Las fracturas políticas y el bloque histórico

Este artículo es una crítica al excelente trabajo del profesor de Filosofía de la Universidad de Panamá, Abdiel Rodríguez, publicado recientemente sobre las ‘fracturas polìticas’ en Panamá. Para hacer una crítica al mismo partiré de lo que Gramsci llamó el 'bloque histórico'. Primero a escala global. Segundo, el caso de Panamá. 1. El desarrollo del capitalismo - su crecimiento y expansión, que requiere la incorporación de nuevas masas de trabajadores - genera nuevas relaciones sociales. Estas están subordinadas a las leyes de la acumulación capitalista y a las luchas sociales. En la segunda mitad del siglo XX se generaron dos movimientos sociales globales que explican las contradicciones que sacudieron el sistema capitalista. Cuando terminó la segunda guerra mundial se produjo un realineamiento del capitalismo a escala global. La acumulación capitalista se organizó sobre nuevas bases – con EEUU en el centro, subordinando las antiguas potencias imperialistas - creando un mundo dividido en tres zonas geo-políticas: centro, periferia y semiperiferia. El centro construyó las llamadas sociedades de bienestar en Norte América, Europa y Japón, con la participación limitada de la clase obrera en la realización (consumo) de los excedentes. Este modelo - o 'bloque histórico' - prosperó entre 1945 y 1970. La crisis que experimentó la acumulación capitalista - disminución de la tasa de crecimiento capitalista - a partir de la década de 1970 sacudió el modelo y como consecuencia el bloque histórico. Las políticas de ajuste económico (conocidas como neoliberalismo: desregulación, privatización y flexibilización) no pudieron frenar la tendencia. Sin embargo, causó una fractura en el Estado de bienestar que continua profundizándose. Este proceso se hace evidente con el colapso de los mercados en 2008. Antes había colapsado el experimento socialista de la Unión Soviética y Europa central. Africa entró en un estado de caos y América latina parecía ir por un camino similar. El oriente asiático se encaminó por otra vía, hacia un nuevo centro de acumulación capitalista. El 'bloque histórico' que emergió de las cenizas de la segunda guerra mundial desapareció, llegó a su fin. Sin embargo, aún no aparecen las condiciones sociales para que surja un bloque nuevo que reemplace el viejo. Hay varias hipótesis sobre las cuales se debate. Por un lado, la tesis de Arrighi que sugiere que el centro de acumulación capitalista se desplaza(rá) hacia China. Como consecuencia surgirá un nuevo realineamiento a escala mundial. Por el otro, Samir Amín propone un mundo multipolar. Tanto las nociones de Quijano sobre la 'colonialidad' como de Marini sobre la desconexión se complementan con las ideas de Amín. Una cuarta es de quienes plantean que EEUU aún puede reorganizar su hegemonía y reconstruir el orden mundial bajo su liderazgo. 2. El impacto de estas fracturas del bloque histórico a escala global sobre Panamá fue y es muy importante. A partir de la segunda guerra mundial Panamá inició un proceso de industrialización mediante la sustitución de importaciones (modelo instaurando en América latina). Sectores importantes de la vieja clase capitalista rentista trasladó sus capitales a este nuevo sector bajo la guía política de EEUU. El bloque histórico formado por el pacto liberal-conservador de la primera mitad del siglo XX se quebró. Apareció un nuevo proyecto industrial que requería - para ser exitosa - la absorción del Canal de Panamá a la economía nacional así como de la creciente clase obrera a un pacto social inter-clasista. El nuevo bloque histórico basado en la industrialización no lograba materializarse siendo frustrado por las fracciones conservadoras. La Coalición Patriótica Nacional (CPN: 1952-1960) y el Partido Liberal Nacional (1960-1968) fracasaron. Las fuerzas sociales contenidas surgen en 1964 y el 'orden oligárquico' colapsa en 1968. El golpe militar de este último año evoluciona rapidamente hacia la constitución del nuevo 'bloque' mediante el pacto entre la incipiente burguesía industrial y la clase obrera, mediada por una fuerza pública (la Guardia Nacional comandada por Omar Torrijos). El bloque inter-clasista (populista) prosperó durante una década. La burguesía industrial sumó a importantes sectores de la clase obrera a su proyecto desarrollista y, formando un frente, negociaron con EEUU los tratados del Canal que hicieron realidad la absorción de los excedentes de la ruta de tránsito a la economía nacional. La crisis de acumulación capitalista global golpeó a la región latinoamericana en la década de 1980, que fue bautizada como la década 'perdida'. En EEUU el presidente Reagan le declaró la guerra a las organizaciones de los trabajadores y preparó el escenario para convertir ese país en el guardián en última instancia de la acumulación capitalista. En Panamá colapsó el crecimiento económico, escalaron los conflictos sociales y Torrijos murió en un misterioso accidente. La década terminó con la invasión militar de EEUU y la oficialización de las nuevas políticas 'neoliberales'. El bloque histórico concebido 50 años antes con el proyecto de industrialización llegó a su fin. La fracción conservadora rentista regresó al poder sobre la base de una alianza con los 'liberales / nacionalistas', derrotados en la invasión de 1989. El nuevo pacto no incluyó a la clase obrera ni a los otros sectores trabajadores (entre ellos agricultores). Este sector fue sometido a una política de ajuste económico severo desregulando el Estado, privatizando las empresas públicas y flexibilizando a la fuerza de trabajo. En 2012, por primera vez en la historia de Panamá, cayó en forma absoluta el número de obreros industriales: de 110 mil en 2011 a 108 mil en 2012. El nuevo bloque histórico formado en torno a una alianza entre rentistas conservadores y 'liberales' descansa sobre la incorporación del Canal de Panamá a la economía nacional. Sin embargo, no para impulsar la acumulación capitalista sobre la base de la explotación de una creciente fuerza de trabajo industrial. El nuevo modelo de crecimiento introducido a fines del siglo XX, en cambio, se basa en la captura de excedentes de la ruta de tránsito. Además, sobre el despojo de trabajadores, agricultores e, incluso, pueblos indígenas. Es un bloque muy débil - y puede fracturarse en cualquier momento - por dos razones. En primer lugar, no cuenta con un apoyo de los sectores sociales mayoritarios del país. Por el otro, el Canal de Panamá, la carta principal en su proyecto, depende del crecimiento de la economía internacional. El colapso de los mercados del centro en 2008 y la recesión que se ha apoderado del centro del capitalismo no presenta un buen augurio. Sin embargo, el crecimiento de China, la incorporación de cada vez más trabajadores a la clase obrera y las demandas de materias primas de ese país oriental han logrado evitar que la región - incluyendo a Panamá - caiga en una recesión. El crecimiento económico del último lustro en Panamá ha logrado mantener el grado de estabilidad política que le permite a la alianza rentista - 'liberal' celebrar torneos electorales y colocarse en índices de democracia. Un primer indicio de una 'fractura política' en el bloque histórico – al cual apunta Rodríguez - podría ser la falta de ‘gobernanza’ (autoritarismo) y/o el fin de la alternabilidad en el poder. 29 de agosto de 2013.

¿Qué leemos los panameños?

La modernidad está atravesada por la cultura de la lectura. El progreso, un atributo asignado a la modernidad, no se puede entender sin la masificación de la lectura en forma de libros, revistas, folletos, periódicos o simples hojas sueltas. Los progresistas dicen que un pueblo que no lee no avanza, no puede alcanzar sus objetivos de bienestar y felicidad. Panamá fue presa de esta ideología progresista con la introducción de las ideas liberales – que eran consideradas radicales - a mediados del siglo XIX. Durante el Estado federal (1860-1885) se ‘sembraron’ escuelas en todos los centros urbanos. Antes que acueductos, centros de salud e, incluso, iglesias. En el siglo XX, los liberales convirtieron las escuelas en sus templos: el Instituto Nacional, el Instituto de Artes y Oficios y, también, la Universidad de Panamá. Cuando los liberales se convirtieron en conservadores durante la segunda mitad del siglo XX, le correspondió a los desarrollistas, socialistas y otros a levantar las banderas del progreso. Se liberó una batalla entre valores anquilosados e ideas que buscaban solucionar las grandes cuestiones sociales de aquella época. Sin duda, se avanzó en forma significativa. Se erradicó el analfabetismo, hay escuelas en todos los pueblos y los textos están al alcance de los estudiantes. Las fuerzas conservadoras, sin embargo, obstaculizaron el camino hacia el progreso. Prueba de ello, las dificultades que aún tienen los jóvenes de llegar a sus colegios, la elevada tasa de deserción, los bajos salarios de los educadores y la persecución de las ideas aún vigente. Lo peor, quizás, es la negación de estos problemas y la falta de políticas para solucionarlos. Una muestra de la cultura panameña y su amor por la lectura es la Feria del Libro que se inauguró anoche y que continuará en el Centro de Convenciones ATLAPA hasta el domingo, 25 de agosto. Allí se puede contestar la pregunta: ¿Qué leemos los panameños? ¡Somos lo que leemos! Para el público, en general, la mayoría de los textos tienen usos muy prácticos. ¿Te quieres superar? ¿Quieres aprender a cocinar? ¿Quieres buscar un ser superior? Pero también están aquellos libros especiales que buscan los jóvenes. Están los textos que les permite descubrir el mundo en que viven. Incluso, en la Feria del Libro encontrarán los libros que les permitirá penetrar en ese maravilloso mundo que tiene cada joven en su interior. Las primeras aventuras de la vida las descubrirá en los libros que lo llevan a paisajes inimaginados, a países lejanos, a descubrir los corazones de otros jóvenes, a explorar la inteligencia de otros pueblos. Lo más maravilloso del libro es que es contagioso. El joven que lee su primer libro, enseguida quiere ser escritor. El Quixote, el coronel Buendía, Jean Valjean o doña Bárbara son sus personajes que le permiten comenzar a entender el mundo en que está ingresando. Estas y otras figuras que crecen con las lecturas y los debates, incendian su imaginación y comienza a entender que el mundo es suyo y que lo puede hacer mejor. Los que asistan a la Feria del Libro deténganse un momento y observen la cara de alegría de los adolescentes que recorren apurados los pasillos de esta fiesta cultural. Los stand de las editoras e instituciones ocupan la planta baja de ATLAPA. En el primer alto están los salones donde se presentan nuevos libros o se organizan mesas redondas en las que se debaten nuevas tendencias o avances importantes en el mundo de las publicaciones. Este año el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena” presenta dos mesas redondas en la Feria del Libro. En primer lugar, presentará los libros que se han escrito sobre la gesta del 9 de enero de 1964. El próximo año se conmemorará el cincuentenario de la insurrección popular que fue el principio del fin de la ocupación militar norteamericana de Panamá. Las plumas más apasionadas - Diana Morán, Pedro Rivera, Elsie Alvarado de Ricord y tantas otras - se inspiraron en el ejemplo de esa juventud rebelde y heroica. Igualmente, historiadores, artistas y ensayistas le dedicaron páginas esclarecedoras al significado de las acciones de un pueblo insurrecto durante esas jornadas del 9 de enero. En ATLAPA participarán el sábado, 24 de agosto, a las 12 del mediodía Juan Jované, Pedro Prados, Celestino Araúz y otros comentaristas. El domingo, 25 de agosto, también a las 12m, se presentará una mesa redonda de intelectuales asociados a la revista Tareas, que ha publicado 145 números sin interrupción desde que se fundara. Harán uso de la palabra Briseida Allard, Enoch Adames y Anayansi Turner quienes abrirán un debate sobre las tareas de los intelectuales en el siglo XXI. La revista y sus contribuyentes han participado en todos los debates nacionales desde la lucha por la soberanía, los tratados del Canal, la invasión militar norteamericana y las políticas ‘neoliberales’. Las palabras de Ricaurte Soler, fundador de la revista, pronunciadas en 1960 siguen vigentes en 2013 para que todo intelectual panameño las analice: “Nuestra realidad exige transformaciones radicales, nuestra cultura revisiones sustantivas... Ofrecemos la revista a un público panameño, culto y responsable, que siente, como nosotros, la necesidad de acometer tareas”. 22 de agosto de 2013.

Las drogas y las cárceles en EEUU

El Fiscal General de EEUU, Eric Holder, anunció formalmente un importante cambio de política que tiene como objetivo mitigar la enorme carga que representa actualmente la población carcelaria de ese país. La medida pretende evitar que las personas condenadas a penas de cárcel por delitos relacionados con drogas no tengan que cumplir las penas máximas. La legislación norteamericana, igual que la panameña, obliga a los jueces a aplicar penas absurdas de 10, a veces 20 años de cárcel, por poseer una droga ilícita. Holder habló ante el Colegio de Abogados de EEUU sobre el encarcelamiento masivo y mencionó que, a pesar de que ese país tiene apenas el 5 por ciento de la población mundial, alberga casi el 25 por ciento de los prisioneros del mundo. Entre otros cambios de política, Holder acogió con mucho entusiasmo la ampliación del programa de libertad anticipada para algunos prisioneros de edad avanzada. Además, anunció que revisaría las desigualdades raciales en las condenas, tras citar un reciente estudio que descubrió que los hombres afrodescendientes (negros) recibieron condenas casi un 20 por ciento más largas que las impuestas a hombres descendientes de europeos (blancos) procesados por delitos similares. Según Holder, “hay demasiados norteamericanos atrapados en un círculo vicioso de pobreza, criminalidad y encarcelamiento. Esta realidad es una causa inmediata del debilitamiento de muchas comunidades”. Holder también señaló que “hay aspectos de nuestro sistema de justicia penal que, en lugar de aliviar, exacerban estos problemas. Todos sabemos que hay demasiados norteamericanos que son condenados por demasiado tiempo y por ningún buen motivo legal”. Holder apuntó al hecho que hay demasiadas personas condenadas por acciones relacionadas con el consumo de drogas que no constituyen propiamente delitos. “Estamos gastando, dijo, demasiados ‘dólares’ en actividades que no rinden beneficios. En la década de 1980 el gobierno del entonces presidente Ronald Reagan declaró lo que llamó la “guerra contra las drogas”. Desde entonces el problema se ha complicado cada vez más y se ha creado un mito en torno al consumo de drogas, el crimen y el encarcelamiento de jóvenes. Como primer paso, el ministro de Justicia, le dió instrucciones a los fiscales federales de no pedir castigos exagerados a quienes son detenidos por delitos no violentos. Anunció también que trabajará en el Congreso de su país para darle a los jueces leyes más discrecionales que les permita impartir justicia. Comenzaremos por revisar todo lo relacionado con las penas obligatorias para los delitos relacionados con las drogas”. En EEUU hay cerca de 2 millones de personas privadas de libertad. De este total, 219 mil son reos en cárceles federales. Estas instalaciones están superpobladas con un 40 por ciento de exceso. Desde 1980 – cuando se comenzó a aplicar las leyes de la ‘guerra contra las drogas’ – la población carcelaria en EEUU se ha multiplicado ocho veces. La mitad de los reos han sido condenados por delitos vinculados con drogas. Holder dice que pretende orientar el sistema de uno que condena a los drogadictos a otro que les ofrece programas comunitarios de rehabilitación. El senador Rand Paul, líder del Partido Republicano, conservador y adversario de los derechos de los más necesitados, aplaudió el discurso de Holder. Señaló que aplicar penas exageradas a los delitos relacionadas con las drogas promueve la injusticia y contribuye a la inseguridad. Los senadores demócratas también acogieron en forma positiva la iniciativa del fiscal general norteamericano. Anteriormente, Holder señaló que toda aquella persona que no se enriquece comercializando con drogas no debe ser perseguida. En su discurso insistió en que el encarcelamiento debe servir para castigar, prevenir y rehabilitar a los que cometen delitos y no para encerrar y olvidarse de las personas. Aseguró que en EEUU la tendencia es hacia la inversión de recursos en programas de tratamiento y menos en la construcción de cárceles. En EEUU, al igual que en Panamá, es común que se encarcelen adolescentes por meras sospechas. Un ejemplo mencionado en EEUU es el muchacho de 19 años de edad que fue condenado a 10 años de prisión por encontrarse dentro de un auto donde se encontraron rastros de droga. Según estadísticas gubernamentales, en Panamá son miles los casos de adolescentes cuyas vidas han sido truncadas al ser recluidos en el sistema penitenciario. EEUU comenzó a regular el consumo de drogas consideradas ilícitas hasta hace poco. El gobierno federal ahora anuncia que flexibilizará su sistema judicial. Sin duda, las nuevas orientaciones contribuirán a mitigar el problema de la adicción y, sobre todo, a reducir las batallas territoriales del crimen organizado que sesgan cada vez más vidas. EEUU, sin embargo, insiste - a través de su política exterior - que los países de la región latinoamericana declaren “la guerra a la droga”. En Panamá, asesorado por la Embajada de EEUU, el actual gobierno ha comprado más de mil millones de dólares en armas de guerra con el pretexto de combatir el flagelo de la droga. El debate en Panamá sobre la regulación y la despenalización es declarado fuera de límites por el actual gobierno. Es hora de cambiar de rumbo y buscarle una solución definitiva al problema de las drogas. 15 de agosto de 2013.

Los negocios primero, adiós a la salud

Mientras los trabajadores de la salud y otros sectores luchan contra las pretensiones gubernamentales de destruir la salud pública en Panamá, se anunció la semana pasada que Panamá acogerá el maíz transgénico para beneficiar a las empresas norteamericanas Monsanto y Dupont. A escala mundial, los transgénicos han sido rechazados por sus efectos nocivos a la salud de los seres humanos. La falta de políticas de salud para cerrarle las puertas a los transgénicos refleja la política oficial del gobierno de convertir todo – incluso la salud de los panameños – en un negocio. Panamá se prepara para iniciar un experimento transgénico con semillas de maíz que serán sembrados en la región de Azuero. Este maíz servirá de alimento para la población avícola, que – a su vez - será consumido por los panameños. La empresa Melo – representante de las trasnacionales norteamericanas – recibió permiso para la venta de estas semillas con la condición de que el maíz no fuera destinado al consumo humano. Sin embargo, se pasó por alto el hecho que las aves que consumen el maíz serán posteriormente sacrificadas para que los humanos las coman. Quienes se oponen a este tipo de negocio señalan que no hay leyes en Panamá que protejan a los consumidores. Los productos deben ser debidamente etiquetados y el público debe ser informado de lo que está comprando. Los técnicos que están preocupados, señalan que se desconoce el impacto que tendrá este tipo de negocio sobre el ambiente y los pequeños productores. Se preguntan ¿porqué si en la mayoría de los países del mundo están sometiendo la producción de transgénicos a estrictos controles, Panamá decidió abrir sus puertas? Los transgénicos son organismos a los que se les inserta material genético de especies distintas a la que pertenece mediante técnicas de ingeniería genética. Con estas técnicas, se rompen las barreras reproductivas que existen entre las diferentes especies, posibilitando la inserción de un gen de bacteria a una planta. Cuando esta técnica se aplica al maíz se modifica la planta. Los posibles daños al campo, que han sido comprobados, es que al introducirse transgenes a variedades nativas de maíz, éstas sufren una descompensación genética y fisiológica. Los transgénicos adquieren capacidades inusitadas como la resistencia al uso de herbicidas, la planta mata insectos que la atacan y sus semillas pierdan la propiedad de reproducirse naturalmente. Se trata, entonces, de la creación de nuevas variedades que no existen como tales en la naturaleza, sino que han sido creadas de manera completamente artificial. Los nuevos organismos transgénicos han estado provocando propiedades indeseadas, sea para los consumidores (como la producción de alergias o la resistencia a antibióticos) o sea para la relación de estos organismos con otras especies de su medio ambiente. La producción de organismos genéticamente modificados en su mayor parte son creaciones de empresas transnacionales a las cuales lo que les interesa es la generación de ganancias extraordinarias, con la menor cantidad posible de costos. Por ello, las nuevas variedades de maíz se diseñaron para resistir el consumo indiscriminado de herbicidas que la mismas empresas transnacionales producen (Monsanto, Novartis, Du Pont, etcétera). La resistencia a los herbicidas hace posible que la planta sea roseada con grandes cantidades de químicos sin que muera o bien le brinda a la planta la capacidad de resistir insecticidas más tóxicos que los usuales. El grupo de investigadores Séralini en Francia condujo experimentos que mostraron la asociación entre el consumo de productos transgénicos con el incremento de muertes entre animales por cáncer de mama en las hembras o por lesiones graves de hígado y/o riñón en los machos. Estudios de mercadeo apuntan a que la mayor parte de los cereales con más probabilidades de contener maíz transgénico son los cereales para niños. La mayoría de los niños en EEUU están siendo alimentados con productos transgénicos de todo tipo (no solamente con maíz transgénico). Esto representa un experimento poco ético de parte de Monsanto ya que los efectos a largo plazo del consumo humano de los productos transgénicos son desconocidos. Según una comisión de APEDE, hay que hacer una campaña a favor de un movimiento nacional para informar al pueblo sobre los productos alimenticios geneticamente modificados. ¿Hasta cuándo continuará el gobierno privilegiando los negocios, olvidándose del derecho que tenemos los panameños de prevenir enfermedades y tener acceso a los mejores servicios de salud? Los gobiernos panameños no tienen remordimientos. En los últimos años sus políticas equivocadas en materia de salud han causado la muerte de neonatos, jóvenes, mujeres y hombres. Los negocios del gobierno con los alimentos de los panameños tienen una probabilidad de causar más muertes a corto plazo. Los especialistas en salud pública le han planteado al gobierno los peligros que implican sus políticas sin recibir respuesta alguna. Los médicos panameños luchan por el respeto a la salud de los panameños. Han denunciado como las políticas públicas recientes han aumentado los riesgos a la vida de una simple hospitalización, así como la disminución drástica del presupuesto en el campo de la salud pública. La introducción de los transgénicos abre otro flanco a favor de los negocios en contra de la salud de los panameños. 8 de agosto de 2013.

Relator denuncia abuso contra indígenas

El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Jaime Anaya, regresó a Panamá y nuevamente se fue con la impresión de que hay muchos problemas en el país. No dudó, sin embargo, en afirmar que en Panamá, “la preservación y el desarrollo de las culturas indígenas se debe, en gran medida, al reconocimiento de los territorios y de la autonomía indígena otorgada por el Estado panameño a varios pueblos indígenas del país a través del sistema de comarcas”. Se refirió a la Constitución Política de la República que contiene importantes disposiciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas del país”. A pesar de esta realidad, el relator señaló que “durante la última semana he observado que este fundamento es en muchos aspectos frágil y precario y que existen varias amenazas sobre los derechos de los pueblos indígenas que ponen en riesgo los avances logrados”. Agregó que “los pueblos indígenas me han expresado de forma reiterada su máxima preocupación ante la presencia de terceros en sus territorios, tanto dentro como fuera de las comarcas. Esta situación ha resultado en la perdida de grandes extensiones de tierras y recursos naturales indígenas, así como en la fragmentación del control y de la toma de decisiones que las autoridades indígenas ejercen en sus tierras”. Según Anaya, los sectores que abusan de los pueblos indígenas, “incluyen empresas privadas agrícolas y de turismo, ganaderos, colonos, así como mineros y madereros ilegales. Ante esta situación, quisiera hacer un llamamiento al Estado a cooperar con las autoridades indígenas para controlar y poner fin a estas invasiones”. El relator especial se refirió a las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, no mencionó de manera explícita la matanza de obreros indígenas en las fincas bananeras de Bocas del Toro en 2010. Tampoco se refirió a las muertes de campesinos indígenas en San Félix en 2012. En ambas ocasiones las muertes fueron el resultado de las órdenes del gobierno de disparar armas de fuego contra los manifestantes y sus familias. En forma indirecta, el relator puso el dedo en la llaga al declarar que “el desarrollo de grandes proyectos de inversión en los territorios indígenas de Panamá ha sido motivo de numerosas alegaciones de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en años recientes”. Anaya también habló de su visita a Panamá en 2009, “para examinar la situación de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan 75 y emití un informe con observaciones y recomendaciones al respecto. Desde entonces he continuado recibiendo información sobres proyectos hidroeléctricos y proyectos de minería que tienen un impacto sobre los territorios indígenas”. El relator también se denunció los abusos al señalar que “los pueblos indígenas afectados por estos proyectos alegan irregularidades en los procesos mediante los cuales se han obtenido las autorizaciones para la construcción de las hidroeléctricas. Se alega también una inadecuada distribución de los beneficios derivados de los mismos”. El relator evitó denunciar todos los casos particulares de abusos cometidos por las empresas nacionales y extranjeras que son protegidas por fuerzas de seguridad gubernamentales. Se refirió de manera explícita al caso del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, empresa mixta panameña-hondureña. “De mi visita a la Comarca Ngabe-Buglé, planteó Anaya, y de mis diálogos con representantes ngabe resulta evidente que aún existe una fuerte oposición al proyecto Barro Blanco. (Es claro que el embalse que creará) la represa del proyecto hidroeléctrico, actualmente en construcción, inundaría tierras de un área anexa de la comarca con una afectación directa sobre los habitantes de esta zona”. El relator de la ONU se fue abrumado por “las preocupaciones de los pueblos indígenas de todo el país sobre la falta de respeto y deferencia por parte del gobierno panameño hacia las decisiones de las autoridades indígenas, que se manifiestan incluso en el desempeño de funciones bajo su jurisdicción al interior de las comarcas. En este sentido, las instancias del Gobierno deben fortalecer su cooperación con las autoridades indígenas, incluyendo asuntos como la educación, la salud, el desarrollo económico, y la seguridad en las zonas fronterizas del país en las áreas de la Comarca Gunayala y la Comarca Emberá Wounaan”. Informó que el gobierno prepara un Plan nacional de desarrollo integral de los pueblos indígenas, “que podría resultar en un avance significativo si realmente se fundamenta en las aspiraciones de los pueblos indígenas y si se convierte en una acción efectiva que disponga del presupuesto requerido para ser implementado”. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de que el gobierno ratifique los convenios de las Naciones Unidas que reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas. Según Anaya, un “avance importante para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sería la ratificación del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas”. A pesar de los avances en esta materia, somos “uno de los pocos países en América Latina que aún no ha ratificado el Convenio de la OIT que complementa la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado con el voto afirmativo de Panamá”. 1º de agosto de 2013.