Relator denuncia abuso contra indígenas

El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Jaime Anaya, regresó a Panamá y nuevamente se fue con la impresión de que hay muchos problemas en el país. No dudó, sin embargo, en afirmar que en Panamá, “la preservación y el desarrollo de las culturas indígenas se debe, en gran medida, al reconocimiento de los territorios y de la autonomía indígena otorgada por el Estado panameño a varios pueblos indígenas del país a través del sistema de comarcas”. Se refirió a la Constitución Política de la República que contiene importantes disposiciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas del país”. A pesar de esta realidad, el relator señaló que “durante la última semana he observado que este fundamento es en muchos aspectos frágil y precario y que existen varias amenazas sobre los derechos de los pueblos indígenas que ponen en riesgo los avances logrados”. Agregó que “los pueblos indígenas me han expresado de forma reiterada su máxima preocupación ante la presencia de terceros en sus territorios, tanto dentro como fuera de las comarcas. Esta situación ha resultado en la perdida de grandes extensiones de tierras y recursos naturales indígenas, así como en la fragmentación del control y de la toma de decisiones que las autoridades indígenas ejercen en sus tierras”. Según Anaya, los sectores que abusan de los pueblos indígenas, “incluyen empresas privadas agrícolas y de turismo, ganaderos, colonos, así como mineros y madereros ilegales. Ante esta situación, quisiera hacer un llamamiento al Estado a cooperar con las autoridades indígenas para controlar y poner fin a estas invasiones”. El relator especial se refirió a las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, no mencionó de manera explícita la matanza de obreros indígenas en las fincas bananeras de Bocas del Toro en 2010. Tampoco se refirió a las muertes de campesinos indígenas en San Félix en 2012. En ambas ocasiones las muertes fueron el resultado de las órdenes del gobierno de disparar armas de fuego contra los manifestantes y sus familias. En forma indirecta, el relator puso el dedo en la llaga al declarar que “el desarrollo de grandes proyectos de inversión en los territorios indígenas de Panamá ha sido motivo de numerosas alegaciones de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en años recientes”. Anaya también habló de su visita a Panamá en 2009, “para examinar la situación de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan 75 y emití un informe con observaciones y recomendaciones al respecto. Desde entonces he continuado recibiendo información sobres proyectos hidroeléctricos y proyectos de minería que tienen un impacto sobre los territorios indígenas”. El relator también se denunció los abusos al señalar que “los pueblos indígenas afectados por estos proyectos alegan irregularidades en los procesos mediante los cuales se han obtenido las autorizaciones para la construcción de las hidroeléctricas. Se alega también una inadecuada distribución de los beneficios derivados de los mismos”. El relator evitó denunciar todos los casos particulares de abusos cometidos por las empresas nacionales y extranjeras que son protegidas por fuerzas de seguridad gubernamentales. Se refirió de manera explícita al caso del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, empresa mixta panameña-hondureña. “De mi visita a la Comarca Ngabe-Buglé, planteó Anaya, y de mis diálogos con representantes ngabe resulta evidente que aún existe una fuerte oposición al proyecto Barro Blanco. (Es claro que el embalse que creará) la represa del proyecto hidroeléctrico, actualmente en construcción, inundaría tierras de un área anexa de la comarca con una afectación directa sobre los habitantes de esta zona”. El relator de la ONU se fue abrumado por “las preocupaciones de los pueblos indígenas de todo el país sobre la falta de respeto y deferencia por parte del gobierno panameño hacia las decisiones de las autoridades indígenas, que se manifiestan incluso en el desempeño de funciones bajo su jurisdicción al interior de las comarcas. En este sentido, las instancias del Gobierno deben fortalecer su cooperación con las autoridades indígenas, incluyendo asuntos como la educación, la salud, el desarrollo económico, y la seguridad en las zonas fronterizas del país en las áreas de la Comarca Gunayala y la Comarca Emberá Wounaan”. Informó que el gobierno prepara un Plan nacional de desarrollo integral de los pueblos indígenas, “que podría resultar en un avance significativo si realmente se fundamenta en las aspiraciones de los pueblos indígenas y si se convierte en una acción efectiva que disponga del presupuesto requerido para ser implementado”. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de que el gobierno ratifique los convenios de las Naciones Unidas que reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas. Según Anaya, un “avance importante para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sería la ratificación del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas”. A pesar de los avances en esta materia, somos “uno de los pocos países en América Latina que aún no ha ratificado el Convenio de la OIT que complementa la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado con el voto afirmativo de Panamá”. 1º de agosto de 2013.