La salud pública en peligro

Uno de los desaciertos más peligrosos del actual gobierno del presidente Ricardo Martinelli es su manejo de la política de salud pública. En el siglo XX Panamá efectuó enormes avances en materia de salud. Se adoptaron las nociones modernas vinculadas a la salud pública y los adelantos en materia de medicina como un derecho humano. Los gobiernos liberales y el régimen militar dieron pasos significativos. Las tasas de mortalidad y de morbilidad disminuyeron. La esperanza de vida aumentó a los niveles más altos. Todo esto fue el resultado de las políticas de salud pública que colocaron en un lugar privilegiado el acceso de todos por igual – en principio - a los servicios urbanos como agua potable, alcantarillado, nutrición, vacunación y atención hospitalaria. En el siglo XXI presenciamos un retroceso significativo producto de los ajustes neoliberales concebidos para transferir las riquezas de todos los panameños a una pequeña elite. Esta realidad se aprecia especialmente en la política de salud y en la legislación que pretende eliminar las conquistas del siglo pasado. El agua potable ha dejado de ser un derecho humano. Se quiere convertir en negocio. Igual los servicios de alcantarillado, nutrición y vacunación. La atención hospitalaria se ha convertido en un riesgo para la población. Los trabajadores de la salud y otros sectores le han advertido al gobierno sobre los peligros. El presidente Martinelli y los diputados de la Asamblea Nacional no quieren entrar en razón. Los gobernantes prefieren poner al país en un camino catastrófico con tal de asegurarse algunos buenos negocios. Según el Colegio de Salud Pública, el Código Sanitario que discuten los diputados reduce el derecho a la salud a “un conjunto de prestaciones… definidas por la autoridad sanitaria en coordinación con la seguridad social… con base a la capacidad del sistema de salud y su sostenibilidad financiera” (Cap. III, Art 25). Se olvida totalmente de que hay que garantizar el acceso universal a la salud. “La propuesta de Código, según el proyecto, no ofrece garantía institucional o calidad de los servicios de salud”. Además, hay “aspectos que resultan contradictorios entre sí. Por ejemplo: el artículo 7 reconoce el derecho al acceso por todas las personas a servicios de salud de calidad en función de sus necesidades. Mientras tanto el artículo 25 limita dicho acceso a un conjunto de prestaciones garantizadas, definido no en función a las necesidades de las personas, sino en función a las capacidades financieras del sistema de salud”. La nueva ley riñe con la Constitución Política de la República que “reconoce el derecho de cada individuo a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud”. La carta magna también “establece la obligación del Estado de proteger la salud de la madre, del niño y del adolescente garantizando una atención integral y obliga a crear establecimientos en los cuales se preste servicios de salud integral y se suministren medicamentos a toda la población”. La nueva legislación propone un “Código Sanitario que limita el acceso de las personas a los servicios de salud a su capacidad económica, lo cual resulta inconstitucional y éticamente inaceptable”. El nuevo Código pretende, además, “sancionar con 2 a 4 años de prisión a quien difunda informaciones o noticias falsas e inciertas en materia de Salud Pública sin ningún fundamento o documento probatorio” (artículo 182). Los salubristas dicen que “esta propuesta deja de lado el impacto que una distorsión de este tipo tendría sobre la vigilancia en Salud Pública, sin considerar la amplia gama de consecuencias adversas en materia de derechos humanos”. Le recuerda a las autoridades nacionales que “los sistemas de vigilancia de salud pública, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud, reconocen la importancia de los “rumores” como elementos claves para la investigación, detección y desarrollo de acciones oportunas orientadas a limitar los daños y costos innecesarios”. Los diputados no tienen porqué saberlo todo pero tienen que estudiar y asesorarse para entender el mundo en que viven. Los trabajadores de la salud señalan que “la epidemiología moderna utiliza sistemáticamente el rumor para orientar los procesos de investigación de alerta sanitaria, mientras la propuesta de Código pretende, con la fuerza de una ley, impedir cualquier comentario sobre salud o la calidad de los servicios”. Por ignorancia o por el lucro, los gobernantes aparentemente no entienden que “la aplicación del artículo 182 tendría potencialmente enormes costos humanos, materiales y financieros, tanto de los daños amplificados por acciones tardías, como de los efectos directos e indirectos asociados y terminarían por minar aún más la capacidad y sostenibilidad financiera del sistema de salud”. La COMENENAL – red gremial de los trabajadores de la salud - denunció que el gobierno quiere privatizar los servicios de salud para que los actuales especuladores puedan hacer más ganancias a costilla de los panameños que aspiran a tener una mejor calidad de vida. El artículo 8 del proyecto pretende acabar con la salud pública. Señalan que el nuevo código convertiría a todos los servicios “destinados a la promoción, prevención, conservación, restitución, rehabilitación de la salud” en actividades con fines “lucrativos”. Cada panameño tendría que pagarle a un ladrón por el aire que respira. 25 de julio de 2013.

La muralla de Tijuana

La muralla que separa a los pueblos de México y EEUU es un indicio de la esquizofrenia que se ha apoderado de la expansión capitalista y la severa crisis de acumulación de riqueza que afecta al país del norte. Nunca antes en la historia humana se construyó una muralla tan larga y costosa para no detener el flujo de trabajadores. La muralla china se levantó hace tres milenios para frenar las invasiones militares de los “bárbaros”. La muralla de Berlín se construyó para controlar el ‘dumping’ económico. La muralla que los israelíes extienden por los territorios ocupados de Palestina es para destruir la resistencia del pueblo árabe. La doble muralla que EEUU construye desde el Pacífico al Caribe – 3 mil kilómetros- es para demostrarle a su vecino del sur su enorme poderío. Sin embargo, es penetrada diariamente por miles de trabajadores que son acogidos por empresarios hambrientos de mano de obra barata. Es un juego doble que todos aceptan a pesar de las muchas victimas que genera todos los días. Niños, mujeres y hombres, viejos y jóvenes, se arriesgan para hacer la travesía. El objetivo es conseguir un empleo que les permita retornar con ahorros a sus pueblos de origen. Es la naturaleza del sistema. La relación económica entre México y EEUU (igual Centroamérica) desintegra comunidades agrarias y familias campesinas a un paso desenfrenado. Los jóvenes de las áreas rurales tienen tres opciones: buscar empleo en las ciudades, buscar tierra en áreas más pobres o migrar al ‘norte’. Las ciudades, sin embargo, están saturadas de jóvenes explotados por una red perversa que controla el crimen organizado. Por otro lado, la ‘frontera agrícola’ se agotó. Queda la última opción: migrar al ‘norte’ donde aún hay una fuerte demanda para cosechadores, empacadores y trabajadores precarios, en general. El viaje tiene muchos obstáculos que se inician al emprender el camino, donde abundan los asaltantes y ‘coimeros’ tanto oficiales como particulares. Continúa con el cruce de la muralla que tiene un alto costo económico y el peligro de ser arrestado o cazado como animal. La parte más difícil es conseguir el anhelado empleo que, en sí, es un infierno como consecuencia de los abusos. La pregunta que se hacen los observadores es porque este juego no termina y se elimina la muralla, para que las “leyes de la demanda y la oferta” de mano de obra se apliquen en el caso de los trabajadores mexicanos y los empresarios norteamericanos. Muchos sospechan que la respuesta puede radicar en dos posibilidades que se combinan. En primer lugar, no existen las llamadas leyes que rigen la demanda y la oferta en los mercados controlados por los monopolios. Una segunda explicación puede ser que la política interna de EEUU necesita este conflicto permanente en la frontera con México para legitimar la violencia de Estado. Hasta aquí algo de historia y mucha teoría. Hace pocas semanas, visité la muralla mientras participaba en un conferencia en Tijuana, ciudad legendaria en el folklore norteamericano y conocida en América Latina gracias a la industria fílmica (y recientemente al éxito del equipo local de fútbol profesional). Me acerqué a la muralla con bastante prudencia, para percatarme que en realidad eran dos. La primera es de hierro de 2 metros y medio de altura (construida en 1994). La otra de alambrado de 3 metros de altura con censores de calor, cámaras y casetas. Además, con patrullas y helicópteros observando los movimientos de las personas. Su construcción se inició hace pocos años y todavía hay sectores en que se sigue avanzando. Salir de México y entrar en EEUU es tedioso y difícil para el mexicano común y corriente, aunque tenga sus papeles en orden. Todos van a trabajar a las fábricas cercanas, pueden ser empleados domésticos o trabajadores manuales en las haciendas del otro lado de la frontera. En cambio, para el norteamericano, cruzar la frontera es una especie de paseo a la ‘tierra prohibida’. Entran a México sin documentos, como turistas y hacen lo que no puede hacer en su propio país: los adolescentes se emborrachan, las mujeres buscan prostitutos y todos compran drogas. La experiencia en Tijuana me recordó la cerca que separaba a la ciudad de Panamá (y también a Colón) de la Zona del Canal. La ignominiosa barrera desapareció en octubre de 1979, después de los Tratados del Canal Torrijos-Carter. Fue construida también como producto de la soberbia de EEUU. A los norteamericanos les molestaba ver a los niños panameños recoger mangos de sus prados bien cortados. Tampoco les gustaba ver a los panameños caminado por sus comunidades. Lo que más les causaba molestia era ver las caras de los jóvenes estudiantes que protestaban contra su presencia indeseada. No entendían porqué los estudiantes llevaban carteles que decían en perfecto ingles: ‘Yankee go home’ La muralla de Tijuana también desaparecerá, al igual que cayó la de Berlín y se vendrá abajo la israelí. No serán los gobiernos de EEUU o México que darán la orden. Sólo podrá acabar con la muralla el pueblo mexicano. Será mucho más temprano que tarde si se suma a ese movimiento liberador el pueblo norteamericano. 18 de julio de 2013.

La constituyente originaria de Jované

En Panamá desde hace más de 20 años se encuentra sobre la mesa de los partidos políticos, grupos de interés (‘sociedad civil’) y empresarios el proyecto de una constituyente. Es decir, la propuesta de preparar una nueva constitución política que reemplace la redactada en 1972 por el gobierno militar (1968-1989). Por diferentes razones el proyecto de nueva constitución no ha despegado. La razón principal es que todos los sectores más arriba mencionados se encuentran cómodos con la actual carta magna heredada de los militares y temen un proceso de renovación. Este hecho no quiere decir que no se han producido cambios constitucionales desde 1990 a la fecha. Al contrario, cada mandatario ha introducido reformas parciales. Los cambios han respondido, especialmente, a los intereses de los empresarios por promover sus políticas neoliberales importados de EEUU. Una reforma radical fue la introducción de un capítulo entero sobre el Canal de Panamá que blindó ese importante recurso nacional contra cualquier intento de darle un uso de acuerdo con el desarrollo del país. En casi todos los países latinoamericanos las reformas constitucionales son comunes. En EEUU no son reformas, se llaman enmiendas. Hay tres tipos de cambios constitucionales. El primero es la reforma, que puede cambiar un artículo o gran parte del documento sin descartarlo completamente. El segundo, es la constituyente que se realiza bajo la vigilancia de quienes detentan el poder: La llamada ‘constituyente’ paralela. La tercera versión es la constituyente ‘originaria’ que redacta un documento que refleja los cambios en la correlación de fuerzas sociales. Se llama ‘originaria’ porque refleja un equilibrio nuevo entre los sectores políticos, algo que es original. En su programa de gobierno el candidato independiente a la Presidencia de la República, Juan Jované, propone una constituyente ‘originaria’. Creo que su planteamiento recoge el sentimiento de la gran mayoría de los panameños. Pero no es tanto por la constituyente misma. Es, más bien, por lo que significa el término ‘originario’. Cuando los redactores de una nueva Constitución se sientan en el futuro a trabajar, debe ser sobre el supuesto de que hay una correlación de fuerzas sociales en el país totalmente nuevo. En primer lugar tiene que haber una Asamblea de Diputados que represente al pueblo y sus intereses. La actual Asamblea controlada por los empresarios que financian las campañas y/o compran a sus miembros tiene que desaparecer. La Corte Suprema de Justicia tiene que seguir los lineamientos constitucionales de ser el árbitro entre Ejecutivo y Legislativo. El Ejecutivo tiene que estar al servicio del país y no poner el país al servicio de sus negocios. El programa del Movimiento Independiente de Refundación Nacional (MIREN), que encabeza el profesor Jované, plantea que “las estrategias de desarrollo sólo resultan realistas si son capaces de movilizar la suficiente fuerza social y política para que las mismas resulten viables. Esta condición puede surgir de las propias contradicciones, insuficiencias y resultados del modelo neoliberal vigente, el cual afecta a las grandes mayorías del la población”. Es decir, la constituyente originaria no puede surgir de un pacto entre partidos o empresarios. Tiene que ser el resultado de una movilización generalizada del pueblo panameño. “El esquema neoliberal vigente no deja de perjudicar a los sectores medios y profesionales, que al igual que el conjunto de la población son impactados por la inflación, el deterioro de los servicios públicos, la creciente carga impositiva y su creciente endeudamiento”. Igualmente, todos los que son afectados por la “política de desposesión”, los que “sobreviven en condiciones urbanas precarias”, los que viven en medio de “la inseguridad ciudadana y la corrupción”. Todos tienen que movilizarse y participar activamente en la convocatoria a una constituyente. En estas condiciones de cambio “existe la posibilidad de avanzar en el camino de la transformación propuesta. Esta pasa por la tarea de concienciar, organizar, articular y movilizar al conjunto de la población que hoy sufre los rigores del neoliberalismo, a fin de que se convierta en sujeto de la transformación que hoy necesita el país”. El equipo de Jované no propone una junta de notables que le ponga parches a la actual Constitución Política. En un acto soberano tiene que ser el pueblo que decida que quiere hacer con el país y como debe organizarse para brindar seguridad y prosperidad a todos los panameños. Que garantice las mejores oportunidades de educación a nuestra juventud. Que ponga fin a la destrucción actual del sistema educativo, de los servicios de salud e, incluso, del transporte colectivo. El programa de Jovane señala que las “transformaciones que hemos esbozado aquí requieren de la convocatoria de una Asamblea Nacional constituyente, libre soberana y originaria, que refunde la republica sobre bases nuevas y verdaderamente democráticas”. Agrega que “aunque la Constitución vigente consagra muchos derechos sociales, económicos y democráticos, los cuales defendemos, ella también está minada por clausulas antidemocráticas, algunas heredadas del régimen militar y otras impuestas por la democracia restringida y excluyente surgida de la invasión militar de 1989”. El MIREN concluye que “por esa razón, quienes compartimos esta agenda de transformaciones, asumimos el compromiso de luchar por la convocatoria de la Asamblea Constituyente originaria, como punto de partida de una nueva república”. 11 de julio de 2013.

El gran canal de Nicaragua

Panamá ha estado rodeado siempre de grandes proyectos. A principios del siglo XIX fuimos atraídos por el proyecto de la Gran Colombia del libertador Simón Bolívar. A fines del mismo siglo - en medio de los proyectos para partir el Istmo - surgió en Centro América la iniciativa de construir el Gran Canal de Nicaragua. Por razones diversas, aunque dentro de la lógica de la expansión del capitalismo industrial, ambos proyectos colapsaron. Panamá siguió su camino, con todas las contradicciones propias de un país subordinado a la acumulación capitalista: Se separó de la pequeña Colombia y pactó con EEUU para construir el Canal interoceánico a principios del siglo XX. Este último siglo para los panameños fue uno de luchas y sacrificios para finalmente recuperar su soberanía, también su posición geográfica, expulsar las bases militares norteamericanas y amaneció administrando el Canal el primer día del siglo XXI.

La patria de Sandino nunca dejó de soñar con su proyecto del Gran Canal de Nicaragua. Ha pasado más de un siglo y, en la actualidad, el presidente Daniel Ortega logró que se aprobara en el Congreso de su país una propuesta para construir una vía acuática. Según se informa, la construcción de la mega-obra tendría un costo de 40 mil millones de dólares y podría realizarse en un plazo de seis años.

El ambicioso proyecto tiene sus ribetes geo-políticos de envergadura que podrían transformar las estructuras sociales de la región centroamericana y ser una señal que apunte hacia los cambios que se avecina en el futuro de las relaciones hegemónicas a escala global. Los panameños debemos ser los primeros en darle la bienvenida al proyecto nica que impulsaría el tráfico marítimo mundial.

El proyecto del Canal nica descansa sobre una proyección especulativa: El crecimiento del comercio mundial en el siglo XXI. Iguales especulaciones hicieron los capitalistas hace más de cien años – con enormes ganancias - sobre el crecimiento del comercio marítimo para construir los canales de Panamá y Suez. En el caso del Gran Canal de Nicaragua, lo interesante es que no es el capital de EEUU o francés, inglés, ni alemán que pretende hacer la inversión. Se trata de una empresa china, establecida recién en 2012 en Hong Kong y que ya cuenta con un registro en la Isla del Gran Caimán (en el Caribe). La persona que aparece al frente de la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co. Ltd. (Grupo HKND) es Wang Jing, un joven mandarín con oficinas en Pekín y aparentemente de una familia ligada a los estamentos militares de China.

En la actualidad, otra empresa de Hong Kong con registro en Londres (Gran Bretaña), la Hutchison Whampoa Ltd., es propietaria de Panamá Ports, que maneja los dos puertos más grandes de América latina en las entradas del Canal de Panamá: Cristóbal y Balboa. Cada uno de los puertos de Balboa y Colón, que manejaron en conjunto en 2012 cerca de 7.7 millones contenedores (TEU), superó a la competencia en la región incluyendo a Santos y Buenos Aires.

Según un vocero del grupo HKND, el boliviano Ronald MacLean-Abaroa, “el proyecto se puede desarrollar en estos momentos gracias al descubrimiento de gas y petróleo en EEUU”. El vocero de la HKND asegura que en el futuro se necesitará una vía acuática en Centro América que complemente al Canal de Panamá para facilitar el paso de estos minerales a China. Es decir, China se convertirá en el principal comprador de las exportaciones petroleras de EEUU. En la actualidad, China adquiere casi la mitad de la producción del petróleo que exporta el Medio Oriente. Además, es el principal comprador de maíz, soya y trigo que produce EEUU (y Sur América).  Esta producción es embarcada en el río Misisipi y sale al Pacífico transitando por el Canal de Panamá.

Según Wang su empresa no depende del gobierno chino. Lo mismo pueden decir Microsoft, General Motors o Boeing y otras mega-empresas sobre su relación con el gobierno protector de EEUU. Construir el Gran Canal de Nicaragua necesitará mucho más que la sagacidad financiera de un ‘barón’ de las empresas. (¡Qué lo digan JP Morgan y Mark Hanna especuladores que competían por el apoyo de Washington hace más de cien años cuando se debatía sobre la construcción del canal por Centro América!). El apoyo de Pekín para este proyecto es crucial. Más aún, en esta fase, el beneplácito de Washington también es una pieza fundamental.

Según Oscar-René Vargas, “oficialmente, China no es socio participante directo en la posible construcción de un canal interoceánico por Nicaragua, pero obtendría enormes beneficios. (Muchos) opinan (que detrás de) la concesión para construir el canal hay una estrategia geopolítica china”. Vargas quien es un simpatizante del FLSN desde hace 5 décadas, concluye que para China “disponer del dominio sobre una vía interoceánica en el ‘patio trasero’ de su mayor competidor comercial, convierte los 40 mil millones de dólares en una bicoca”.

La incógnita verdadera está en cómo el pueblo nicaragüense se organizará para convertir una inversión de esta magnitud en un trampolín para alcanzar sus objetivos de construir una sociedad con justicia social.

4 de julio de 2013.