Las organizaciones populares de la región latinoamericana no ignoran los posibles estragos que puede causar el flujo de inversiones extranjeras que se realizan sin regulación alguna. Un total de 120 entidades no gubernamentales de América latina, EEUU y Europa suscribieron un documento donde le piden a sus gobiernos que desarrollen políticas más consecuentes con las inversiones extranjeras que invaden a sus respectivos países.
En la actualidad, la pérdida de confianza en los mercados europeos y norteamericanos está creando un flujo masivo de capital hacia América latina y otras regiones. Para atraer estas inversiones, muchos países descuidan sus economías permitiendo la entrada de capitales de dudosa procedencia. La proclama de las organizaciones populares se realizó en el marco de la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales. El encuentro que se realizó en Guayaquil, Ecuador, el 22 de abril pasado, mostró preocupación por los abusos de las empresas trasnacionales en contra de los países de la región.
En forma puntual, las organizaciones sociales consideran “que los acuerdos
internacionales de inversiones – como los tratados bilaterales de inversión y los capítulos de inversiones en los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los acuerdos de ‘asociación’ – son parte de la arquitectura de impunidad de las empresas transnacionales. Como tal amenazan los derechos de los pueblos y de la naturaleza, la soberanía así como a la democracia y el interés público”.
En un artículo anterior señalamos que en 2012, América latina recibió 173 mil millones de dólares provenientes de fuentes extranjeras. Los tratados y pactos de libre comercio sirven como paraguas para estas empresas inversionistas que logran extraerles a los gobiernos huéspedes ventajas y favores especiales. Según la proclama, “estos acuerdos consolidan aún más la asimetría de la ley donde los derechos y el poder de las corporaciones están protegidos por una ‘ley dura’ y priman sobre los derechos de los pueblos y comunidades. Creemos que los Estados nacionales deben tener no sólo la obligación sino también la plena libertad de establecer y aplicar legislaciones y políticas públicas a favor de los pueblos y el medio ambiente y en cumplimiento de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sin la amenaza de coacciones y demandas del capital transnacional”.
En la región todavía hay muchos países que moldean sus legislaciones para acomodar a las empresas trasnacionales. No existe un espíritu empresarial por parte de los inversionistas extranjeros. Más bien se impone un criterio de despojo y de ‘ganar o ganar’. Muchas empresas incluyen cláusulas en sus contratos de inversión que obligan a los gobiernos a pagarles si sufren pérdidas. Más aún, muchos gobiernos se han visto forzados a pagarles a los inversionistas extranjeros las ganancias a futuro de las empresas que abandonan el país. “Por eso, dicen las organizaciones populares, desde hace muchos años impulsamos y formamos parte de campañas a nivel nacional, regional e internacional… contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones, el ALCA, la OMC y su ampliación: (Igualmente contra) los TBI y los TLC entre la Unión Europea, EEUU y Canadá y los países llamados en vías de desarrollo… También rechazamos el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPPA, por sus siglas en inglés) y la Alianza Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por su sigla en inglés)”. El mundo de siglas que representan las distintas formas de despojo debe ser combatido. La organización promueve “una nueva arquitectura financiera y comercial y desarrolla la campaña global contra el poder corporativo, entre otras”.
Las organizaciones recomiendan tomar tres medidas concretas contra las inversiones extranjeras que pretenden despojar a la región de sus riquezas. En primer lugar, “impedir inversiones dañinas de empresas y asegurar que sea respetada su soberanía, su
autodeterminación y los derechos de los pueblos”. En segundo lugar, “rechazar las demandas de inversionistas en tribunales internacionales y los fallos arbitrales multimillonarios que sólo velan por los intereses del capital transnacional”.
En tercer lugar, “respaldamos la creación de un Observatorio Internacional sobre litigios en materia de inversiones, la constitución de la Conferencia permanente de Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales y la búsqueda de acuerdos
globales entre los países del Sur que refuercen la defensa de nuestros pueblos y países frente a la acción de las empresas transnacionales”.
En forma puntual, las organizaciones sociales consideran “que los acuerdos
internacionales de inversiones – como los tratados bilaterales de inversión y los capítulos de inversiones en los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los acuerdos de ‘asociación’ – son parte de la arquitectura de impunidad de las empresas transnacionales. Como tal amenazan los derechos de los pueblos y de la naturaleza, la soberanía así como a la democracia y el interés público”.
En un artículo anterior señalamos que en 2012, América latina recibió 173 mil millones de dólares provenientes de fuentes extranjeras. Los tratados y pactos de libre comercio sirven como paraguas para estas empresas inversionistas que logran extraerles a los gobiernos huéspedes ventajas y favores especiales. Según la proclama, “estos acuerdos consolidan aún más la asimetría de la ley donde los derechos y el poder de las corporaciones están protegidos por una ‘ley dura’ y priman sobre los derechos de los pueblos y comunidades. Creemos que los Estados nacionales deben tener no sólo la obligación sino también la plena libertad de establecer y aplicar legislaciones y políticas públicas a favor de los pueblos y el medio ambiente y en cumplimiento de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sin la amenaza de coacciones y demandas del capital transnacional”.
En la región todavía hay muchos países que moldean sus legislaciones para acomodar a las empresas trasnacionales. No existe un espíritu empresarial por parte de los inversionistas extranjeros. Más bien se impone un criterio de despojo y de ‘ganar o ganar’. Muchas empresas incluyen cláusulas en sus contratos de inversión que obligan a los gobiernos a pagarles si sufren pérdidas. Más aún, muchos gobiernos se han visto forzados a pagarles a los inversionistas extranjeros las ganancias a futuro de las empresas que abandonan el país. “Por eso, dicen las organizaciones populares, desde hace muchos años impulsamos y formamos parte de campañas a nivel nacional, regional e internacional… contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones, el ALCA, la OMC y su ampliación: (Igualmente contra) los TBI y los TLC entre la Unión Europea, EEUU y Canadá y los países llamados en vías de desarrollo… También rechazamos el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPPA, por sus siglas en inglés) y la Alianza Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por su sigla en inglés)”. El mundo de siglas que representan las distintas formas de despojo debe ser combatido. La organización promueve “una nueva arquitectura financiera y comercial y desarrolla la campaña global contra el poder corporativo, entre otras”.
Las organizaciones recomiendan tomar tres medidas concretas contra las inversiones extranjeras que pretenden despojar a la región de sus riquezas. En primer lugar, “impedir inversiones dañinas de empresas y asegurar que sea respetada su soberanía, su
autodeterminación y los derechos de los pueblos”. En segundo lugar, “rechazar las demandas de inversionistas en tribunales internacionales y los fallos arbitrales multimillonarios que sólo velan por los intereses del capital transnacional”.
En tercer lugar, “respaldamos la creación de un Observatorio Internacional sobre litigios en materia de inversiones, la constitución de la Conferencia permanente de Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales y la búsqueda de acuerdos
globales entre los países del Sur que refuercen la defensa de nuestros pueblos y países frente a la acción de las empresas transnacionales”.
Hay que destacar que la Declaración hace referencia a la necesidad de crear mecanismos permanentes de interlocución con las organizaciones sociales. Estos mecanismos pueden ser un paso propicio hacia la creación de un proceso de participación directa de los pueblos y movimientos. La declaración señala que las organizaciones populares pueden contribuir con “el conocimiento y la capacidad acumulado durante décadas de trabajo. Quedamos pendientes de la convocatoria a un diálogo inicial sobre cómo avanzar en la concreción de estos mecanismos”.
Para cumplir con esta responsabilidad, las organizaciones que firman la declaración solicitan “la información relacionada con las propuestas que se están avanzando. Entre otros, el mecanismo regional de solución de disputas inversor – Estado, actualmente en negociación, en la UNASUR, para así poder tener una participación sustantiva al respecto.
Para cumplir con esta responsabilidad, las organizaciones que firman la declaración solicitan “la información relacionada con las propuestas que se están avanzando. Entre otros, el mecanismo regional de solución de disputas inversor – Estado, actualmente en negociación, en la UNASUR, para así poder tener una participación sustantiva al respecto.
Una política renovada y orientada hacia el desarrollo integral debe garantizar que cada centavo invertido en el país redunde en beneficio de sus respectivos pueblos.
6 de junio de 2013.
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