a los trabajadores de la salud a condiciones económicas desfavorables. “La nueva legislación es la herramienta para crear mano de obra barata extranjera que maximice las ganancias de las compañías privadas”. El siguiente paso es rebajar los salarios de los médicos y otros trabajadores de la salud panameños. Los médicos también denunciaron la contratación directa - por un total de 15 años - de la administración de la futura Ciudad Hospitalaria de la CSS a una empresa privada. La Ciudad Hospitalaria pretende convertir ese centro de salud en el ‘hub’ de la región latinoamericana en esta materia. Sería una sucursal de los centros hospitalarios que existen actualmente en Houston, EEUU. El gobierno pretende que los concesionarios tengan clínicas con capacidad para atender ‘clientes’ extranjeros de toda la región. En medio del complejo se está construyendo un hotel para recibir a los ‘clientes’ (que ya no se llaman pacientes). Los panameños que serían atendidos en los diversos hospitales y podrían alojarse en el hotel tendrían que pagar precios competitivos a nivel internacional. Es decir, el 90 por ciento de los panameños no tendrían acceso a los servicios de las clínicas y hotel de la Ciudad Hospitalaria. Los médicos y otros gremios de la salud han planteado que se mantendrán firmes en su oposición contra los planes de privatización del gobierno. En su pliego exigen cuatro condiciones para poner fin al paro: En primer lugar, un compromiso por escrito y público del gobierno y las autoridades de salud a no seguir privatizando la salud. Además, que no se dé concesión administrativa alguna a la llamada ciudad hospitalaria. Exigen que tampoco se manipulen contratos ‘publico-privados’. A su vez, plantean que todo acuerdo pase por la Mesa del Diálogo que actualmente discute el nuevo Código Sanitario. En segundo lugar, piden la derogación de la ley aprobada sin consulta con los sectores interesados. También piden la “restitución de todos los colegas médicos, enfermeras, técnicos y funcionarios administrativos despedidos”. Plantean el “pago de todos los turnos extras adeudados desde hace 4 meses a todos los médicos, enfermeras, técnicos, funcionarios administrativos”. 10 de octubre de 2013.

Jované se compromete a reducir la canasta básica

La campaña a la Presidencia de la República del candidato independiente, Juan Jované, está presente en comunidades, centros de trabajo y en los programas de radio y televisión del país. En reciente entrevista radial, Jované destacó que su programa privilegia rebajar el costo de la canasta básica. Es decir, mitigar los efectos de la especulación de los grandes monopolios que controlan la economía nacional y combatir las políticas de despojo que ha disparado la inflación. Según Jované, “Panamá transita hoy por una situación de crisis. Pese al notable crecimiento económico, nos encontramos ante un modelo concentrante y excluyente, que está produciendo una crisis social sin precedentes que se expresa en varios aspectos: pobreza generalizada de la población, inflación y deterioro del poder adquisitivo de las familias, alto desempleo juvenil, inseguridad y criminalidad”. Además, la política actual también ha provocado el “debacle de los servicios sociales de salud y educación, crisis del sector agrícola con la consiguiente incapacidad de garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias, la progresiva destrucción ambiental y el deterioro de la finanzas públicas”. El periodista Edwin Cabrera le preguntó a Jované qué prioridades le asignaba su campaña a las acciones que tomaría cuando llegue a la Presidencia de la República. El candidato independiente respondió que entre los diez compromisos básicos de su programa, privilegia rebajar el costo de la vida y aumentar los salarios. Es decir, “defender a la población frente a la inflación y la especulación”. Jované introduciría un aumento general de salarios destinado a restablecer la capacidad adquisitiva pérdida de todos los panameños. Jované también dijo que “congelaría los precios de la canasta básica de bienes esenciales”. Señaló que para esto es necesario introducir nuevamente los mecanismos de control de precios. Este mecanismo debe abarcar tanto los alimentos, vestimenta, vivienda y, también, incluir la esfera de la energía (combustibles y energía eléctrica). Según Jované, el programa que le ha presentado al pueblo panameño plantea que la única solución a la crisis es desarrollando una estrategia que sea capaz de generar empleos productivos y bien remunerados. Actualmente, se vive la ficción del empleo informal que sólo arroja pobreza y desigualdad. Según el gobierno del presidente Martinelli, el desempleo afecta a sólo el 5 por ciento de los trabajadores panameños. Estas son estadísticas amañadas que no reflejan la realidad. Si se suma el empleo informal (40 por ciento) y el empleo parcial (10 por ciento), en Panamá la mitad de la población trabajadora está buscando empleo. Si se aplicaran las normas utilizadas hace apenas diez años para medir el desempleo, en la actualidad, el desempleo estaría cerca del 20 por ciento de la población económicamente activa. Jované es el único candidato que ha dado a conocer su programa de gobierno. En el pasado, los partidos tradicionales no dieron a conocer sus programas. El candidato independiente dice que el pueblo panameño merece que todos los aspirantes debaten en público y frente a frente los objetivos que persiguen. El 4 de mayo de 2014, cuando la ciudadanía vaya a las urnas, debe votar por un programa. Los partidos tradicionales pretenden comprar los votos con regalos o prebendas como ha sido la política en los últimos torneos. Según la respuesta que Jované le diera a su entrevistador radial, “los principios (de su campaña) se concretan en una estrategia de desarrollo económico y social”. Agregó que el “centro específico (del esfuerzo) es asegurar a todos los panameños y panameñas un trabajo digno que sirva de base no solo a la satisfacción de sus necesidades básicas, sino, además, a una vida sana y prolongada”. De esta manera cada panameño podrá “vivir con libertad y participar de manera activa, deliberativa y protagónica en la construcción de una real democracia y la consolidación de la nación panameña”. Ante una pregunta sobre su ideología, Jované respondió que se siente orgulloso de luchar junto al pueblo. Señaló que le había agradado la respuesta del papa Francisco a una pregunta similar. El obispo de Roma contestó que, definitivamente, “no era de derecha”. Subrayó la importancia de presentar con claridad los objetivos que persigue el programa de gobierno. Hasta ahora, los candidatos de los partidos tradicionales sólo repiten consignas huecas y gastan literalmente millones de dólares en contratar diseñadores gráficos – que llaman asesores – para vender imágenes a un pueblo frustrado. Al ser abordado sobre posibles alianzas, Jované fue positivo. Señaló que todo punto de partida descansaría sobre la discusión de los programas de gobierno. Si hay un acuerdo recíproco, entonces las diferentes organizaciones pueden caminar juntos. El programa del Movimiento Independiente de Refundación Nacional (MIREN) que lideriza Jované, va directamente al grano poniendo en primer lugar los intereses populares. Según el candidato, el programa sólo rechaza en forma contundente las políticas neo-liberales que han castigado al país y empobrecido a su población. “Esta estrategia, según Jované, apunta al fortalecimiento del sector productivo del país, en un esquema que aprovecha las ventajas del país en la esfera de los servicios de exportación, pero que también se propone el desarrollo de la base material de la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la agricultura y la agroindustria”. 3 de octubre de 2013.