El mundo celebra el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha que la mayoría festeja todos los días. Los que tienen madre, compañera, hijas o amigas se preguntan a diario como sería la vida sin ellas. Sin embargo, desde que las sociedades escriben su historia, hemos visto como a la mujer se le niega sus derechos humanos, muchas veces con violencia.
En el siglo XX se realizaron importantes avances relativos como el reconocimiento de la igualdad de la mujer con relación al hombre en materia política electoral, educación y empleo. Hemos avanzado muy poco en temas como igualdad de pago en el empleo, donde existe el “techo de vidrio” que frena el ascenso femenino. Igualmente, en educación. Aunque actualmente en las universidades la mayoría de los estudiantes y graduados son mujeres, esto no se refleja en la dirección de las empresas públicas y privadas.
El principal obstáculo al reconocimiento de la igualdad de la mujer en la sociedad moderna aún es el monopolio que se arroga la sociedad sobre el cuerpo femenino. Hay países donde la mujer no tiene derechos humanos (no es persona) y todos sus actos son supervisados por su “amo” hombre, sea padre, esposo o hijo. En la mayoría de los países llamados modernos o capitalistas (incluyendo los dependientes), a la mujer se le reconocen muchos derechos, pero se le niega la propiedad de su propio cuerpo.
Por ejemplo, no puede tomar una decisión autónoma si desea interrumpir un embarazo, tampoco si desea alterar su capacidad reproductiva. En la actualidad, en Panamá se desató un debate en torno a una ley que reforma una norma legal de 1941 que le permitía a la mujer buscar asistencia médica gratuita para esterilizarse si tenía 33 años de edad o mas y, además, tres hijos. El nuevo ordenamiento legal reduce la edad a 23 años. El resto de la norma queda intacta.
Para sorpresa de muchos, de una vez saltaron al ruedo representantes de los sectores más retrógrados del país a defender una falsa moral asociada con un derecho supuestamente sacrosanto que tiene la mujer de tener hijos. La Iglesia católica señaló que si se “esterilizaba” a las mujeres panameñas pronto la población se envejecería causando toda clase de problemas sociales. Otros aseguraban – reproduciendo los alegatos ‘machistas’ - que la mujer no puede actuar en forma autónoma. El Ministerio de Educación, que no permite cursos de educación sexual en los colegios del país, se negó a pronunciarse sobre la nueva ley.
El presidente de la Asamblea de Diputados, quien firmó y envió la nueva norma a la Presidencia de la República para su proclamación y publicación en la Gazeta Oficial, le dijo a la jerarquía de la Iglesia católica que le pediría al presidente Martinelli que vetara la ley. La actitud de la Asamblea es un reflejo de la falta de formación de nuestros políticos en torno a problemas de importancia para el país. La Asamblea debería educar al pueblo y a las instituciones – como la Iglesia – sobre el contenido de las leyes que aprueba.
El contenido de la ley se confundió y tergiversó en medio de los temores de algunos sectores del país de que perderían el monopolio sobre el uso del cuerpo de la mujer. La Asamblea debe aclarar que la nueva ley no pone fin a ese monopolio. Lo único que hace es ofrecerle un servicio médico gratuito – financiado por el gobierno – a cualquier mujer con 23 o más con deseos de esterilizarse. Incluso, la reforma retiene de la legislación anterior un Consejo anacrónico que tiene que aprobar el procedimiento. El Consejo está formado por jefes de Salud, la Procuraduría y un diputado. En realidad, la única persona que debe autorizar el procedimiento es la mujer interesada. Quizás un médico puede dejar por escrito que la interesada goza de buena salud física.
En contraste, la ley también señala que el hombre puede recurrir a los mismos servicios de salud que proporciona el gobierno en forma gratuita para realizarse una vasectomía (esterilización). En el caso del hombre, tiene que tener por lo menos 18 años de edad (mayor de edad) y no necesita la aprobación del Consejo. La ley sigue haciendo en este caso una clara discriminación en contra de la mujer.
En el caso de Panamá, la norma legal anterior o la reformada actual no impide que cualquier mujer pueda acudir a un servicio médico privado y esterilizarse mediante el pago al profesional de la medicina correspondiente. Para ello no necesita tener una edad en particular, ni tiene que conseguir el permiso de Consejo alguno. Lo que necesita es dinero, mucho dinero en términos relativos ya que la intervención supera la suma de un salario mínimo mensual. El 60 por ciento de las mujeres panameñas viven por debajo de la “línea de la pobreza” o forman parte de familias “informales” y no tienen los recursos para hacerse una esterilización.
En el Día Internacional de la Mujer hay que reiterar el apoyo a este sector de la población en sus luchas por alcanzar el reconocimiento pleno de sus derechos humanos.
7 de marzo de 2013.
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