Areas revertidas al mejor postor

Anoche se inauguró el Foro sobre Las Areas Revertidas en la Universidad de Panamá, con la participación del rector Gustavo García de Paredes, el antiguo director de la ARI (Autoridad Regional Interoceánica), Nicolás Ardito Barletta, y el dirigente obrero Egberto Cobos. El encuentro es el fruto del esfuerzo de la Federación de Comunidades de las Areas Revertidas que contó con el apoyo de la Casa de Méndez Pereira.

La historia de Panamá en el siglo XX fue marcada por una lucha contra la ocupación neo-colonial y militar de EEUU. Es una realidad que no se puede borrar. No se entendería lo que es hoy Panamá si no conocemos mejor nuestra propia historia, cómo nos formamos y quiénes contribuyeron a esa lucha generacional. Muchas de las comunidades de las áreas revertidas, actualmente ocupadas por panameños, eran parte de las instalaciones militares que tenían los norteamericanos en suelo nacional.

A partir de la década de 1970, las escuelas enseñaban nuestra historia y, en particular, la historia de las relaciones de Panamá con EEUU. En la actualidad, están eliminando estas materias de los colegios del país. Esta decisión inconsulta - de partidos oficiales y de oposición - le hará mucho daño al tejido social del país. Le borrará la memoria de país a la población y tratará de convertir a los panameños en seres sin Patria (apátridas).

Hay que conservar nuestra historia, haciendo énfasis en los diferentes aspectos más relevantes. Hay que destacar el papel de nuestra juventud, creativa, inteligente y combativa. Especialmente el ejemplo de los estudiantes del Instituto Nacional que conservan íntegro el legado de esas generaciones heroicas. Igualmente, la capacidad de nuestros diplomáticos que supieron enfrentar a fuerzas muy superiores y lograr los objetivos anhelados por todos los panameños. Hay que destacar la capacidad que tuvimos los panameños de recuperar todos nuestro territorio sin hacer un solo disparo, defendiendo nuestra bandera, buscando solidaridad a escala mundial y movilizando a un pueblo amante de su país.

El proceso mediante el cual la antigua Zona del Canal comenzó a ser poblada por panameños se inició en 1979. En la década de 1990 el proceso se aceleró y hoy ya es un hecho consumado. El problema, en la actualidad, no son los ‘gringos’ ocupantes. Ahora son los especuladores que controlan el gobierno nacional y quieren convertir las áreas revertidas en una mercancía que se vende al mejor postor. Los depredadores capitalistas pretenden acabar con la conquista de varias generaciones de panameños.

Lastimosamente, los últimos gobiernos han perdido la brújula y en la actualidad hay una política antinacional que quiere aprovechar para unos pocos las ventajas que nos proporciona la posición geográfica del país recuperada a fines del siglo pasado. ¿Cuál es la situación actual de las antiguas bases militares norteamericanas que ocupaban la Zona del Canal? En términos generales ha sido deficiente el uso que se le ha dado a las antiguas bases militares norteamericanas. Una excepción es la Fundación Ciudad del Saber, que ocupó los terrenos de la antigua base militar del Ejército Sur de EEUU en Clayton. 

Los demás casos han tenido resultados mixtos. Las viviendas han recibido un trato muy positivo por sus nuevos residentes panameños. En la actualidad, estos se han convertido en los defensores del patrimonio nacional que representan las áreas revertidas. Veamos los otros casos:

2. La antigua base naval de Amador, donde estaba el Comando Naval. Las islas Naos, Perico y Flamenco están recibiendo un uso comercial poco ordenado (sin planificación). Predomina el caos urbano. Amador propiamente tal también tiene un uso confuso.

3. La base naval Rodman  ha sido objeto de muchos negocios que no han resultado. No cuenta con plan para su uso. Es un caso que da mucha vergüenza.

4. La base de Kobbe – antigua sede de la Brigada 193 de Infantería - no cuenta con plan de desarrollo. Se le entregaron varias hectáreas a una empresa que explota un hotel de playa en ese lugar.

5. La base aérea de Howard – donde operaba el Comando de la Fuerza Aérea de EEUU - fue concedida a una empresa británica con una propuesta muy desordenada para crear una especie de zona libre de comercio en el Pacífico.

6. El Fuerte Gulick – del Ejército – en el Atlántico tenía la infame Escuela de las Américas que ahora es un hotel de una cadena española.

Otros casos han recibido un uso deficiente, desde todo punto de vista.

7. Los antiguos campos de tiro de Piña, Balboa y Emperador. Estas instalaciones no han sido ‘limpiados” de municiones vivas y todavía quedan materiales tóxicos abandonados por EEUU.

8. La base de Sherman en el Atlántico, antigua sede del Cuerpo de Infantes de Marina aún usado para realizar prácticas militares anuales (Panamax).

9. El Comando Sur en Quarry Heights (falda del cerro Ancón). Un balance indica que el uso especulativo, sólo pensando en negocios rápidos, que han recibido las antiguas bases militares arrojan un balance negativo. La única excepción podría ser la antigua base del Ejército Sur, hoy la Ciudad de Saber.

Esta noche continúa el foro en el Auditorio Dolores Moscote de la Universidad de Panamá.

25 de abril de 2013.

La deuda puede provocar crisis política

La deuda panameña está creciendo a una velocidad que para la mayoría de los observadores pronto nadie podrá controlar. El actual gobierno – y sus asesores en Wall Street - sostiene que la deuda no constituye un riesgo en la medida en que la economía (medido por el producto interno bruto) crece a un ritmo igual o superior. Ambos crecen a una tasa anual del 10 por ciento. Obviamente, cuando la economía se desinfle y deje de crecer, Panamá ya no será un cliente interesante para los prestamistas. Nadie nos querrá prestar. Lo que no consideran los ideólogos incrustados en los puestos gubernamentales  es que el país quedará trabado con una deuda gigantesca cuyo ‘servicio’ no se podrá pagar.

En el último lustro ha llegado a Panamá una inversión de capital muy fuerte. El mismo ha sido básicamente en el sector especulativo de la construcción, turismo y la banca. También se han hecho inversiones en el sector energético (represas hidroeléctricas) y en la minería. La mayor parte de esa inversión se realiza bajo la forma de capitales que entran y salen, sin mayores controles financieros (y menos políticos). La banca panameña cuenta con una cartera de casi 90 mil millones de dólares. La plaza bancaria panameña se ha duplicado en menos de una década. El año pasado creció en un 10 por ciento.

El proceso descrito es llamado una “burbuja”. Sobre la base de un ciclo favorable de crecimiento el gobierno se abre - de par en par - a los negocios sin contemplar su viabilidad a mediano y largo plazos. Cuando el ciclo toma una dirección descendiente el país se queda varado como un barco cuando es atrapada por la marea baja. Este fenómeno es muy conocido por Panamá que lo ha experimentado a lo largo de su historia. Combinado con el mal manejo de la deuda (externa e interna) que ha adquirido el gobierno panameño, especialmente en los últimos años, puede conducir el país a una guerra civil. Veamos por qué.

Según algunos autores que escribían cuando el capitalismo conoció su época dorada (1948-1973) y crecía a escala global, la deuda y la inflación son maneras de retardar y resolver temporalmente conflictos sociales. El endeudamiento era una necesidad ante la falta de políticas que impulsaran un crecimiento sostenible y productivo ¿Puede Panamá hacer eso?

En el caso de Panamá, la nacionalización del Canal (en 2000) y los crecientes ingresos (de 2001 hasta el presente) de su operación han creado un globo especulativo espectacular. El crecimiento del PIB en el último lustro le permitió a Martinelli endeudar al país a un ritmo de mil millones de dólares al año. En la actualidad, la deuda supera los 14 mil millones de dólares. El gobierno tiene que pagarle anualmente a sus acreedores más de mil millones de dólares en intereses. Lo equivalente al presupuesto nacional de educación (que atiende en forma deficiente a 800 mil estudiantes panameños). 

La deuda de $14 mil millones no incluye los contratos "llave en mano" que ha firmado Martinelli por otra suma de 3.4 mil millones de dólares. La deuda totalizaría 18 mil millones de dólares. Hay quienes ven una luz al final del túnel al señalar que la deuda interna se duplicó para colocarse ya en 3 mil millones de dólares. En realidad, esto significa que ante una recesión la debacle de los inversionistas locales será aún más dura. A pesar del banquete y del baile de gala que celebran los especuladores actualmente, el gobierno de Martinelli acaba de anunciar que necesita a corto plazo otros 700 millones de dólares para balancear el presupuesto nacional.

Al término de la expansión del Canal - calculado entre 2014 y 2015 - se desinflará el globo y Panamá tendrá dificultades para pagar las deudas. Todas las inversiones que ha realizado Martinelli son de servicios, no generan riqueza ni empleos productivos. Las carreteras se pagan si transportan mercancías y trabajadores. Igual, las avenidas, calles y Metro en la ciudad de Panamá. En una recesión no hay producción de mercancías y menos comercio.

Entonces se hablará de austeridad. ¿Para quién? ¿Otra vez los trabajadores? Estos han sido despojados de todo y no tienen con que seguir siendo victimizados.

Hay voces que hablan de una posible salvación: La explotación de la mina de cobre en Petaquilla que rendirá varios miles de millones al año. Pero sólo le dará al fisco el 4 por ciento en concepto de impuesto. Esa participación del gobierno representaría 100 millones de dólares al año. Incluso menos, si First Quantum (nueva propietaria de la empresa Panama Cobre) sale con la suya de incrementar al máximo las ganancias que se llevarán al extranjero. 

La otra apuesta de los especuladores que gobiernan actualmente al país es la mina de Cerro Colorado, en la Comarca Ngobe-Buglé. Si el mercado de metales preciosos se sostiene esta mina podría duplicar los ingresos que generaría Panama Cobre en Petaquilla. El efecto político de esta iniciativa, sin embargo, sería una guerra civil y la probable pérdida del poder político de la clase rentista que controla desde hace 20 años el gobierno. 
18 de abril de 2013.

 

Escuadrón de la muerte asesina a ngobe

El trabajador ngobe Onésimo Rodríguez fue asesinado la semana pasada en Volcán, Chiriquí, por un escuadrón de la muerte. Aparentemente, la banda asesina opera en la región para amedrentar a los miembros del pueblo ngobe que protestan contra la construcción de la represa Barro Blanco. Obra que se construye ilegalmente en la comarca Ngobe-Bugle en la serranía del Tabasará.

Rodríguez formaba parte de un grupo de cerca de 200 trabajadores ngobe que llevó a cabo una manifestación de protesta contra la represa hidroeléctrica de Barro Blanco, en Las Nubes, entre Cerro Punta y el pueblo de Volcán. Fue una protesta pacífica en solidaridad con sus hermanos en la comarca. Los productores agrícolas de las tierras altas chiricanas emplean casi exclusivamente mano de obra ngobe. Hace décadas los campesinos chiricanos no trabajan en las fincas que explotan el café, lechuga y otros productos agrícolas. Fueron reemplazados por los trabajadores indígenas que ganan un salario muy inferior.

Después de la protesta de solidaridad de los ngobe, el grupo se dispersó pacíficamente. Algunos regresaron a las fincas donde trabajaban y otros tomaron distintos caminos. Rodríguez junto a un compañero fueron a buscar un medio de transporte. Mientras esperaban en una parada de autobús, cuatro hombres se presentaron con máscaras de esquí. Se llevaron a los dos manifestantes y los golpearon con barras de hierro y palos.

Rodríguez , después de recibir la golpiza, fue arrojado a un arroyo cercano. Lo encontraron a la mañana siguiente, muerto. La otra víctima del ataque sobrevivió. Su identidad, según se informó, está siendo protegida por su seguridad.

Según voceros ngobe, las operaciones de “este tipo de grupo de exterminio no es nuevo en América Latina. Sin embargo, no se había visto en Panamá o en la región occidental del país hasta el momento”. Aseguraron que la manifestación pacífica realizada en Las Nubes es  “parte de la lucha indígena panameña para proteger sus tierras”.

La comunidad ngobe está indignada por el acto de violencia. Más aún, los ngobe están alarmados por la falta de interés por parte de las autoridades para investigar el crimen. Según una persona que participó en la manifestación de protesta, el asesinato es una provocación abierta al pueblo ngobe. Además, es un intento de los sectores interesados en asustar a los trabajadores ngobe y a sus familias para que dejen de protestar contra la construcción de la represa. La obra es propiedad de una sociedad panameña-hondureña y financiada por un banco del gobierno holandés, el FMO, y otro alemán, el DEG.

Las tácticas de terror lo que hacen, sin embargo, es redoblar la determinación de los ngobes para defender sus tierras. En estos momentos, el estado de ánimo de los ngobe es de avanzar con prudencia a la espera de escuchar las propuestas del gobierno nacional. Los dirigentes ngobe saben que los intereses asociados a las represas son las mismas que tienen vínculos a las grandes trasnacionales mineras que quieren explotar el subsuelo panameño. Ambos, a su vez, tienen fuertes nexos con personeros de los gobiernos panameños actuales y del pasado. Las acciones de los escuadrones de la muerte sólo unen más a los ngobe.

La sociedad panameña se pregunta si habrá más protestas en las tierras altas y en las carreteras.  Si el gobierno insiste en apoyar a los especuladores que construyen represas en los ríos de la comarca ngobe, no cabe la menor duda de que los enfrentamientos continuarán y, probablemente, se incrementen.

El gobierno actual tiene poca experiencia y pericia en materia represiva y desconoce las relaciones de producción en la provincia de Chiriquí. Los jefes militares tampoco han hecho un estudio de la capacidad de resistencia de los ngobe. Las fuerzas armadas y el Ministerio de Seguridad Puública cuentan el número de armas que tienen los ngobes y las comparan con los equipos sofisticados que ellos manejan. Sobre la base de esos cálculos llegan a la conclusión de que pueden derrotar cualquier protesta indígena. Los asesores militares norteamericanos, que trabajan sobre el terreno, tienen un plan de contingencia para destruir militarmente lo que llaman la “insurrección indígena y campesina” en Panamá.

Lo que no entienden el gobierno (porque no quiere), los militares locales y norteamericanos, es que los ngobe son la principal fuerza de trabajo en las tierras altas de Chiriquí desde hace 40 años. Además, son los trabajadores de las fincas bananeras desde hace 50 años. También son los que levantan la zafra en los cañaverales de cuatro provincias y cosechan los arrozales. Si los gnobes son reprimidos todas esas actividades serían paralizadas por falta de mano de obra. Los personeros del gobierno y sus socios pueden privilegiar en esta coyuntura la inversión minera. Pero los productores agrícolas de cinco provincias serían los que perderían la batalla. Las políticas del gobierno sólo perjudican el país.

Onésimo Rodríguez, muerto en la comunidad de Las Nubes, víctima de un escuadrón de la muerte, es el mensajero de un pueblo explotado que defiende sus tierras. Su mensaje es alto y claro: Como él hay muchos más dispuestos a sacrificar sus vidas por la integridad de sus familias, comunidades y cultura.

11 de abril de 2013.

Nueva ley vendería las fuentes de agua

El proyecto de ley Nº573 que pretende reformar la producción y distribución del agua potable reposa en la Asamblea de Diputados desde fines de febrero de 2013. El proyecto está lleno de ambigüedades y contradicciones que hace sospechar que tiene un objetivo muy ajeno a los mejores intereses de los hogares de casi un millón de consumidores panameños. Según el artículo 3 del proyecto de ley, el agua puede considerarse un bien público y también puede considerarse todo lo contrario. El artículo del mencionado proyecto dice textualmente que “el agua pertenece al Estado y éste establecerá las políticas para su uso y explotación”. También dice que “fijará las prioridades para la explotación y uso de este recurso”. Agrega que “la (nueva) Autoridad del Agua podrá desarrollar las actividades que sean necesarias para la protección de aquellos recursos hídricos que sirven de fuente de agua cruda para el suministro de la población”. Significa que la Autoridad podrá ceder en concesión o enajenar las fuentes de agua cruda. En otras palabras, no se privatizará el IDAAN o el ente que la reemplace. Sin embargo, se podrá privatizar las fuentes de agua en las cabeceras de los ríos.

El IDAAN o la nueva Autoridad compraría el líquido proveniente de las fuentes de agua. El proyecto de ley que está a la espera de su debate también sugiere que la distribución del agua puede ser externalizada. En la actualidad, entidades gubernamentales externalizan sus actividades a empresas de confianza que son registradas días antes exclusivamente para recibir la concesión.

En el artículo 2 del proyecto se divide el servicio de abastecimiento de agua potable en dos partes. Por un lado, todo lo referente a la producción de agua potable. Por el otro, la distribución del agua. La producción tiene tres fases. La primera fase comienza con “la captación de aguas superficiales o subterráneas”. La segunda continúa con “la potabilización del agua cruda”. La tercera fase se refiere a “la conducción principal de agua cruda o tratada, hasta los límites de las áreas de consumo”. La cuarta fase – correspondiente a la distribución - consiste en “la conducción del agua dentro de las áreas de consumo, hasta la entrega en el inmueble del cliente”. Por último, la quinta fase se refiere a “la comercialización del agua a los clientes”.

El proyecto de ley incluye en esta fase de la distribución una mención especial a la “distribución de agua potable a través de cisternas y otros”. Es decir, el gobierno a través del proyecto de ley en forma irresponsable no tiene intenciones de poner fin a esta práctica resultado de urgencias sociales con un buen plan para que todos los hogares del país tengan acceso al agua potable dentro de las paredes de su vivienda.

En total, el abastecimiento de agua tiene 5 fases. En el pasado reciente, 4 de estas etapas no han podido ser convertidas en actividades lucrativas. La segunda fase correspondiente a la ‘potabilización’ – mencionada más arriba - requiere de un servicio permanente de mantenimiento técnico. Cuando se sacrifican aspectos vitales de este servicio para favorecer los márgenes de lucro (ganancias) se producen las crisis que la ciudad de Panamá ha conocido en forma permanente en los últimos 20 años. Los empresarios (extranjeros y nacionales) sitúan su margen de ganancia en aproximadamente un 30 por ciento. Como no pueden subir el precio del agua por la estructura del mercado local, tienden a rebajar la calidad del servicio provocando ‘accidentes’ y desabastecimiento. Como consecuencia de la falta de capacidad técnica, aparentemente los empresarios han abandonado su interés en ‘privatizar’ esta fase de la producción de agua potable.

La tercera etapa - la conducción del agua hasta los límites de las áreas de consumo - no ofrece un margen de ganancia para el sector privado. Por lo tanto no muestran interés en su privatización. La cuarta fase es un problema social que el Estado no quiere resolver. Se niega a ofrecer a todas las familias acceso al agua potable en sus viviendas. Casi la mitad de las viviendas en el área metropolitana de la ciudad de Panamá no tiene agua. Buscan el agua en ‘plumas” comunales, esperan la visita del camión cisterna o se resignan a recoger aguas de lluvia. Privatizar esta fase es un dolor de cabeza.

La quinta y última fase, correspondiente a la ‘comercialización’ es otro problema. Un porcentaje muy elevado de los usuarios – especialmente en las afueras de la ciudad - no paga el servicio debido a la pobre calidad. Externalizar la cobranza tendría un costo político muy alto.

La primera fase, que corresponde a “la captación de aguas superficiales o subterráneas”, presenta la única opción para privatizar. Es decir, vender o concesionar las fuentes de agua en las cabeceras de los ríos.

El proyecto de ley no se refiere al estudio de las fuentes de agua existentes, ni a las demandas de agua a corto, mediano y largo plazos. El proyecto de ley sólo le preocupa cómo garantizar que la producción y distribución de agua potable sea un buen negocio y genere ganancias para quienes inviertan en el sector.

4 de abril de 2013.