La salud pública en peligro

Uno de los desaciertos más peligrosos del actual gobierno del presidente Ricardo Martinelli es su manejo de la política de salud pública. En el siglo XX Panamá efectuó enormes avances en materia de salud. Se adoptaron las nociones modernas vinculadas a la salud pública y los adelantos en materia de medicina como un derecho humano. Los gobiernos liberales y el régimen militar dieron pasos significativos. Las tasas de mortalidad y de morbilidad disminuyeron. La esperanza de vida aumentó a los niveles más altos. Todo esto fue el resultado de las políticas de salud pública que colocaron en un lugar privilegiado el acceso de todos por igual – en principio - a los servicios urbanos como agua potable, alcantarillado, nutrición, vacunación y atención hospitalaria. En el siglo XXI presenciamos un retroceso significativo producto de los ajustes neoliberales concebidos para transferir las riquezas de todos los panameños a una pequeña elite. Esta realidad se aprecia especialmente en la política de salud y en la legislación que pretende eliminar las conquistas del siglo pasado. El agua potable ha dejado de ser un derecho humano. Se quiere convertir en negocio. Igual los servicios de alcantarillado, nutrición y vacunación. La atención hospitalaria se ha convertido en un riesgo para la población. Los trabajadores de la salud y otros sectores le han advertido al gobierno sobre los peligros. El presidente Martinelli y los diputados de la Asamblea Nacional no quieren entrar en razón. Los gobernantes prefieren poner al país en un camino catastrófico con tal de asegurarse algunos buenos negocios. Según el Colegio de Salud Pública, el Código Sanitario que discuten los diputados reduce el derecho a la salud a “un conjunto de prestaciones… definidas por la autoridad sanitaria en coordinación con la seguridad social… con base a la capacidad del sistema de salud y su sostenibilidad financiera” (Cap. III, Art 25). Se olvida totalmente de que hay que garantizar el acceso universal a la salud. “La propuesta de Código, según el proyecto, no ofrece garantía institucional o calidad de los servicios de salud”. Además, hay “aspectos que resultan contradictorios entre sí. Por ejemplo: el artículo 7 reconoce el derecho al acceso por todas las personas a servicios de salud de calidad en función de sus necesidades. Mientras tanto el artículo 25 limita dicho acceso a un conjunto de prestaciones garantizadas, definido no en función a las necesidades de las personas, sino en función a las capacidades financieras del sistema de salud”. La nueva ley riñe con la Constitución Política de la República que “reconoce el derecho de cada individuo a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud”. La carta magna también “establece la obligación del Estado de proteger la salud de la madre, del niño y del adolescente garantizando una atención integral y obliga a crear establecimientos en los cuales se preste servicios de salud integral y se suministren medicamentos a toda la población”. La nueva legislación propone un “Código Sanitario que limita el acceso de las personas a los servicios de salud a su capacidad económica, lo cual resulta inconstitucional y éticamente inaceptable”. El nuevo Código pretende, además, “sancionar con 2 a 4 años de prisión a quien difunda informaciones o noticias falsas e inciertas en materia de Salud Pública sin ningún fundamento o documento probatorio” (artículo 182). Los salubristas dicen que “esta propuesta deja de lado el impacto que una distorsión de este tipo tendría sobre la vigilancia en Salud Pública, sin considerar la amplia gama de consecuencias adversas en materia de derechos humanos”. Le recuerda a las autoridades nacionales que “los sistemas de vigilancia de salud pública, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud, reconocen la importancia de los “rumores” como elementos claves para la investigación, detección y desarrollo de acciones oportunas orientadas a limitar los daños y costos innecesarios”. Los diputados no tienen porqué saberlo todo pero tienen que estudiar y asesorarse para entender el mundo en que viven. Los trabajadores de la salud señalan que “la epidemiología moderna utiliza sistemáticamente el rumor para orientar los procesos de investigación de alerta sanitaria, mientras la propuesta de Código pretende, con la fuerza de una ley, impedir cualquier comentario sobre salud o la calidad de los servicios”. Por ignorancia o por el lucro, los gobernantes aparentemente no entienden que “la aplicación del artículo 182 tendría potencialmente enormes costos humanos, materiales y financieros, tanto de los daños amplificados por acciones tardías, como de los efectos directos e indirectos asociados y terminarían por minar aún más la capacidad y sostenibilidad financiera del sistema de salud”. La COMENENAL – red gremial de los trabajadores de la salud - denunció que el gobierno quiere privatizar los servicios de salud para que los actuales especuladores puedan hacer más ganancias a costilla de los panameños que aspiran a tener una mejor calidad de vida. El artículo 8 del proyecto pretende acabar con la salud pública. Señalan que el nuevo código convertiría a todos los servicios “destinados a la promoción, prevención, conservación, restitución, rehabilitación de la salud” en actividades con fines “lucrativos”. Cada panameño tendría que pagarle a un ladrón por el aire que respira. 25 de julio de 2013.