Las drogas y las cárceles en EEUU

El Fiscal General de EEUU, Eric Holder, anunció formalmente un importante cambio de política que tiene como objetivo mitigar la enorme carga que representa actualmente la población carcelaria de ese país. La medida pretende evitar que las personas condenadas a penas de cárcel por delitos relacionados con drogas no tengan que cumplir las penas máximas. La legislación norteamericana, igual que la panameña, obliga a los jueces a aplicar penas absurdas de 10, a veces 20 años de cárcel, por poseer una droga ilícita. Holder habló ante el Colegio de Abogados de EEUU sobre el encarcelamiento masivo y mencionó que, a pesar de que ese país tiene apenas el 5 por ciento de la población mundial, alberga casi el 25 por ciento de los prisioneros del mundo. Entre otros cambios de política, Holder acogió con mucho entusiasmo la ampliación del programa de libertad anticipada para algunos prisioneros de edad avanzada. Además, anunció que revisaría las desigualdades raciales en las condenas, tras citar un reciente estudio que descubrió que los hombres afrodescendientes (negros) recibieron condenas casi un 20 por ciento más largas que las impuestas a hombres descendientes de europeos (blancos) procesados por delitos similares. Según Holder, “hay demasiados norteamericanos atrapados en un círculo vicioso de pobreza, criminalidad y encarcelamiento. Esta realidad es una causa inmediata del debilitamiento de muchas comunidades”. Holder también señaló que “hay aspectos de nuestro sistema de justicia penal que, en lugar de aliviar, exacerban estos problemas. Todos sabemos que hay demasiados norteamericanos que son condenados por demasiado tiempo y por ningún buen motivo legal”. Holder apuntó al hecho que hay demasiadas personas condenadas por acciones relacionadas con el consumo de drogas que no constituyen propiamente delitos. “Estamos gastando, dijo, demasiados ‘dólares’ en actividades que no rinden beneficios. En la década de 1980 el gobierno del entonces presidente Ronald Reagan declaró lo que llamó la “guerra contra las drogas”. Desde entonces el problema se ha complicado cada vez más y se ha creado un mito en torno al consumo de drogas, el crimen y el encarcelamiento de jóvenes. Como primer paso, el ministro de Justicia, le dió instrucciones a los fiscales federales de no pedir castigos exagerados a quienes son detenidos por delitos no violentos. Anunció también que trabajará en el Congreso de su país para darle a los jueces leyes más discrecionales que les permita impartir justicia. Comenzaremos por revisar todo lo relacionado con las penas obligatorias para los delitos relacionados con las drogas”. En EEUU hay cerca de 2 millones de personas privadas de libertad. De este total, 219 mil son reos en cárceles federales. Estas instalaciones están superpobladas con un 40 por ciento de exceso. Desde 1980 – cuando se comenzó a aplicar las leyes de la ‘guerra contra las drogas’ – la población carcelaria en EEUU se ha multiplicado ocho veces. La mitad de los reos han sido condenados por delitos vinculados con drogas. Holder dice que pretende orientar el sistema de uno que condena a los drogadictos a otro que les ofrece programas comunitarios de rehabilitación. El senador Rand Paul, líder del Partido Republicano, conservador y adversario de los derechos de los más necesitados, aplaudió el discurso de Holder. Señaló que aplicar penas exageradas a los delitos relacionadas con las drogas promueve la injusticia y contribuye a la inseguridad. Los senadores demócratas también acogieron en forma positiva la iniciativa del fiscal general norteamericano. Anteriormente, Holder señaló que toda aquella persona que no se enriquece comercializando con drogas no debe ser perseguida. En su discurso insistió en que el encarcelamiento debe servir para castigar, prevenir y rehabilitar a los que cometen delitos y no para encerrar y olvidarse de las personas. Aseguró que en EEUU la tendencia es hacia la inversión de recursos en programas de tratamiento y menos en la construcción de cárceles. En EEUU, al igual que en Panamá, es común que se encarcelen adolescentes por meras sospechas. Un ejemplo mencionado en EEUU es el muchacho de 19 años de edad que fue condenado a 10 años de prisión por encontrarse dentro de un auto donde se encontraron rastros de droga. Según estadísticas gubernamentales, en Panamá son miles los casos de adolescentes cuyas vidas han sido truncadas al ser recluidos en el sistema penitenciario. EEUU comenzó a regular el consumo de drogas consideradas ilícitas hasta hace poco. El gobierno federal ahora anuncia que flexibilizará su sistema judicial. Sin duda, las nuevas orientaciones contribuirán a mitigar el problema de la adicción y, sobre todo, a reducir las batallas territoriales del crimen organizado que sesgan cada vez más vidas. EEUU, sin embargo, insiste - a través de su política exterior - que los países de la región latinoamericana declaren “la guerra a la droga”. En Panamá, asesorado por la Embajada de EEUU, el actual gobierno ha comprado más de mil millones de dólares en armas de guerra con el pretexto de combatir el flagelo de la droga. El debate en Panamá sobre la regulación y la despenalización es declarado fuera de límites por el actual gobierno. Es hora de cambiar de rumbo y buscarle una solución definitiva al problema de las drogas. 15 de agosto de 2013.